Taipéi, 2 abr (EFE).- El Gobierno taiwanés está desarrollando un sistema para "proteger" sus islas periféricas de China, en respuesta a la creciente actividad marítima de Pekín en torno a los archipiélagos de Kinmen, Matsu y de la isla Pratas, afirmó este jueves una alta funcionaria del Ejecutivo isleño.
"Estamos desarrollando un sistema para proteger a estas islas (...). Dongsha (Pratas, en mandarín) es un lugar muy importante para el programa que estamos desarrollando ahora", afirmó Kuan Bi-ling, titular del Consejo de Asuntos Oceánicos (OAC) de Taiwán, sin brindar detalles adicionales al respecto.
Durante una charla con el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán, Kuan manifestó que China está incrementando "gradualmente" las áreas marítimas en las que lleva a cabo sus operaciones en 'zona gris', acciones que, sin llegar a cruzar el umbral del conflicto abierto, buscan presionar al Gobierno taiwanés.
La funcionaria se refería, concretamente, al aumento de la presencia de Pekín en los alrededores de la isla Pratas, un territorio bajo control de Taipéi situado a unos 310 kilómetros al sureste de Hong Kong y que, según cifras del OAC, sufrió un total de 33 incursiones de la Guardia Costera china en 2025.
"(China) no ha hecho ningún anuncio sobre por qué se concentran en Pratas ahora", aseveró Kuan, y avanzó que el Gobierno taiwanés desplegará barcos con mayores capacidades para preservar la seguridad en la isla.
A principios de este año, el Ejército chino llevó a cabo un "entrenamiento de combate" con drones en el espacio aéreo situado sobre Pratas, en una acción calificada por el Gobierno taiwanés como "altamente provocadora" e "irresponsable".
Esta isla es uno de los territorios controlados por Taiwán en el mar de China Meridional, unas aguas cuya soberanía Pekín reclama en su casi totalidad y por las que pasa alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial.
Las autoridades de Pekín también consideran al conjunto de Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo isleño, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE
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