
Louis Celestino Herrera, nacido en la República Dominicana y con nacionalidad española, fue identificado como uno de los intermediarios clave en una trama acusada de desviar millones de dólares para financiar los programas armamentísticos de Corea del Norte. Herrera, según detalló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, habría desarrollado desde al menos 2024 contratos de servicios informáticos independientes para un ciudadano norcoreano sancionado, liderando operaciones vinculadas a la obtención y movimiento de fondos ilícitos. De acuerdo con la información publicada por el medio fuente, el Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones contra dos entidades y seis individuos, entre ellos Herrera, señalando la existencia de una compleja red internacional involucrada en estafas tecnológicas y extorsión que beneficia directamente al régimen de Pyongyang.
Según publicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, los sancionados habrían participado en esquemas diseñados por el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para defraudar a empresas estadounidenses y generar ingresos dirigidos a la financiación del desarrollo de armas de destrucción masiva. Estos fraudes habrían aportado cerca de 800 millones de dólares (aproximadamente 695 millones de euros) solo en 2024 a las arcas norcoreanas.
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El esquema, según reportó el mismo organismo, funciona recurriendo a documentación fraudulenta, apropiación de identidades y creación de perfiles falsos. Estos métodos permitieron a los implicados camuflar la verdadera identidad de trabajadores informáticos norcoreanos, quienes así lograron integrarse en empresas legítimas de Estados Unidos y países aliados. Los salarios obtenidos de estas actividades eran apropiados en gran parte por el régimen norcoreano, lo que representó una violación sistemática de las sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como por Naciones Unidas.
La red desmantelada alcanzó una escala internacional, involucrando no solo a ciudadanos norcoreanos, sino también a individuos de distintas nacionalidades que, en calidad de facilitadores, colaboraron para introducir a los agentes informáticos en el mercado laboral tecnológico global bajo identidades falsas. Entre estos facilitadores aparece Nguyen Quang Viet, director de una compañía vietnamita que convirtió aproximadamente 2,5 millones de dólares (algo más de dos millones de euros) en criptomonedas para los intereses norcoreanos. Esta labor incluyó la transformación de las ganancias generadas por los informáticos relacionados con empresas controladas por Pyongyang y la posterior canalización de fondos hacia actividades ilícitas.
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Las acusaciones de las autoridades estadounidenses también apuntan a dos entidades con sede en Vietnam y Corea del Norte, acusadas de operar como nexos en el espectro de estas operaciones. El modus operandi consistía en emplear estrategias para adquirir o vender tecnología militar y comercial a través de redes establecidas en el extranjero, facilitando así tanto la obtención de recursos económicos como la expansión de la infraestructura armamentística norcoreana.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el gobierno de Corea del Norte orquesta ataques contra empresas estadounidenses mediante estrategias engañosas implementadas por sus agentes informáticos en el exterior, quienes utilizan información confidencial como herramienta de extorsión para obtener pagos elevados. Bessent resaltó en el comunicado, según consignó la fuente original, que la Administración Trump mantendrá sus esfuerzos por rastrear estos flujos financieros para proteger a las empresas estadounidenses y exigir responsabilidades a quienes participen en estas actividades.
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El paquete de sanciones anunciado no solo representa una acción punitiva, sino que también busca cortar los canales de financiamiento de los programas de armamento y misiles balísticos que violan las resoluciones internacionales. El medio de comunicación detalla que los fondos ilícitos obtenidos mediante estos mecanismos apoyan directamente el desarrollo y mantenimiento de las capacidades de armas de destrucción masiva por parte de Corea del Norte, lo que refuerza la preocupación internacional sobre la evasión de controles y la expansión de redes criminales especializadas en delitos tecnológicos y financieros.
La operación también expuso la sofisticación de las estructuras utilizadas por Corea del Norte y sus colaboradores, que recurren a innovaciones como el uso de criptomonedas y la contratación en remoto para sortear las sanciones internacionales. Según informó la fuente, esto representa una escalada en la dinámica entre los esfuerzos estadounidenses y la respuesta norcoreana, que persiste en desarrollar capacidades militares a pesar de las presiones diplomáticas y económicas.
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Con la inclusión de ciudadanos y empresas de varias nacionalidades en la lista de sancionados, el Departamento del Tesoro norteamericano subraya la dimensión transfronteriza de esta red y advierte sobre los riesgos de contratar personal remoto sin verificar adecuadamente la autenticidad de la documentación presentada. El gobierno estadounidense sostiene que continuará utilizando todos los mecanismos legales y financieros a su alcance para frenar el flujo de fondos que sostienen el programa armamentístico de Pyongyang, según expone la información divulgada por el medio original.
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