El BNG espera que el Gobierno transfiera a Galicia el Pazo de Meirás: "Es del pueblo gallego"

Néstor Rego, diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), señaló que la sentencia del Tribunal Supremo produjo efectos contrapuestos para Galicia: por un lado, confirmó el carácter público del Pazo de Meirás, y por otro, ratificó la obligación de indemnizar a los herederos de Francisco Franco. A raíz de este fallo, el representante nacionalista exigió que el Ejecutivo estatal transfiera cuanto antes el histórico inmueble a la Xunta de Galicia, con el objetivo de ponerlo al servicio de la ciudadanía gallega y transformarlo en un espacio comprometido con la recuperación de la memoria democrática del país.

Según informó el medio que cubrió la rueda de prensa ofrecida por Rego este viernes en Santiago, el diputado insistió en que la resolución judicial deja un "elemento positivo": la confirmación de que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y que "fue robado por Franco". Esta circunstancia, remarcó Rego, da la razón "a los que durante mucho tiempo pelearon para que este patrimonio fuese devuelto a la sociedad gallega". Rego valoró como un logro para la reivindicación histórica que el tribunal reconociera el expolio y señaló que la sentencia supone un respaldo judicial a las reclamaciones impulsadas desde hace años por distintos colectivos y fuerzas políticas en Galicia.

No obstante, el representante del BNG lamentó el aspecto negativo de la sentencia, que contempla la obligación de indemnizar a la familia Franco. Rego sostuvo que existen responsabilidades políticas directas en esta compensación. Según recogió el medio en su cobertura, el diputado atribuyó esta situación al Partido Popular, responsabilizando especialmente al ex presidente de la Xunta y actual líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Rego indicó que en su momento Feijóo encargó un informe que sentó las bases para la resolución actual y remarcó que dicho informe fue utilizado para fundamentar el fallo judicial. Bajo esta perspectiva, consideró "muy directa" esta responsabilidad política del PP, al que acusó de no haber actuado para que los descendientes de Franco devolviesen lo "robado".

A preguntas de los periodistas, Rego señaló también que, si el Partido Popular en Galicia "no tiene interés" en la transferencia efectiva del bien a la Xunta, habrá próximamente "un Gobierno gallego que lo va a hacer". De acuerdo con lo publicado, el diputado emplazó al Gobierno central a completar el proceso de devolución, destacando que el Pazo de Meirás debe tener una función pública y social, como centro dirigido a preservar la memoria histórica de Galicia.

El medio consignó que la postura del BNG se basa en la aspiración de que el inmueble, de fuerte peso simbólico, pase del dominio estatal al autonómico, posibilitando su gestión directa por parte de las instituciones gallegas. Esta cesión, sostuvo Rego, permitiría consolidar un lugar para la educación y el recuerdo de los valores democráticos, articulando el inmueble como espacio destinado al reconocimiento de la lucha contra el franquismo y al homenaje de quienes defendieron la legalidad republicana.

El Tribunal Supremo, según recordaron los informantes, ratificó en su resolución que el Estado es el propietario legítimo del Pazo de Meirás. Al mismo tiempo, la decisión incluye el establecimiento de una indemnización para los herederos del dictador, en concepto de gastos de conservación y mantenimiento desde la recuperación judicial del bien. Este aspecto, según insistió Rego en sus declaraciones recogidas por los medios, tendría su origen en la actuación del anterior Gobierno gallego encabezado por Feijóo, cuya gestión, dijo, dejó abierta la puerta para esta compensación.

En su intervención ante la prensa, Rego reiteró que el Pazo de Meirás "es del pueblo gallego" y que la transferencia a la Xunta responde a una demanda social ampliamente sostenida a lo largo de los años por organizaciones civiles, memorialistas y fuerzas políticas. La entrega del inmueble, subrayó el diputado según el relato de los medios, permitiría avanzar en el reconocimiento del agravio histórico provocado por la apropiación durante la dictadura franquista, y posibilitaría resignificar el uso del espacio en conformidad con los valores democráticos y de justicia histórica.

Tal como publicó la fuente informativa, el Bloque Nacionalista Galego concluyó que la única vía para garantizar el pleno acceso y uso social del Pazo radica en la entrega formal a la Xunta, responsable de su gestión, así como en establecer mecanismos para reparar el daño causado por décadas de apropiación indebida. La defensa de este planteamiento, destacó Rego, tiene como trasfondo la necesidad de desafiar los relatos que legitiman la herencia del franquismo y de situar este caso en el contexto más amplio de la recuperación de la memoria democrática en Galicia.