
El sector agrícola andaluz representa uno de los principales motores económicos de la región, con una comercialización anual en torno a los 16.000 millones de euros, según detalló la Junta de Andalucía. Ante la posibilidad de que la entrada de productos agrícolas y ganaderos provenientes del exterior de la Unión Europea, concretamente desde los países del Mercosur, se realice sin garantías plenas, el gobierno andaluz alertó que esto podría generar un impacto negativo en el mercado local. Según informó el medio responsable de la cobertura, la Junta manifestó su oposición a la ratificación y entrada en vigor provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur mientras no se adopten medidas suficientes para proteger los intereses de los productores andaluces.
Tal como publicó la fuente, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, expuso ante el Parlamento de Andalucía que la Junta rechaza cualquier avance en el acuerdo sin la implementación previa de condiciones dirigidas a asegurar una competencia equitativa. En su intervención, Fernández-Pacheco hizo énfasis en la necesidad de reforzar los controles fronterizos en toda la Unión Europea para evitar la entrada de productos que no cumplan con los mismos requisitos sanitarios, laborales y ambientales que se exigen a los productores de la región. El consejero precisó que “la Junta está en contra de la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur si no se dan las debidas garantías”, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Vox y recogida por el medio citado.
Entre las exigencias planteadas por la Junta, el funcionario andaluz destacó la importancia de establecer cláusulas automáticas de salvaguarda que sean “lo suficientemente proteccionistas para defender a nuestros agricultores y ganaderos”. Además de los controles reforzados, Fernández-Pacheco subrayó la importancia de dotar al sistema de transparencia efectiva, de modo que todos los actores del sector puedan acceder a información precisa sobre qué mercancías están ingresando, en qué cantidades y a través de qué puntos de la Unión Europea.
Según reportó el mismo medio, la Junta insiste en que los productos de importación deben cumplir con las obligaciones que enfrentan los productores europeos, de no ser así, podría producirse una distorsión significativa en la competencia y una merma en la viabilidad económica de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas de Andalucía. La administración regional sostiene que la ausencia de controles estrictos y de reciprocidad en las relaciones comerciales permitiría el ingreso de productos que operan bajo normativas menos exigentes, generando así una desigualdad competitiva.
Otro de los puntos abordados por la Junta es la importancia de mantener y reforzar la promoción de los productos agrícolas andaluces, así como el respaldo a través de la Política Agraria Común (PAC). La administración considera que la PAC debe dotar de capacidad suficiente al sector para afrontar los retos creados por el comercio exterior y evitar que los agricultores y ganaderos locales pierdan competitividad frente a las nuevas condiciones de mercado derivadas de acuerdos internacionales como el negociado entre la Unión Europea y el bloque Mercosur.
La Junta de Andalucía también llevó el debate sobre este acuerdo comercial al seno de la Mesa de Interlocución Agraria. Según consignó la fuente, se trata de un foro permanente de diálogo entre la administración y los productores, en el que se recogieron opiniones y propuestas de quienes se ven directamente afectados por la apertura de los mercados y la entrada de productos extracomunitarios. El trabajo realizado en este ámbito busca, según detalló el medio, dar voz a las demandas y preocupaciones del sector ante los responsables políticos y de negociación.
Además, Fernández-Pacheco recalcó en el Parlamento regional que la aplicación efectiva de las cláusulas de salvaguarda constituye una condición indispensable, ya que permitiría activar mecanismos de protección inmediata si la competividad del sector andaluz se viera amenazada. En la misma línea, defendió que Andalucía necesita certidumbre para poder planificar su producción y elaborar estrategias que permitan responder ante cualquier escenario derivado de los acuerdos internacionales, según reportó la fuente original.
El medio detalló que la Junta reiteró la importancia de asegurar la reciprocidad en el cumplimiento de las normas, como requisito esencial para garantizar un mercado justo. El ejecutivo andaluz remarcó que no se opone a la apertura comercial ni al diálogo con los países del Mercosur, pero advirtió que esta apertura no debe llevarse a cabo a costa de perjudicar a los productores locales.
Finalmente, tanto el gobierno regional como el sector consultado a través de la Mesa de Interlocución Agraria coinciden, según reiteró la cobertura, en la exigencia de controles fronterizos más estrictos, transparencia en las importaciones y la adopción de salvaguardas inmediatas ante cualquier situación que amenace los intereses del principal motor económico de la región.
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