Abogado especialista en litigios de minería ilegal denuncia sus "pasivos medioambientales"

Pedro Pablo G. May

Redacción Medioambiente, 19 abr (EFE).- "Apenas hay datos oficiales, apenas se habla de ello" pero la minería ilegal "deja pasivos medioambientales y un reguero de enfermedades" con la complicidad de algunas empresas y administraciones, denunció en declaraciones a EFE el abogado español Antonio Sánchez Gómez, que ha defendido a varias comunidades indígenas en estos casos.

Este experto en legislación de varios países suramericanos, de Extremadura (suroreste de España), ha atendido diferentes litigios para la protección del entorno natural de poblaciones locales frente a la labor extractiva de multinacionales pero también de empresas estatales, que no siempre cumplen con la normativa vigente, y este mes de abril publica 'Remover la tierra' (Editorial Sigilo) que relata su más reciente experiencia en Bolivia.

Escrita con un formato periodístico, cuenta su trabajo con el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) para "poner una demanda contra la contaminación minera en el ayllu (subdivisión territorial típicamente andina) San Agustín de Puñaca, que lleva muchos años sufriendo los vertidos mineros" incontrolados.

Esta comunidad, integrada por más de 400 familias estaba instalada al lado del lago Poopó, que era el segundo más grande de Bolivia después del Titicaca "y hoy está prácticamente extinguido por efectos del calentamiento global y los vertidos mineros sin control".

La población vivía de la pesca, la agricultura y la ganadería pero en la actualidad "prácticamente toda la comunidad ha emigrado y sólo quedan allí las personas mayores, enfermas en su mayoría, ,por la acumulación de metales pesados en sus organismos".

Los efectos sobre la salud, humana o ambiental, no son el único problema, como demuestran los informes de la ong británica Global Witness que ha documentado el asesinato o desaparición en distintos lugares del mundo de 2.253 personas entre 2012 y 2024 por proteger su territorio, su comunidad o su entorno natural.

Iberoamérica sigue siendo, según sus denuncias, la región más peligrosa en este sentido, "con altos índices de impunidad y violencia armada": solo en 2024, al menos 146 personas se sumaron a la trágica lista y, de ellas, el 82 % en países de la región como Colombia, Guatemala, México o Brasil, según su último informe anual.

Delincuencia organizada, servicios militares privados y sicarios son los tres grupos de principales responsables de esta actividad criminal contra personas que, en palabras de la defensora ambiental colombiana Jani Silva, "la inmensa mayoría no desempeñan su labor por decisión propia" sino que "nos dedicamos al activismo porque nuestro hogar, territorio, comunidad y hasta nuestra vida se ven amenazados".

Aunque Bolivia no es uno de los países más castigados, también sufre hostigamiento a comunidades locales que se oponen a proyectos extractivos y en febrero del año pasado vivió un caso de especial impacto: el asesinato del líder indígena Francisco Marupa, que se oponía a la minería ilegal de oro, la explotación de madera y el tráfico de tierras en el Parque Nacional Madidi.

Sánchez cuenta también, en la misma editorial, con la novela 'Derrotero' que resume su experiencia en Ecuador como abogado para la Unión de Afectados por Texaco "que lleva muchos años luchando en la Amazonía contra la contaminación petrolera de esta compañía norteamericana".

Su actividad, denuncia, "contamina el aire y el agua, de donde pasa a cultivos, ganado y, finalmente, la gente, a la que mata porque el benceno y el metano son dos potentes cancerígenos y acaban en su dieta habitual".

Respecto a la minería, los problemas se reproducen no solo con la ilegal o con las multinacionales norteamericanas, canadienses o australianas, sino también con la legal porque "la principal empresa en la zona que trabajamos en Bolivia es la minera Huanuni, que impulsa la explotación de estaño más grande" en Hispanoamérica y, "siendo estatal, ella misma no cumple con los preceptos legales del gobierno boliviano".

 Finalmente, la demanda "se ganó y el Tribunal Constitucional de este país reconoció la violación de derechos al agua y la soberanía alimentaria" pero lo frustrante es que "no se ha terminado de ejecutar las medidas de remediación que dictó el Tribunal" porque el 'lobby' corporativo "ya no puede presionar tanto a los jueces y presionan al gobierno de turno para que no ejecute las sentencias".

"En muchos casos lamentablemente lo están consiguiendo", sentenció, pese a dictámenes internacionales como el que más tarde logró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sánchez advirtió contra la posibilidad de que algo similar se reproduzca en España "con toda esta ola de intentos de prescripciones mineras" impulsadas desde la UE, que buscan "convencer a los pueblos con promesas de bonanza económica y de trabajo".

Sin embargo, "lo tenemos más que visto: la riqueza se la llevan muy poquitos y en el territorio en el que actúan las mineras al final solo quedan pasivos ambientales" porque "contaminan todo el territorio y dejan enfermedades y destrucción de los medios tradicionales de vida e incluso otras actividades nuevas como el turismo rural".