Más de 140 jueces y juezas de violencia sobre la mujer denuncian el bloqueo de la especialización prometida en 2018

El comunicado firmado por más de 140 jueces y juezas pone el foco en la resolución del Tribunal Supremo de 2020, decisión que, según detallan los firmantes, ha provocado consecuencias directas sobre la progresión de sus carreras en la judicatura. Esta resolución clasificó a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como órganos mixtos, lo cual repercute en la valoración de su antigüedad, sus méritos y las posibilidades para avanzar dentro de los órganos judiciales encargados de los asuntos más graves. El grupo de magistrados advierte de que esta calificación limita el acceso a las secciones especializadas de las audiencias provinciales y a órganos judiciales clave, comprometiendo así sus oportunidades profesionales en el ámbito de la violencia de género.

De acuerdo con la información publicada por el medio, estos jueces y juezas han denunciado que la especialización prevista en la Ley Orgánica 5/2018 todavía no se ha concretado, a pesar de que la norma cumplió ya casi siete años desde su aprobación. Según consignó la plataforma informativa, el colectivo judicial subraya que la ley preveía pruebas selectivas específicas para acreditar la especialización. Estas pruebas debían convertirse en un criterio prioritario para asignar plazas tanto en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como en las secciones especializadas de las audiencias provinciales. Sin embargo, los procesos necesarios para desarrollar esta acreditación no han comenzado y tampoco se han reformado los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirían consolidar la preferencia por jueces especializados.

Tal como publicó el medio, los firmantes de la denuncia muestran inconformidad con que los concursos para cubrir plazas en secciones especializadas de las audiencias provinciales sigan convocándose con regularidad. Estos concursos permiten que magistrados sin experiencia previa en violencia de género accedan a esos puestos, a pesar de que la normativa exigía el reconocimiento de una formación y experiencia específica en la materia. Al mismo tiempo, los jueces denuncian que, en contraste, la especialización en violencia contra la infancia y la adolescencia introducida por la Ley Orgánica 1/2025 sí se ha implementado conforme a los plazos establecidos, lo que a su juicio evidencia una desigualdad en la aplicación de las políticas de especialización dentro del ámbito judicial.

Según reportó la fuente original, los magistrados y magistradas critican la falta de iniciativa en los principales organismos y actores implicados en la lucha contra la violencia de género. La denuncia colectiva se dirige al Consejo General del Poder Judicial, a los ministerios de Justicia e Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Defensor del Pueblo, a GREVIO (el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia de Género del Consejo de Europa) y a los grupos parlamentarios. Los jueces argumentan que todas estas instituciones estaban al tanto de la situación desde hace años, pero no han promovido una solución efectiva para resolver el estancamiento del proceso de especialización.

En el comunicado, los jueces y juezas interpelan al consenso social y político en torno a la lucha contra la violencia de género y cuestionan si es posible hablar de un verdadero acuerdo mientras la especialización judicial quede en el ámbito teórico y no se traslade a la práctica. Señalan que la ausencia de la formación y acreditación previstas por la Ley Orgánica 5/2018 perjudica no solo su promoción profesional, sino también la preparación jurídica adecuada para enfrentar los casos de violencia de género, lo que puede repercutir en el acceso de las víctimas a una justicia especializada y sensible a la problemática.

El medio señala que la demora en la adaptación normativa, así como en la puesta en marcha de los procesos formativos exigidos por la ley, mantiene en una situación de incertidumbre a quienes desempeñan funciones en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer. Los firmantes reclaman que estas carencias afectan directamente a los procedimientos judiciales y a la calidad del servicio que se presta a quienes acuden a estos tribunales. Consideran que hasta que no se cumplan los requisitos de formación y se modifiquen los artículos legales correspondientes, la especialización judicial quedará limitada, lo que contrasta con los avances vistos en otros ámbitos, como el de la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Los jueces y juezas han llamado la atención sobre la importancia de poner en marcha cuanto antes los mecanismos de formación y acreditación recogidos en la ley, señalando que solo así se podrá garantizar un sistema judicial más eficaz y adaptado a la complejidad de la violencia de género. Según la información original, los magistrados consideran imprescindible que se reconozca de forma efectiva la labor y la experiencia profesional acumulada en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, lo que redundaría en una mejora del sistema de selección y promoción dentro de las estructuras judiciales especializadas.

La denuncia pública realizada por los jueces expone que la falta de avances en este terreno no solo repercute en su carrera, sino que obstaculiza el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género, demandando un compromiso real por parte de todas las instituciones y actores concernidos.