Washington, 23 abr (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la creciente expansión del crimen organizado, unido a las políticas de "mano dura" para combatirlo y el deterioro de las instituciones, se ha convertido en "uno de los principales desafíos" para la democracia y los derechos humanos en las Américas.
En su informe anual correspondiente al 2025, publicado este jueves, la organización identifica "un contexto de expansión del crimen organizado y de hechos graves de violencia" en el área, asociado a economías ilegales como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y extorsión.
La amenaza estructural de estos grupos criminales y sus efectos en la deslegitimización de las instituciones y la seguridad ciudadana causan alarma en la CIDH, explicó a EFE su presidente, Edgar Stuardo Ralón Orellana.
"Nos preocupa mucho porque este fenómeno no solo se está expandiendo en los territorios, sino distorsionando muchas veces el funcionamiento propio de la institucionalidad democrática. Es uno de los principales desafíos que hay, en menor o mayor medida, en toda la región", insistió el abogado constitucionalista guatemalteco.
El informe de la CIDH indica que la respuesta dominante en la región han sido los discursos y políticas de "mano dura", traducidos en "operaciones policiales de alta letalidad, el endurecimiento de penas", junto a la "militarización y el uso extensivo de estados de excepción".
Para la entidad, estos enfoques "no son eficaces ni sostenibles" porque no "garantizan control territorial duradero ni desarticulan" las estructuras que sostienen al crimen organizado y en cambio "reproducen ciclos de violencia, impunidad y debilitamiento institucional".
En 2025, la Comisión también encontró que "la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo" en la región, donde se registraron asesinatos, ataques y amenazas a activistas que hacen su trabajo en un "entorno hostil".
El informe identifica además una tendencia regional al endurecimiento de políticas migratorias y de control fronterizo, que en la práctica restringen el acceso al asilo, el debido proceso y el principio de no devolución.
En el caso específico de Estados Unidos, la CIDH "observa con preocupación" las duras medidas migratorias de la Administración del presidente Donald Trump, que han tenido "un impacto significativo en los derechos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y solicitantes de asilo".
"Hay una crisis de movilidad humana en la región (...) Lo que hemos manifestado públicamente y cuando hay oportunidad con Estados Unidos, es que nosotros esperamos que lo que se dé sea el respeto a los debidos procesos y un trato digno de cualquier persona que esté enfrentando ese fenómeno de la movilidad", indicó Ralón Orellana.
La CIDH señaló además su preocupación "por los operativos letales" contra supuestas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que han causado la muerte al menos 80 personas "en violación al derecho internacional".
El informe anual de la CIDH para 2025 dibuja una región con erosión democrática, restricciones al espacio cívico, violencia criminal y de género, políticas migratorias duras y un deterioro preocupante de la libertad de prensa y expresión, con avances puntuales en legislación, políticas públicas y cumplimiento de recomendaciones en algunos países, que sin embargo no revierten aún las tendencias de fondo.
En la 'lista negra' se mantienen Venezuela, Cuba y Nicaragua, con "patrones donde prácticamente la actitud del Estado es reprimir de manera sustancial el que pueda haber un espacio cívico, el que pueda haber una participación política en que se puedan ejercer las libertades inherentes a la persona", precisó el presidente de la CIDH.
"Mayoritariamente América Latina es democrática, porque realmente donde hay gobiernos dictatoriales es en Cuba, Nicaragua y Venezuela. En todos los demás países hay una alternancia, no hay partido único, hay posibilidad de ir a votar y de cambiar y alternar gobiernos", insistió.
Ralón Orellana reiteró, sin embargo, que hay que "prestar mucha atención" al "problema en incremento" de la "contaminación" de las instituciones por los grupos criminales, porque "eso puede anular en un momento dado los procesos democráticos que funcionan aún en la región". EFE
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