Guayaquil (Ecuador), 10 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa de Ecuador aseguró este martes que cumplirá con la sentencia de la Corte Constitucional que declaró que los cuatro menores afrodescendientes detenidos por militares en 2024, y posteriormente asesinados, fueron víctimas de desaparición forzada, y en la que ordenó que el Estado emita disculpas públicas por el hecho, entre otras medidas de reparación.
"En relación con la sentencia de la Corte Constitucional, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el tiempo establecido", señaló el departamento de Comunicación de Defensa en un corto mensaje enviado a periodistas.
Horas antes, el alto tribunal publicó una sentencia en la que aceptaba una acción extraordinaria de protección presentada por los padres y madres de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes fueron arrestados de manera irregular en la noche del 8 de diciembre de 2024 por dos patrullas militares en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas, donde ellos vivían.
Posteriormente, los soldados los trasladaron hacia Taura, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, donde los golpearon y torturaron, los obligaron a desnudarse y los abandonaron.
Los restos calcinados de los menores fueron encontrados varios días después en una zona de manglar cercana y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.
El pasado 22 de diciembre, un tribunal penal declaró culpables a dieciséis de diecisiete militares procesados por el delito de desaparición forzada, y los condenó a penas de entre treinta meses y 34 años y ocho meses de prisión.
Este caso llegó a la Corte Constitucional después de que otro tribunal revocó el año pasado, por apelación del Gobierno, un hábeas corpus que en diciembre de 2019 declaró la desaparición forzada de los menores, así como la vulneración de sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la supervivencia, entre otros.
En la sentencia de este martes, los jueces constitucionales determinaron que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, "al no analizar de manera integral la detención denunciada ni responder a las pretensiones relevantes planteadas por los accionantes", por lo que dejaron sin efecto el fallo de apelación.
Además, concluyeron que los niños fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares y que el Estado no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre su aprehensión ni sobre su paradero.
Por lo que ordenaron que el comandante de la Fuerza Aérea emita unas disculpas públicas en un plazo de dos meses, que el Ministerio de Defensa indemnice a los padres de cada uno de los menores, que se hagan reformas a protocolos internos y leyes y que se declare al 8 de diciembre como día en memoria de los niños, entre otras medidas. EFE
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