Una banda acusada de explotar sexualmente a mujeres en Palma, Valencia y Talavera se enfrenta a 200 años de cárcel

La acusación señala que las víctimas, todas ellas mujeres colombianas en condiciones vulnerables, debían permanecer siempre reunidas en un solo dormitorio y bajo la constante supervisión de los presuntos miembros de la red criminal. A partir de este control permanente, las autoridades describen una supuesta organización dedicada a la explotación sexual en pisos ubicados en Palma, Valencia y Talavera de la Reina, adonde trasladaron a las mujeres tras captarlas en su país de origen a través de engaños.

Según informó la Audiencia Provincial de Baleares, el proceso judicial contra diez acusados, seis mujeres y cuatro hombres, comenzará en breve tras no alcanzarse un acuerdo entre sus defensas y la Fiscalía en la vista previa celebrada este jueves. El Ministerio Público solicita más de 205 años de prisión en total para el grupo, al que atribuye delitos de trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delitos de tráfico de drogas, así como pertenencia y coordinación en organización criminal con fines de explotación sexual y tráfico de personas.

Tal como consignó la Audiencia, la supuesta estructura criminal estaba formada por dos ramas principales. La primera, asentada en Colombia, captaba a mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad haciéndoles falsas promesas de empleo en España. Una vez en territorio español, la denominada rama española de la red distribuía a las víctimas en diferentes pisos de alterne situados en las tres ciudades mencionadas, donde se les forzaba a ejercer la prostitución para solventar una supuesta deuda derivada del viaje.

El escrito de acusación, citado por el tribunal, detalla que la red habría operado entre junio de 2020 y marzo de 2022. Durante este periodo, las víctimas vivieron bajo continuas amenazas. Los acusados, según la Fiscalía, se valieron de presuntos vínculos con bandas violentas en Colombia para intimidad a las mujeres y advertir de consecuencias contra ellas o sus familias si intentaban escapar o denunciar su situación.

La líder del grupo enfrenta la petición de penas más elevadas: la Fiscalía solicita para ella un total de 60 años de prisión por cinco delitos de trata de seres humanos, así como 12 años adicionales por tráfico de drogas y por trata. El considerado como colaborador principal de la jefa afronta una petición de 34 años de cárcel. Para los otros ocho acusados, las solicitudes de condena oscilan entre los nueve y los 25 años.

De acuerdo con el Ministerio Público, el sistema de control sobre las víctimas incluía el confinamiento conjunto en una misma habitación, sin posibilidad de salir solas y siendo vigiladas continuamente. Además, la banda habría obligado a las mujeres a permanecer disponibles para la explotación sexual de manera ininterrumpida durante todo el día, los siete días de la semana, lo que, según el escrito de acusación, agrava la situación de sometimiento y desamparo.

El medio encargado de difundir la información señaló que la red detenida fue desmantelada gracias a una operación policial efectuada en marzo de 2022, cuando la coordinada intervención de las fuerzas de seguridad permitió liberar a las víctimas y poner a disposición judicial a los presuntos responsables. Desde entonces, la causa ha estado instruyéndose en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

Durante la vista previa, las partes no alcanzaron ningún acuerdo, por lo que el tribunal celebrará el juicio próximamente. La Fiscalía expone que la organización criminal no solo lucró económicamente con la explotación sexual de las mujeres, sino que además utilizó el tráfico de drogas como otro mecanismo de sometimiento. Los investigadores sostienen que los acusados recurrían a sustancias estupefacientes tanto para coaccionar a las víctimas como para reforzar su control sobre ellas.

El diario que reportó el caso, en línea con los datos del tribunal, indicó que las víctimas, a su llegada a España, sufrían inmediatamente recortes severos en sus libertades. La contraseña con la que la red garantizaba su subordinación era la deuda impuesta: las mujeres debían saldar los gastos del viaje únicamente a través del dinero que obtuvieran ejerciendo la prostitución, imposibilitando su independencia y perpetuando el escenario de explotación.

Las declaraciones oficiales subrayan el carácter estructurado de la banda. Según la acusación del Ministerio Público y el auto judicial que describe la organización interna, los roles estaban perfectamente definidos y existía una coordinación constante entre los integrantes asentados en Colombia, dedicados a la captación, y los personas establecidas en España, responsables de la vigilancia y del control directo sobre las mujeres.

El caso presentado por el tribunal también contempla cargos contra los procesados por la utilización de amenazas explícitas, recurriendo al miedo sobre represalias físicas o personales. Los fiscales resaltan que las mujeres lograron sobrevivir en condiciones de hacinamiento y privación de libertades básicas.

Fuentes judiciales expresaron que las conexiones internacionales de la supuesta organización hacen especialmente delicado el procedimiento penal, dadas las complejidades asociadas a la cooperación judicial entre diferentes jurisdicciones y la protección de las víctimas durante el proceso.

El desarrollo del juicio será seguido de cerca, tanto por la sociedad como por organismos dedicados a la protección de derechos humanos, al tratarse de un caso en el que concurren delitos como la trata de seres humanos, la explotación sexual, el tráfico de drogas y la violación de los derechos fundamentales de ciudadanos extranjeros, según lo establecido en el escrito de acusación.