Kast se asegura apoyos parlamentarios clave para empezar a tramitar su 'megarreforma'

Santiago de Chile, 22 abr (EFE).- La 'megarreforma' impulsada por el presidente de Chile, José Antonio Kast, con la que busca elevar el crecimiento mediante rebajas de impuestos y que fue ingresada este miércoles al Congreso, consiguió el respaldo clave del populista Partido de la Gente (PDG) para empezar a ser discutida.

El ingreso del considerado proyecto estrella de esta Administrativa, con más de 40 medidas mayoritariamente tributarias, fue postergado hasta que el Gobierno encontró apoyos entre la oposición, ya que la coalición oficialista de ultraderecha y derecha tradicional no tiene mayoría en el Congreso y necesita dos votos más a los 76 que tiene.

Fundado por el excandidato presidencial Franco Parisi -quien quedó tercero en la primera vuelta del pasado noviembre con casi el 20 % de los votos-, los 13 diputados del PDG tienen un rol "bisagra" y sus votos son necesarios para que la Cámara de Diputados empiece a debatir el proyecto.

A cambio del apoyo, el PDG exigió al Gobierno la inclusión de una serie de medidas destinadas a la clase media en el llamado 'Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social', que contemplan subsidios para la compra de medicamentos, pañales y pymes.

"Hoy es un día importante para la clase media. El Partido de la Gente, tras dialogar con el Gobierno, votará a favor", confirmó en rueda de prensa Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada de diputados del PDG.

En una entrevista con la radio Cooperativa, Parisi explicó que el proyecto inicial del Gobierno estaba "débil" en materia de medidas destinadas a la clase media y celebró el acuerdo porque, dijo, "robustece" a su partido.

El corazón de la 'megarreforma' es la rebaja gradual del impuesto a las empresas del 27 % al 23 % y un crédito tributario de 1.400 millones para fomentar el empleo formal.

También contempla beneficios fiscales para la repatriación de capitales desde el extranjero, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas y medidas para agilizar los permisos medioambientales, entre otros.

La oposición de centro y de izquierdas, ya ha anunciado que votará en contra y acusa a Kast, el mandatario más neoliberal desde el retorno a la democracia, de impulsar "una reforma tributaria encubierta", que beneficia a los más ricos y reduciría de manera considerable la recaudación tributaria.

"Lo que está proponiendo hoy el gobierno es lo que clásicamente se ha denominado como la 'teoría del chorreo': darle cancha abierta a los más ricos para que poco a poco el resto de la ciudadanía se vaya beneficiando de esta capacidad de generar riqueza de unos pocos. Lamentablemente, ese modelo no le funcionó ni al presidente Milei ni al presidente Trump", dijo el senador Diego Ibañez, del izquierdista Frente Amplio, partido del expresidente Gabriel Boric.

El jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, indicó, por su parte, que la oposición está estudiando la posibilidad recurrir al Tribunal Constitucional algunas de las medidas del proyecto, ya que consideran que podrían vulnerar principios constitucionales.

Entre ellas, destacó el denominado "estatuto de invariabilidad tributaria", que impediría modificar el sistema tributario durante 25 años a las grandes inversiones. Uno de los principales objetivos del gobierno es reactivar la economía y elevar el crecimiento de Chile al final del mandato del 2,5 % actual hasta el 4 %, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

"Hemos llegado a este punto porque muchos pensaban que el Estado por sí mismo podía generar riqueza, pero sin la complementación del mundo privado eso prácticamente imposible", dijo Kast en la mañana, durante la ceremonia para enviar al proyecto al Congreso, una iniciativa que "marcará un antes y un después".

El Gobierno usó su facultad constitucional e ingresó el proyecto con "suma urgencia", un mecanismo para acelerar la tramitación de un proyecto de ley, obligando a que al Parlamento lo estudie en un plazo máximo de 15 días. EFE