La Justicia de Guatemala concede el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora

Las organizaciones regionales de periodistas y defensores de la libertad de prensa han señalado que la prisión preventiva de José Rubén Zamora se extendió mucho más allá de los plazos habituales, con demoras atribuibles a la presentación de recursos, la pérdida de parte del expediente judicial y la acumulación de obstáculos procesales. Según publicó el medio Europa Press, tras más de tres años bajo custodia en la prisión militar Mariscal Zavala de Ciudad de Guatemala, la Justicia guatemalteca ha concedido el arresto domiciliario al exdirector del diario 'elPeriódico', quien enfrentaba acusaciones de blanqueo de capitales y obstrucción a la Justicia en dos causas impulsadas por la Fiscalía.

El Juzgado de Segunda Instancia Penal, presidido por el juez Maximino Morales, dictaminó que Zamora abandonara la cárcel militar para pasar a un régimen de prisión domiciliaria mientras continúa el proceso judicial en su contra. Según detalló Europa Press, tanto la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) como el colectivo No Nos Callarán publicaron un comunicado celebrando la decisión judicial y apuntando que la medida le permite a Zamora "defenderse en libertad" y restituye derechos fundamentales que, en su opinión, habían sido vulnerados por dilaciones y obstaculizaciones en el avance del caso. Ambas asociaciones señalaron que "la libertad concedida hoy constituye un avance significativo" y describieron cómo, durante el proceso, se promovieron acciones legales y recursos que, junto a la pérdida parcial del expediente, produjeron nuevas paralizaciones e impidieron el desarrollo normal de la causa penal. Para estas organizaciones, estos hechos reflejan una situación en la que no se han cumplido los principios mínimos de una justicia rápida y efectiva.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), también celebró el cambio de medidas cautelares. En sus redes sociales, calificó la resolución judicial como "un paso importante hacia la justicia", aunque remarcó que la Fiscalía todavía utiliza el Derecho Penal como herramienta para restringir la labor de la prensa. El CPJ hizo un llamado para que el Estado garantiza la libertad de los periodistas y su trabajo sin temor a represalias. "La Fiscalía de Guatemala debe poner fin al uso del Derecho Penal para silenciar a la prensa", expresó el CPJ, según recogió Europa Press.

José Rubén Zamora, quien dirigió el diario 'elPeriódico', fue arrestado a finales de julio de 2022 tras un allanamiento en su residencia y en las oficinas del periódico. El medio Europa Press informó que pocos días antes de su detención, Zamora realizó declaraciones críticas en contra del presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), a quien atribuyó una gestión contaminada por la corrupción. Posteriormente, el periódico cerró, denunciando una persecución en contra de sus periodistas. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la Fiscalía presentó la primera acusación formal contra Zamora apenas cinco días después de que este manifestara públicamente sus críticas al gobierno.

José Zamora, hijo del periodista, confirmó en redes sociales que su padre "recupera su libertad, tras más de 1.295 días de detención arbitraria", agradeciendo el respaldo recibido durante la detención de su progenitor. Tanto la familia como varias organizaciones internacionales destacaron la relevancia del fallo judicial.

Europa Press consignó que el estancamiento del proceso judicial contra Zamora superó los 30 meses, en los que distintas maniobras legales dificultaron el avance de la causa. Estas interrupciones y retrasos acumularon un periodo de detención preventiva sin definición de sentencia, lo que motivó alertas de diversos sectores sobre el respeto al debido proceso y las garantías judiciales.

La situación de Zamora se ha convertido en un caso simbólico en el debate sobre la libertad de prensa y el uso de herramientas judiciales en Guatemala. Diversas organizaciones y líderes regionales han insistido en que el Estado debe proteger el ejercicio del periodismo y evitar que los cargos judiciales funcionen como método de intimidación o censura. Hasta el momento, el periodista permanecerá bajo vigilancia domiciliaria mientras el tribunal continúa evaluando las acusaciones y recursos pendientes en los expedientes presentados por la Fiscalía guatemalteca.