Colombia demanda a Ecuador ante la Comunidad Andina por su arancel del 30%

El Ejecutivo colombiano prepara un decreto para establecer aranceles contra una veintena de productos ecuatorianos, como respuesta al gravamen del 30% aplicado por Ecuador a las importaciones procedentes de Colombia. La medida de represalia se desarrolla mientras la Comunidad Andina de Naciones (CAN) investiga la legalidad de la tasa fijada por Quito tras aceptar a trámite la demanda interpuesta por el Gobierno liderado por Gustavo Petro. Según publicó el medio Caracol, Colombia busca que la CAN califique la tasa establecida por Ecuador como un “gravamen", con lo cual se configuraría una posible infracción a las normativas comerciales que rigen entre los países miembros del bloque regional.

El Ministerio de Comercio de Colombia ha presentado oficialmente dos recursos ante la CAN para lograr el levantamiento de la tasa introducida por Ecuador a las importaciones colombianas. Solo uno de los recursos ha sido admitido: el que solicita que la Comunidad Andina determine si la imposición tributaria ecuatoriana constituye un gravamen inconsistente con los acuerdos del proceso de integración regional, según detalló la citada emisora.

El medio El Comercio reportó que la investigación formal de la CAN examinará si la decisión ecuatoriana vulnera las reglas comerciales y de integración entre Estados miembros. En paralelo a la actuación de la CAN, el Gobierno colombiano diseña acciones de represalia comercial, cuyo objetivo consistiría en igualar la presión arancelaria mediante la imposición de derechos aduaneros sobre una lista de más de 20 productos de origen ecuatoriano, según el medio mencionado.

El conflicto se intensifica ante la reacción de las autoridades ecuatorianas, que han notificado a través de un comunicado publicado en redes sociales que ya presentaron “tres procesos en defensa de sus derechos comerciales y de seguridad” ante la CAN. Ecuador alega supuestos incumplimientos de Colombia respecto a decisiones previas del Tribunal Andino de Justicia, así como la adopción de “medidas incompatibles” con los compromisos asumidos ante la comunidad regional.

En su mensaje oficial, el Gobierno de Ecuador insiste en que la “tasa del 30%” puesta sobre los productos colombianos tiene su origen en razones de seguridad nacional. De acuerdo con el comunicado consignado por varios medios, el Ejecutivo ecuatoriano considera que la decisión responde a la ausencia de “acciones firmes y equivalentes” por parte del Estado colombiano para combatir el crimen organizado transnacional, lo cual habría motivado la adopción de esta política tributaria.

En el mismo mensaje, Ecuador expresa que mantiene la disposición para buscar una resolución institucional a la disputa. Ratifica su voluntad de contener el conflicto dentro del marco normativo de la Comunidad Andina, con la intención de proteger un comercio bilateral cuyas bases se sustenten en normas claras, igualdad de condiciones y respeto mutuo de los compromisos asumidos, tanto en materia comercial como de cooperación en seguridad.

Mientras tanto, Bogotá confía en que la CAN dictamine la procedencia o improcedencia del arancel impuesto por Quito a las exportaciones colombianas. La admisión a trámite de uno de los recursos interpuestos por Colombia constituye el primer paso del proceso de investigación dentro del organismo regional. El objetivo central de Colombia es que la CAN obligue a Ecuador a revertir la medida, dado que, según el Gobierno colombiano y medios como Caracol, clasificar la tasa como un gravamen implicaría su ilegalidad en el contexto del comercio intrarregional.

La confrontación actual suma nuevos recursos legales y acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos, con reclamos sobre el respeto a las decisiones judiciales del Tribunal Andino y sobre la compatibilidad de las políticas adoptadas con los compromisos multilaterales de la CAN. Este escenario plantea un aumento de la tensión comercial y diplomática entre Ecuador y Colombia, mientras el organismo regional analiza si existe fundamento para considerar la tasa del 30% como una violación a las disposiciones comunitarias.