Abogados Cristianos denuncia ante el Supremo el catálogo del Gobierno para la eliminación de símbolos franquistas

La denuncia presentada resalta la preocupación por una posible «eliminación de símbolos cristianos», abarcando tanto cruces ubicadas en espacios públicos como monumentos de valor histórico. Según difundió la Fundación Española de Abogados Cristianos este jueves, la organización interpuso una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso cuestiona el Real Decreto 1040/2025, aprobado el 18 de noviembre de 2025, que introduce el procedimiento para la elaboración de un catálogo estatal de símbolos y vestigios franquistas, lo que, a juicio del colectivo demandante, amenaza la libertad religiosa e involucra un debate sobre las atribuciones sobre patrimonio entre el Estado central y las comunidades autónomas.

De acuerdo con lo informado por la propia Fundación y recogido por medios nacionales, el proceso cuyo fin es identificar y programar la eliminación de símbolos relacionados con el franquismo se adoptó mediante lo que denominan «un procedimiento viciado». El Gobierno llevó a cabo la consulta pública sobre la norma durante un periodo inhábil, entre el 5 y el 19 de agosto. Según explicó la organización, estas fechas limitaron la real participación ciudadana, privando del tiempo suficiente para el debate abierto y obstruyendo la presentación de alegaciones o sugerencias.

Abogados Cristianos también señaló que el Consejo de Ministros declaró de forma «injustificada» la urgencia en la tramitación del decreto. Esta calificación de urgente, añadieron, recortó los plazos ordinarios y disminuyó las posibilidades de que la sociedad participara activamente en el proceso legislativo. En opinión de la Fundación, el Ejecutivo no demostró causas extraordinarias que motivaran tal aceleración ni aportó documentación que acreditara la necesidad de proceder de esa manera.

El Real Decreto 1040/2025 establece una vía para que el Gobierno del Estado catalogue y retire símbolos y vestigios franquistas considerados contrarios a la memoria democrática. La organización demandante advirtió, según la información que hizo llegar a los medios, de que esta norma permite interpretar como objeto de eliminación no solo insignias de la dictadura, sino también símbolos cristianos, incluidos monumentos y cruces situados en plazas, jardines u otros espacios públicos. Tal como señaló la Fundación, la vigilancia sobre estos símbolos se apoya en criterios ideológicos, lo que —según su tesis— representa un riesgo para la libertad religiosa y para la conservación del patrimonio cultural vinculado a la tradición cristiana en España.

El conflicto de competencias representa otro de los elementos principales de la demanda. Abogados Cristianos subrayó, según publicó la propia organización, que el decreto invade áreas que la Constitución reserva a las comunidades autónomas, especialmente en lo relativo a patrimonio histórico. Mencionó las objeciones trasmitidas por gobiernos autonómicos como los de Madrid y Castilla y León, que alertaron sobre el presunto «monopolio» estatal en la identificación y eliminación de símbolos, desplazando las competencias autonómicas en materia de protección, gestión y conservación del patrimonio propio.

Durante la presentación pública de la denuncia, la presidenta de la Fundación, Polonia Castellanos, manifestó que «el Gobierno de Pedro Sánchez pretende eliminar cualquier elemento que refleje que España es cristiana». Castellanos añadió: «No podemos permitir que se utilice la memoria como excusa para derribar cruces y eliminar símbolos religiosos por pura ideología política. La historia de España no se puede reescribir a golpe de decreto», tal como reportó el comunicado difundido por la entidad.

La controversia sobre la normativa se produce en el marco de un debate más amplio sobre la memoria democrática y la simbología pública, así como sobre el reparto competencial entre el Estado central y los gobiernos regionales. La demanda pendiente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pretende que se suspenda y se revise la legitimidad del Real Decreto 1040/2025. Según reiteró la Fundación Española de Abogados Cristianos, el objetivo de su acción es evitar la supresión de símbolos y la afectación a derechos fundamentales, en particular, a la libertad religiosa y la autonomía de las comunidades autónomas sobre la gestión de su patrimonio histórico.