Veteranos de guerra piden al Constitucional de Zimbabue anular la extensión del mandato presidencial

Acusan a Emmerson Mnangagwa de buscar favorecerse con una polémica reforma jurídica impulsada por su gabinete, mientras exmilitares recurren al máximo tribunal del país para frenar el cambio constitucional promovido por el ejecutivo de Harare

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"Las maniobras legales que alteran las reglas sobre el mandato presidencial en Zimbabue sólo pueden beneficiar directamente al titular del cargo", sostienen los veteranos de guerra que presentaron un recurso urgente ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la reciente reforma jurídica. Dicho grupo, respaldado por el asesoramiento de un abogado especializado en derecho constitucional, busca que se declare inválida la enmienda aprobada por el gabinete de Emmerson Mnangagwa, la cual autoriza que el jefe de Estado pueda continuar en sus funciones hasta 2030.

Según detalló el diario News Day, el texto presentado al máximo tribunal señala irregularidades en el proceso de aprobación. Los militares retirados argumentan que el presidente Mnangagwa no cumplió con sus deberes constitucionales relacionados con el procedimiento. El recurso puntualiza que presidir y formar parte del gabinete que revisó la enmienda representa un conflicto de intereses, pues la modificación permite ampliar su propio mandato de cinco a siete años.

Entre los principales puntos jurídicos alegados, el recurso establece que "cualquier enmienda constitucional, disposición transitoria o mecanismo de continuidad en el cargo que tenga por objeto o efecto extender el mandato de, o conferir un beneficio de permanencia en el cargo a, una persona que ocupaba el cargo de Presidente antes de la enmienda, es inválido y carece de fuerza o efecto respecto de dicho titular". Los veteranos solicitaron al Tribunal Constitucional medidas urgentes para frenar la entrada en vigor de la reforma.

De acuerdo con News Day, el ejecutivo de Zimbabue aprobó hace una semana este cambio legislativo que establece la prolongación del periodo presidencial. La promulgación de la enmienda introduce, además, un nuevo sistema de elección del jefe del Estado: el cargo sería decidido por el Parlamento mediante una mayoría de dos tercios, suprimiendo el sufragio directo utilizado hasta la fecha.

El Gobierno de Harare argumentó públicamente que la reforma tiene por objetivo evitar inestabilidad derivada de los procesos electorales frecuentes. Entre los motivos presentados figuran también el supuesto fortalecimiento de la continuidad de las políticas gubernamentales, la posibilidad de dar más tiempo para la ejecución de proyectos estratégicos nacionales y el fomento de la estabilidad política y económica para el país.

El diario News Day detalló que este proceso de enmienda se inició cuando el partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), votó a favor de modificar la Constitución de 2013 en octubre pasado. La ampliación del mandato presidencial hasta 2030, propuesta y avalada por la formación liderada por Mnangagwa, ha generado rechazo entre agrupaciones políticas en la oposición, que califican la maniobra de ilegal y sostienen que constituye un intento de perpetuarse en el poder sin respaldo popular.

La disputa se centra no solo en la extensión temporal del mandato, sino en la legitimidad y validez del proceso seguido para modificar la carta magna nacional. Grupos críticos con la reforma han advertido que la ausencia de consulta y el cambio en la modalidad de elección presidencial representan un retroceso en transparencia y apertura política. News Day reportó que los demandantes buscan con esta acción judicial no solo revertir la prolongación del mandato, sino también preservar los mecanismos de control democrático establecidos desde la promulgación de la Constitución vigente.

En este contexto, el Tribunal Constitucional se encuentra ante la demanda, cuyas implicaciones afectan tanto el equilibrio de poderes como el marco institucional del país. La decisión sobre la validez de la reforma podría marcar un precedente en los procedimientos de cambios constitucionales y en la limitación de las atribuciones presidenciales en futuras administraciones.