El PP anuncia querella contra Tezanos por usar el CIS para "inflar" y "beneficiar" al PSOE: "Se llama corrupción"

Durante una comparecencia en la sede del Partido Popular, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, afirmó que las encuestas elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, suelen mostrar diferencias de hasta 14 puntos entre la estimación de voto del PSOE y el PP, algo que, según sus palabras, no puede justificarse por simples errores estadísticos. En este contexto, el Partido Popular anunció la presentación de una querella por presunto delito electoral contra Tezanos, acusándolo de manipular las encuestas para favorecer al PSOE y a Pedro Sánchez. Según detalló el medio, Gamarra sostiene que este tipo de actuaciones se ajustan a la definición de corrupción e insiste en la necesidad de depurar tanto responsabilidades políticas como penales.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la querella será interpuesta en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, que tienen competencia en la materia. Gamarra precisó que las sanciones para los delitos que se imputan a Tezanos oscilan entre tres meses y un año de prisión, junto con una posible multa y la inhabilitación para desempeñar funciones relacionadas con estudios de opinión en el sector público. Según la declaración de la política, el CIS “se utiliza de manera partidista” para “alterar la voluntad de los ciudadanos”, movilizar al electorado socialista e influir en el resultado de las votaciones.

El medio reportó que, a juicio del PP, la actuación del CIS no constituye una cuestión de simple desinformación, sino una estrategia consciente dirigida a beneficiar a uno de los partidos políticos españoles. Gamarra afirmó que los fallos reiterados en las encuestas “no son aleatorios”, ya que “siempre benefician al mismo partido, al PSOE, al partido de Pedro Sánchez”. Sobre este punto, remarcó que tales prácticas violan los principios de neutralidad e imparcialidad que rigen a los organismos públicos de análisis demoscópico. En su intervención, la portavoz popular subrayó que “cuando hablamos del CIS no hablamos de demoscopia, hablamos de manipulación”, y defendió la necesidad de recurrir a la Justicia ante hechos de tales características.

El Partido Popular considera que las diferencias sistemáticamente detectadas en los sondeos oficiales constituyen, en palabras de Gamarra, una “utilización partidista” y “un instrumento de propaganda al servicio de la movilización del electorado socialista”. Alegó además que el comportamiento del presidente del CIS responde a una intencionalidad política explícita, ya que, según denunció, los sondeos están “pagados con fondos públicos” para “fallar de forma deliberada” y “manipular y dirigir la opinión pública”.

Según consignó el medio, la portavoz popular insistió en que dichas prácticas configuran no solo una falta administrativa sino la posible comisión de un delito electoral, ya que vulneran los artículos 69 y 145 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Además, calificó de “estadísticamente imposible” que la recurrente diferencia en la estimación de voto sea fruto del azar o de fallos metodológicos aislados, por lo que descarta la posibilidad de que se trate de simples errores técnicos. Gamarra aseguró que “no se puede normalizar como una mentira institucional” lo que, desde su punto de vista, constituye una estrategia sistemática y “con una clara intencionalidad política”.

En las declaraciones recogidas, la dirigente del PP atribuyó a Tezanos “sectarismo puro” por su posición pública respecto a los partidos de la derecha. En su opinión, el comportamiento del sociólogo ilustra lo que calificó como uno de los síntomas de la corrupción política dentro del llamado “sanchismo”, aunque responsabilizó directamente a Pedro Sánchez como el principal problema en caso de corrupción dentro del país.

El medio informó que Cuca Gamarra concluyó que el PP ha considerado imprescindible recurrir a la vía judicial ante la “manipulación deliberada” que atribuye a los responsables del CIS. Para la formación política, la adopción de medidas legales representa una respuesta necesaria ante lo que considera una “instrumentalización de organismos públicos al servicio de intereses electorales concretos”.