Santiago (IU) avisa a Hitachi que "esto no es la Argentina de Milei" y debe respetar los derechos laborales

En el contexto de las recientes resoluciones judiciales favorables a los trabajadores y al sindicato CCOO, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, advirtió que Sumar ejercerá presión para que Hitachi Energy no reciba ninguno de los incentivos económicos previstos para la ampliación de su planta en Córdoba, mientras persistan prácticas que, según los tribunales, vulneran derechos laborales. De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, Santiago subrayó que todas las sentencias emitidas hasta el momento han respaldado la posición de los trabajadores, advirtiendo a la compañía japonesa que la comisión parlamentaria hará "todo lo posible" para que no perciba subvenciones públicas hasta que acate la legislación española y cese la represión sindical en la factoría andaluza.

Según detalló el medio, la advertencia de Santiago se produjo en el transcurso de una rueda de prensa celebrada junto con Rosa Rodríguez, candidata al Parlamento andaluz por Córdoba de Por Andalucía. El diputado explicó que tanto la Inspección de Trabajo como los órganos penales y de lo Social han emitido fallos en favor del comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba y del sindicato CCOO, tras las denuncias y sanciones derivadas de la disputa por el convenio colectivo y las condiciones laborales. El portavoz explicó que la negativa de la empresa a reconocer los derechos laborales básicos desembocó en distintos procedimientos judiciales, los cuales, según la información de la fuente, han concluido hasta ahora en sentencias favorables a los trabajadores.

Enrique Santiago manifestó también que el grupo de Sumar optaría por aplicar todos los mecanismos a su alcance para denegar los diferentes incentivos económicos concedidos por la Administración del Estado para la ampliación de la planta industrial cordobesa en tanto la empresa no respete la Constitución y las leyes laborales españolas. En referencia directa a las políticas laborales implementadas recientemente en Argentina, el diputado subrayó que "esto no es la Argentina de Milei", en alusión a la reforma que extendió la jornada laboral a doce horas diarias en el país sudamericano.

Durante su intervención, Santiago reiteró el llamado a la dirección de la empresa para que retome el diálogo con el comité de empresa y reconozca los derechos laborales establecidos por la legislación vigente. Subrayó que tanto la Inspección de Trabajo como los tribunales ya han concluido que las actuaciones sindicales y las reclamaciones del sindicato CCOO se ajustan al marco legal, mientras que las respuestas de la empresa han dado lugar a sanciones que, según los órganos judiciales, no se encontraban debidamente justificadas.

Además de las cuestiones estrictamente laborales, Rosa Rodríguez abordó durante la comparecencia la problemática de la despoblación en la provincia de Córdoba. Según consignó el medio, la candidata de Por Andalucía atribuyó la emigración juvenil y la pérdida de población a la ausencia de inversiones productivas, la falta de oportunidades y la carencia de servicios públicos y conexiones estratégicas. Rodríguez expresó que sin un cambio de modelo económico y una apuesta firme por la reindustrialización, la provincia seguirá mostrando dificultades tanto para atraer como para retener a quienes buscan desarrollar un proyecto de vida en Córdoba.

La representante de Por Andalucía defendió la necesidad de implantar un plan urgente de industrialización para revertir la tendencia, considerando insuficientes las políticas actuales y lamentando las consecuencias del modelo privatizador impulsado por el Partido Popular, según datos del medio. Además, Rodríguez recordó que tanto desde Izquierda Unida como desde la plataforma Por Andalucía se ha exigido reiteradamente la adopción de un plan industrial sólido para la provincia, que contemple inversión productiva, dotación de suelo industrial, respaldo a los sectores estratégicos y compromiso con el empleo estable y de calidad.

En conclusión, tanto Enrique Santiago como Rosa Rodríguez insistieron en que la situación laboral en Hitachi Energy Córdoba representa un caso emblemático sobre la necesidad de asegurar el cumplimiento de las normativas laborales y la protección de los derechos sindicales. Mientras persistan los litigios y las prácticas consideradas antisindicales por los tribunales, el Grupo Parlamentario de Sumar mantendrá su postura de condicionar la entrega de fondos públicos a la empresa japonesa, con el objetivo de garantizar la adecuación de la actividad industrial al marco legal vigente en España.