Piden cuatro años de cárcel para el dueño de una agencia de viajes acusado de estafar a 60 clientes

El responsable de una empresa del sector turístico afronta una solicitud de pena por parte de la Fiscalía, acusado de apropiarse indebidamente de más de 180.000 euros e impedir que decenas de familias emprendieran viajes internacionales ya contratados

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Uno de los principales afectados por la presunta estafa gestionada desde la agencia ‘Viajes Alborán’ ejercía como intermediario para viajeros extranjeros y recibió la devolución de 50.000 euros tras haberse visto perjudicado por un fraude que, solo en su caso, alcanzó los 77.000 euros. A raíz de sus gestiones, veintiuna personas adicionales resultaron también afectadas. Según detalló Europa Press en base al escrito de acusación provisional de la Fiscalía de Almería, el dueño de la agencia afronta una solicitud de cuatro años de prisión, acusado de apoderarse de 180.690,58 euros de un total de 64 clientes mediante la venta de billetes y paquetes turísticos que nunca llegaron a formalizarse, lo que impidió a numerosas familias realizar viajes internacionales ya contratados.

El texto de la Fiscalía, al que accedió y publicó Europa Press, atribuye al acusado como administrador único de la agencia desde agosto de 2024. El documento explica que entre principios de 2023 y finales de 2024, el investigado habría cobrado por adelantado vacaciones y boletos aéreos nacionales e internacionales, sin proceder a emitir los pasajes correspondientes ni asegurar el servicio contratado. Familiares y grupos de amigos que habían reunido cuantiosas sumas con la esperanza de visitar países de Latinoamérica, especialmente en temporada navideña, se encontraron sin posibilidad de viajar al descubrir en los aeropuertos que sus nombres no figuraban en las listas de pasajeros y que los billetes no existían.

Europa Press informó que la Fiscalía califica la conducta del procesado como parte de un delito continuado de estafa, destacando el uso del “ánimo defraudatorio” para simular la solvencia del negocio y obtener así beneficios económicos indebidos. El escrito también señala que la hermana del acusado, quien inicialmente fue arrestada y objeto de investigación por su relación con el negocio, quedó excluida del procedimiento penal al no encontrarse pruebas suficientes en su contra.

La agencia, fundada en 1993 y ubicada en la calle Reina Regente de Almería, estaba próxima al puerto de la ciudad. Según recogió Europa Press, la mayoría de los afectados mantenían una relación de confianza con el responsable de la empresa, quien atendía personalmente las gestiones comerciales y contrataciones. Los afectados realizaron pagos por importes que llegaban hasta casi 5.000 euros con el objetivo de volar juntos a destinos como Colombia, Ecuador, Santo Domingo, Bolivia, Argentina, Perú, Venezuela, Panamá, así como a otros fuera de Latinoamérica, incluidos Rusia, Suecia, Senegal y Viena. Las consecuencias para los usuarios provocaron situaciones de grave perjuicio, al llegar al aeropuerto y comprobar que la agencia nunca llegó a gestionar la compra de los vuelos ni a reservar los servicios, según reportó Europa Press.

En los relatos consignados por la Fiscalía, recogidos por Europa Press, aparecen familias que habían ahorrado durante meses o años para permitir a varios de sus miembros regresar a su país de origen por vacaciones. Se documentan casos de grupos a los que se les obsequiaron viajes a Viena que no pudieron disfrutar, clientes que adquirieron sin éxito paquetes turísticos y cruceros por el Mediterráneo, excursiones a Egipto o Portugal, y recorridos por India o Dakar que tampoco llegaron a materializarse. De manera similar, se vieron afectados usuarios de destinos nacionales como Madrid, Santiago de Compostela, Melilla o ciudades del norte de España. Algunos clientes, al verse en esa situación inesperada en el aeropuerto, optaron por adquirir pasajes en ese momento para poder cumplir sus compromisos.

La Policía Nacional inició investigaciones tras las numerosas denuncias presentadas ante la Comisaría por personas perjudicadas, tal como señaló Europa Press, quienes en su mayoría eran ciudadanos extranjeros de bajos recursos. La situación se agravó cuando, en noviembre de 2024, los clientes acudieron al local de la agencia, hallando el establecimiento cerrado y con un cartel que anunciaba un cierre temporal. Aquellos que trataron de comunicarse por correo electrónico tampoco obtuvieron respuesta. La Junta de Andalucía respondió abriendo un expediente sancionador contra la agencia, aunque la tramitación administrativa quedó suspendida a la espera del desarrollo de la causa penal. Además, la administración autonómica procedió a tramitar la baja de ‘Viajes Alborán’ por “inactividad” tras el repentino cierre.

En respuesta a las reclamaciones y a la instrucción penal en marcha, la Fiscalía destacó la atenuante de reparación del daño en favor del acusado. Esta medida se adoptó tras comprobarse que el responsable había devuelto ya 50.000 euros a uno de los principales afectados. La empresa, considerada responsable civil subsidiaria, permanece también implicada en el procedimiento judicial abierto por la supuesta estafa continuada.

El caso evidencia cómo la confianza depositada por los clientes en el propietario de la agencia resultó determinante para la comisión del presunto fraude. Muchos de los implicados acudían a la empresa por recomendación de conocidos o por experiencias previas, lo que llevó a un número importante de personas a formalizar acuerdos de viaje sin sospechar la falta de solvencia que experimentaba el negocio en ese periodo. Europa Press puntualizó que, entre los perjudicados, predominan viajeros que contrataban viajes para visitar a familiares lejanos, en especial en torno a festividades relevantes como la Navidad.

A lo largo de la investigación, la Fiscalía documentó uno por uno los casos en que los pagos realizados por los clientes no se tradujeron en la entrega de billetes ni en la prestación de los servicios pactados. El importe total estimado por el ministerio público como defraudado supera los 180.000 euros, según el escrito citado por Europa Press. El expediente penal se encuentra en manos de los juzgados, mientras el proceso administrativo de la Junta permanece a la espera de la resolución judicial.