Ocho países critican a Israel por su plan para registrar terrenos como propiedad del Estado en Cisjordania

El recuerdo de la opinión emitida por la Corte Internacional de Justicia acerca de la ilegalidad de las acciones que alteran la situación de los Territorios Palestinos Ocupados cobra relevancia frente al reciente plan del Gobierno israelí para registrar zonas de Cisjordania como propiedad del Estado. Según informó la agencia Europa Press, ocho países de mayoría árabe y musulmana expresaron su rechazo a la aprobación de esta medida, señalando que supone una transgresión de múltiples principios de derecho internacional y de resoluciones de Naciones Unidas, y tendría consecuencias directas para la viabilidad de un Estado palestino independiente.

Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía hicieron público un comunicado conjunto en el que advierten que la decisión israelí representa “una grave escalada destinada a acelerar la actividad en los asentamientos ilegales”. Los gobiernos firmantes recalcan que este paso favorece la confiscación de tierras, fortalece el dominio israelí en la zona y conlleva la aplicación de la soberanía israelí en los Territorios Ocupados Palestinos, lo que, a su entender, menoscaba los derechos legítimos del pueblo palestino. Según los países mencionados y tal como recoge Europa Press, la acción vulnera el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, y contradice de manera explícita la resolución 2234 del Consejo de Seguridad de la ONU, que insta a poner fin a todas las actividades de asentamiento en los territorios ocupados.

Europa Press detalló que los ocho gobiernos recuerdan que la reciente resolución no solo desafía la posición de la Corte Internacional de Justicia, la cual subrayó la prohibición de modificar el estatus legal, histórico o demográfico del territorio palestino, sino que también contradice la obligación de acabar con la ocupación y de no adquirir territorios por la fuerza. Según el comunicado, las autoridades israelíes, mediante este tipo de decisiones, intentarían establecer una nueva realidad jurídica y administrativa con el objetivo de consolidar su control sobre la tierra palestina.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la crítica a esta política se enmarca en el entendimiento de que erosiona la solución de dos Estados y reduce las posibilidades de establecer un Estado palestino viable, además de aumentar el riesgo de que fracase la negociación de una paz estable y justa en la región. Los países firmantes reiteraron su “rechazo categórico de todas las medidas unilaterales destinadas a alterar el status legal, demográfico e histórico” de Palestina, y manifestaron que tales decisiones “suponen una peligrosa escalada que elevará aún más las tensiones e inestabilidad en los Territorios Ocupados Palestinos y en la región en general”.

La declaración conjunta también contempla un llamado directo a la comunidad internacional. Los gobiernos demandan la adopción de acciones efectivas orientadas a frenar este tipo de decisiones y a garantizar el respeto del Derecho Internacional, así como a proteger los derechos inalienables del pueblo palestino, incluyendo el derecho a la autodeterminación, el fin de la ocupación y el establecimiento de un Estado independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores al 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital.

Según la información que difundió Europa Press, esta iniciativa fue impulsada por el ministro de Finanzas y líder político Bezalel Smotrich, junto con el ministro de Justicia Yariv Levin y el ministro de Defensa Israel Katz. Entre los objetivos de la propuesta figuran la regularización de explotaciones agrícolas y la determinación del estatus de diferentes áreas en los territorios ocupados, en el marco de un proceso que Israel había suspendido en décadas previas debido a su complejidad administrativa.

El mismo medio informó que la iniciativa coincidió con la decisión del gabinete de seguridad israelí de modificar la administración de Cisjordania, ampliando la competencia de las autoridades israelíes en esa zona palestina. Esta reforma administrativa incluye la transferencia de la gestión de terrenos y la potestad sobre licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón hacia las autoridades de Israel, revertiendo parcialmente un acuerdo vigente desde 1997. Dicho acuerdo establecía que toda construcción nueva requería la aprobación de ambas partes, israelí y palestina.

Según la cobertura de Europa Press, las autoridades de los ocho países implicados concluyeron que la aprobación de la designación de terrenos en Cisjordania como propiedad del Estado israelí agrava la tensión y dificulta cualquier avance significativo hacia una solución negociada al conflicto palestino-israelí. Han solicitado, además, que la comunidad internacional refuerce las garantías para salvaguardar los derechos del pueblo palestino y que se respete la legalidad internacional de manera efectiva.