Muere una trabajadora francesa de UNICEF en un ataque con un dron contra Goma, en el este de RDC

La acusación del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) señala al gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) como responsable del ataque que, según sus declaraciones, alcanzó con un dron un edificio ubicado en una zona alejada de la línea del frente y poblada por civiles en Goma. Entre las víctimas mortales de este incidente figura una ciudadana francesa que trabajaba para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hecho confirmado por las autoridades francesas y que ha provocado reacciones internacionales respecto a la seguridad y protección de los trabajadores humanitarios en áreas de conflicto, informó el medio Europa Press.

Según detalló Europa Press, el ataque aéreo se produjo el miércoles en la ciudad de Goma, en el este del país africano, actualmente bajo control del grupo M23. La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, informó que un dron impactó en una edificación residencial donde se alojan tanto trabajadores humanitarios como personal de la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. Lahbib recordó la necesidad de que todos los actores armados en el área respeten los compromisos internacionales y subrayó: "Los trabajadores humanitarios nunca han de ser un objetivo. El Derecho Internacional Humanitario debe ser respetado, siempre".

El presidente francés Emmanuel Macron confirmó el fallecimiento de la empleada de UNICEF en mensaje emitido a través de sus canales oficiales, en el que expresó sus condolencias a familiares y compañeros de la víctima. Macron exigió el respeto al Derecho Humanitario y la protección del personal que desarrolla labores de asistencia en zonas de alto riesgo.

Europa Press consignó que la autoría del ataque no ha sido reivindicada hasta el momento. La identidad de la fallecida no se ha revelado oficialmente, mientras que el M23 anunció que el número de muertes asciende a tres, incluyendo a la trabajadora de UNICEF.

El M23 afirmó que el ataque constituye "una provocación intolerable" que expone a miles de civiles y calificó los hechos de "ataque terrorista". Los rebeldes responsabilizaron directamente al gobierno de Félix Tshisekedi, mencionando que la agresión afectó tanto a la ONU como a la Unión Europea, debido a la presencia de sus trabajadores en la zona atacada.

De acuerdo con Europa Press, el territorio de Goma cayó en manos del M23 en enero de 2025, tras una ofensiva que también permitió al grupo controlar extensas áreas de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. Esta campaña militar, reportó el medio, desató nuevas tensiones entre Kinshasa y Kigali, ya que el M23 recibe respaldo de Ruanda y está compuesto principalmente por tutsis congoleños, lo que ha agravado las disputas regionales y generado preocupación por una posible escalada del conflicto.

El 25 de febrero, el M23 acusó al ejército de la RDC de desatar una ofensiva de gran escala en Goma, la cual incluyó ataques a zonas densamente habitadas, pese a la existencia de un alto al fuego. Según Europa Press, estos episodios de violencia no solo amenazan a los habitantes urbanos sino que ponen en riesgo a los trabajadores que desempeñan tareas humanitarias, esenciales para la atención de la población civil atrapada en medio de hostilidades.

Tras el incidente, organizaciones internacionales y gobiernos han reiterado el llamado a proteger al personal humanitario, recordando que las leyes internacionales establecen su neutralidad y la obligación de garantizar su integridad. Mientras la investigación sobre el ataque continúa, persiste la inquietud en la comunidad internacional sobre el deterioro de la seguridad en las áreas controladas por el M23 y la vulnerabilidad de quienes ofrecen asistencia en respuesta a la crisis humanitaria en el este de la RDC.

Europa Press reportó que la ofensiva del M23 y la respuesta militar de la RDC han incrementado el desplazamiento de miles de personas y dificultado las labores de organismos como la ONU y agencias internacionales, que buscan mitigar los efectos de la violencia en las poblaciones afectadas. Las autoridades continúan en alerta ante el posible aumento de incidentes que involucren ataques a instalaciones civiles y humanitarias en la región.