Túnez, 1 abr (EFE).- La Unión Internacional de Magistrados (UIM) instó este miércoles a las autoridades tunecinas a suspender "inmediatamente" el proceso penal contra el juez y presidente de la Asociación de Jueces de Túnez, Anas Hmedi, acusado de "impedir la libertad de trabajo" por convocar una huelga nacional.
La organización señaló, a través de un comunicado difundido a menos de 24 horas de la audiencia de Hmedi, que la acción penal resulta "altamente cuestionable", al basarse en una denuncia "que no deriva de hechos presenciados", lo que, según la UIM, suscita dudas sobre una "posible instrumentalización de la justicia penal".
"La información puesta en conocimiento de la UIM revela no solo simples irregularidades aisladas, sino un conjunto de graves vulneraciones procesales que socavan los fundamentos del Estado de Derecho y las garantías de un juicio justo", denunció la ONG.
La UIM cuestionó además la remisión del caso a órganos judiciales alejados del lugar de residencia de Hmedi, que supone, según la organización, "una manipulación del foro" y una "afectación de las garantías de imparcialidad".
El representante judicial fue interrogado en 2023 por haber convocado el año previo una huelga para protestar por la decisión del presidente tunecino, Kais Said, de cesar por decreto a 57 de sus compañeros, que fueron acusados de diferentes delitos de corrupción y encubrimiento de casos de terrorismo.
Asimismo, exigió a las autoridades respetar las garantías de un juicio justo, abstenerse de "cualquier forma de represalia" contra jueces por sus actividades asociativas "legítimas" y proteger la independencia e imparcialidad del poder judicial.
La Directora Regional Adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Sara Hashash, instó a su vez a las autoridades a retirar "de inmediato" los cargos dictados contra Hmedi y consideró que el proceso judicial ilustra "las represalias" que "sufren los jueces que se atreven a expresar críticas".
Diversas organizaciones internacionales han denunciado una instrumentalización de la justicia, represión contra la disidencia y retrocesos en la libertad de expresión desde que Said se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución antes de su reelección en las presidenciales de 2024. EFE
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