Un grupo de abogados pide a Israel la retirada "inmediata" del plan para registrar terrenos en Cisjordania

El director legal de Adalah, Suhad Bishara, explicó que la iniciativa impulsada por el gobierno israelí recrudece lo que calificó como violaciones graves al Derecho Internacional, ya que implica la apropiación y registro de tierras palestinas en Cisjordania como “propiedad estatal” de Israel. Bishara especificó que esta acción amenaza tanto el derecho a la propiedad de numerosos palestinos como su derecho a la autodeterminación y la soberanía, además de oponerse abiertamente a recomendaciones recientes de organismos internacionales. La organización Adalah exigió la cancelación inmediata de las medidas y advirtió sobre posibles repercusiones legales internacionales.

Según lo divulgado por el medio, Adalah dirigió esta semana una carta con carácter urgente al ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y a la fiscal general, Gali Baharav-Miara. En el documento solicitado por los abogados, se pide la retirada inmediata del plan gubernamental que busca designar y registrar áreas de Cisjordania como territorio de propiedad estatal bajo jurisdicción israelí. El comunicado, reportó la fuente, describe estas disposiciones como un intento de fortalecer la anexión ilegal, profundizando el control sobre territorios palestinos ocupados.

El medio señaló que, de acuerdo con Adalah, la política surge de una serie de acuerdos en el marco del gobierno de coalición de Israel. Los abogados recordaron que Bezalel Smotrich manifestó en 2025 que el Ejecutivo estaba avanzando hacia una “expansión de la soberanía de facto” en Cisjordania, lo que coincide con la formalización de estos registros de tierras.

En el análisis jurídico presentado por Adalah, el registro de tierras por parte de Israel se caracteriza como un “acto soberano” destinado a modificar la gestión y el régimen de propiedad en Cisjordania, lo que, según los abogados, excede las facultades atribuidas a una potencia ocupante. El informe elaborado por el grupo propalestino y difundido por el medio sostiene que estas medidas buscan crear “hechos legales irreversibles” en detrimento de la población palestina, lo que, señalaron, constituye una violación directa de principios fundamentales del Derecho Internacional.

Adalah, citando los términos de varias convenciones internacionales, subrayó que el Derecho Internacional prohíbe a una potencia ocupante interferir en propiedades privadas de civiles salvo en caso de necesidad militar justificada, circunstancia que, según los abogados, no se da en la actual situación en Cisjordania. El grupo afirma que los procedimientos estatales obligan a los propietarios palestinos a demostrar la titularidad de sus tierras bajo condiciones difíciles de satisfacer. En la práctica, sostienen, si los demandantes no logran aportar la documentación requerida, la tierra pasa automáticamente al Estado israelí.

El comunicado atribuido a Adalah, citado por el medio, argumenta que este proceso contradice lo estipulado en las Conferencias de La Haya y que la Cuarta Convención de Ginebra considera tales acciones como violaciones graves de los textos internacionales. Los abogados añadieron que, según la clasificación del Tribunal Penal Internacional, este tipo de apropiación se incluye bajo la categoría de crímenes de guerra.

Además, el informe de Adalah incorporó apelaciones a marcos legales internacionales, aseverando que las normas violadas no sólo incluyen la protección a la propiedad privada sino también derechos colectivos como la autodeterminación de los pueblos y la soberanía territorial. El grupo abogó por el cese inmediato del plan y alertó sobre las consecuencias legales que podrían derivarse para los responsables de la aplicación de estas políticas.

La petición enviada a las autoridades israelíes, publicada por la fuente citada, sostiene que la normativa propuesta facilitaría la desposesión de palestinos y la expropiación efectiva de sus tierras, consolidando la transferencia de la propiedad al Estado de Israel mediante vías judiciales y administrativas que, en opinión de los abogados, no ofrecen garantías efectivas de protección de derechos.

De acuerdo con el comunicado de Adalah difundido por el medio, se considera que las declaraciones públicas y acciones del ministro Smotrich reflejan una dirección gubernamental consciente y deliberada hacia la consolidación de la “soberanía de facto” en zonas ocupadas. Los abogados de la organización relacionaron estos desarrollos con una agenda gubernamental más amplia destinada a modificar el estatus legal de los territorios ocupados y establecer precedentes legales que respalden la expropiación irreversible de tierras palestinas.

A lo largo de la carta enviada y posteriormente reproducida por el medio, Adalah reiteró la ilegalidad de la medida y la presencia de posibles implicaciones en la esfera judicial internacional, subrayando la posición de diversas instancias de las Naciones Unidas y las recomendaciones del Tribunal Penal Internacional en relación con la protección de derechos en contextos de ocupación.

En el comunicado de Adalah, se llamó explícitamente a las autoridades israelíes a revocar la propuesta sin demora, basando su demanda en el marco normativo internacional y en la defensa de derechos civiles y colectivos de la población palestina.