
Los fondos públicos venezolanos destinados a programas de alimentos subsidiados y a la venta de oro se encuentran en el centro de una investigación que involucra a la aerolínea Plus Ultra y a una presunta red internacional de blanqueo de capitales. Según publicó la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama asumió la instrucción de la causa sobre el supuesto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno español otorgó a Plus Ultra durante la pandemia, así como el presunto lavado de fondos públicos y de oro venezolano en distintas jurisdicciones.
De acuerdo con la información difundida por el tribunal y recogida por la agencia de noticias, el juez Calama se declaró competente para liderar esta investigación, que continuará bajo secreto de sumario. El titular de la Plaza 4 del Tribunal Central de Instrucción pidió al juzgado de Madrid, que había llevado el expediente hasta el momento, que remita todas las diligencias practicadas. El caso llega a manos de Calama luego de que el magistrado Ismael Moreno se apartara de la causa en 2024, después de lo cual Calama inicialmente rechazó la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción al considerar que no era competente, y la remitió al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid.
La investigación sobre Plus Ultra había sido archivada por este juzgado madrileño, cuya titular también se inhibió del caso mientras la causa permanece bajo secreto, después de ordenar la detención en diciembre del presidente de la compañía, Julio Martínez, del CEO Roberto Roselli, y del empresario Julio Martínez Martínez. Según informó la Audiencia Nacional, el juzgado de Madrid venía indagando tanto los hechos denunciados por Anticorrupción como otras líneas de investigación relacionadas.
La denuncia presentada por la Fiscalía estaba dirigida contra siete personas, a quienes se atribuye un supuesto delito de blanqueo de capitales, dentro de lo que se describe como una organización criminal operando en Francia, Suiza y España. El auto menciona que esa presunta trama estaría formada tanto por extranjeros como nacionalizados españoles y al menos un abogado español, dedicados al lavado de dinero en estos tres países, detalló la Audiencia Nacional.
Según especificó la Fiscalía, los fondos irregulares tienen su origen en Venezuela, donde funcionarios públicos habrían malversado sumas significativas procedentes de los programas CLAP, orientados a la distribución de alimentos básicos subsidiados, y de la venta de oro gestionada por el Banco de Venezuela. Plus Ultra figura en la causa como firmante y beneficiaria de supuestos contratos de préstamos con tres sociedades parte de la red investigada, involucradas también en la comercialización de oro. Tras la recepción de la ayuda pública española, la aerolínea habría procedido a devolver esos préstamos de forma íntegra a cuentas en el extranjero asociadas a entidades vinculadas con la presunta organización, según se detalla en la denuncia fiscal.
El escrito de Anticorrupción hacía referencia a las conexiones de la trama con clientes que ya se encontraban bajo indagación policial y judicial, conforme consignó la Audiencia Nacional. La fiscalía puso el foco en las actividades de varias personas que, sirviéndose de sociedades mercantiles, habrían canalizado dinero recibido del exterior para la adquisición de bienes inmuebles. Además, los contratos de préstamo suscritos con Plus Ultra habrían sido íntegramente reembolsados tras la inyección de fondos procedentes del rescate estatal.
Entre las operaciones descritas en el sumario aparece la venta de oro, registrada por un valor aproximado de 30 millones de euros, a una empresa de Emiratos Árabes Unidos por parte de una de las sociedades que concedió los préstamos. Dicha sociedad, a su vez, envió transferencias a otra empresa que mantiene cuentas en Panamá. La denuncia añade que en este contexto se habría recurrido también a la compraventa de relojes de lujo como mecanismo para el lavado de activos.
Según reportó la Audiencia Nacional, juristas y la Fiscalía destacan la existencia de trámites e investigaciones paralelas a la principal en curso, ligadas a esta organización y sus interrelaciones empresariales y personales en Europa y América Latina. La investigación, bajo la dirección del juez Calama y en colaboración con equipos policiales y judiciales, se orientará tanto a esclarecer la trazabilidad de los fondos y la responsabilidad de los implicados como a delimitar el alcance internacional de las operaciones señaladas en los autos judiciales.
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