
Las secuelas de los recientes choques armados han derivado en una oleada de desplazamientos masivos, ya que tanto el clan kogi como el clan yari han abandonado sus aldeas en el estado de Ecuatoria Central, mientras los enfrentamientos siguen elevando la tensión en la región. De acuerdo con lo informado por la emisora Eye Radio y confirmado por las autoridades locales, los daños materiales han sido significativos, y la localidad de Kogi ha resultado prácticamente destruida como consecuencia directa de la violencia intercomunitaria.
Al menos 27 personas han fallecido tras estos enfrentamientos entre miembros de la comunidad kogi y yari en el condado de Terekeka, según declaró el vicegobernador de Ecuatoria Central, Paulino Lukudu Obede, citado por Eye Radio. Las investigaciones oficiales continúan para determinar con precisión las circunstancias de los hechos y la identidad de todas las víctimas. Lukudu Obede relató que tras la llegada de las autoridades al lugar, se encontraron con que la localidad de Kogi había quedado convertida en cenizas y que entre los escombros hallaron los cuerpos de 27 personas pertenecientes a ambos clanes involucrados. Subrayó que el gobierno local intervino de inmediato, con el objetivo de contener la violencia y prestar asistencia a las personas afectadas.
Según recogió Eye Radio, producto de los combates, la población se ha desplazado de forma significativa. El vicegobernador precisó que miembros del clan kogi buscaron refugio en la orilla occidental del Nilo Blanco, mientras que la comunidad yari también abandonó sus lugares de residencia tradicionales, lo que complicó la entrega de ayuda humanitaria y el control de la seguridad en la zona. Las autoridades han manifestado que trabajan en estrategias dirigidas a calmar las tensiones y brindan apoyo a los desplazados.
Eye Radio detalló que en los últimos años, Sudán del Sur ha presenciado un incremento de las disputas intercomunitarias, cuyo origen principal reside en el robo de ganado y las rivalidades entre agricultores y pastores. Estas situaciones se ven agravadas por factores como la desertificación y el desplazamiento de la población hacia zonas más fértiles, lo que eleva la presión sobre los recursos y multiplica los incidentes de violencia local. El impacto de estos conflictos se refleja en la pérdida de vidas humanas y en la destrucción de infraestructuras, además de complicar los esfuerzos por lograr la estabilidad social y política.
El balance preliminar de esta última escalada apunta a grandes pérdidas humanas y materiales. Eye Radio documentó que la intervención de las autoridades permitió evaluar los daños y comerciantes la situación sobre el terreno, aunque las condiciones de seguridad siguen siendo motivo de preocupación tanto para la población civil como para los funcionarios desplazados a la zona.
El vicegobernador Lukudu Obede reiteró ante Eye Radio la voluntad del gobierno estatal de continuar investigando y de trabajar para “esclarecer lo sucedido sobre el terreno”. También destacó la cooperación entre las fuerzas locales y las comisiones especiales encargadas de seguir el caso y de identificar a los responsables directos de los actos de violencia.
El contexto nacional refleja una tendencia a la intensificación de conflictos entre comunidades, especialmente en regiones donde las tierras resultan estratégicas para la ganadería y la agricultura. Tal como reportó Eye Radio, las consecuencias suelen extenderse más allá de las víctimas mortales e implican crisis humanitarias derivadas del desplazamiento y el incremento de las necesidades de asistencia básica en refugios improvisados.
Las autoridades mantienen la vigilancia en las áreas afectadas y continúan con labores de monitoreo, mientras líderes comunitarios y representantes oficiales dialogan en busca de soluciones que permitan frenar nuevas escaladas y asegurar el retorno de la población desplazada. Tal como subrayó Eye Radio, la región se encuentra bajo una creciente presión debido a la combinación de factores ambientales, económicos y sociales que alimentan los brotes de violencia intercomunitaria. Los próximos pasos dependerán del avance de las investigaciones y del apoyo que pueda canalizarse hacia los damnificados.