La Fiscalía apunta a disidencias de las FARC por el secuestro de la senadora indígena en el sur de Colombia

“Nos hicieron bajar del vehículo y nos llevaron a un lugar desconocido. Nos dijeron que los acompañáramos, que guardáramos silencio, que de lo contrario tendríamos que asumir las consecuencias y que había que esperar que recibieran órdenes”, relató la senadora Aida Quilcué tras ser liberada junto a su equipo de escoltas en el departamento del Cauca, en el sur de Colombia. Con base en estos testimonios y según informó el diario El Tiempo, la Fiscalía General del país ha enfocado su investigación en la autodenominada Columna Dagoberto Ramos, situada entre las disidencias de las FARC, como autora del secuestro. Este hecho se da mientras avanza el proceso de recopilación de pruebas y declaraciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si este grupo armado es el responsable directo.

Según consignó el medio El Tiempo, la privación de libertad de Quilcué y sus acompañantes fue protagonizada por individuos armados que interceptaron el vehículo en el que se trasladaban desde La Plata, Huila, hacia Popayán. La legisladora, integrante de la coalición gubernamental Pacto Histórico liderada por el presidente Gustavo Petro y representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), denunció formalmente el hecho ante las autoridades tan pronto recuperó la libertad. Los miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que la acompañaban también interpusieron denuncias formales relacionadas con su detención, reportó la misma fuente.

El caso se inscribe en un contexto de creciente inquietud por la seguridad de los representantes sociales y políticos en la región, en particular quienes defienden los derechos de los pueblos originarios. La Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, comunicó que el foco de las pesquisas se encuentra en identificar la responsabilidad de la Columna Dagoberto Ramos, un grupo armado que opera en el sur del país y está vinculado a actividades ilegales. Además, el organismo judicial recopila información relevante para conocer el propósito y las condiciones bajo las cuales sucedió el secuestro de la funcionaria y su equipo, informó Caracol.

Aida Quilcué ha destacado en la vida pública por su compromiso con los derechos humanos y la defensa de los pueblos indígenas. En 2021 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y ha ejercido funciones como consejera de Derechos Humanos y de Paz en la delegación nacional ante la UNESCO. De acuerdo con El Tiempo, la legisladora ha sido blanco de amenazas en reiteradas ocasiones. En 2022 declaró que había sido amenazada de muerte más de 100 veces a lo largo de su carrera, lo que ha amplificado la preocupación en torno a la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

El entorno familiar de Quilcué también ha sido marcado por la violencia. Su esposo, Edwin Legarda, murió por disparos de militares cuando se desplazaba en automóvil hacia Popayán, en diciembre de 2008, en el departamento del Cauca. El hecho derivó en condenas públicas de organizaciones indígenas y entidades internacionales de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, según confirmó El Tiempo.

Tras su liberación, Quilcué advirtió sobre el “exterminio físico y cultural” que enfrentan las comunidades indígenas y del continuo riesgo que amenaza a los representantes sociales. Este episodio se produce en medio de un clima de alerta nacional por la escalada de ataques contra líderes políticos y sociales. La situación ocurrió pocos días después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció su responsabilidad en el ataque que resultó en la muerte de dos escoltas del senador Jairo Castellanos, ocurrido en el departamento de Arauca. Según reportó El Tiempo, dicho grupo señaló que la agresión se debió a que el equipo de seguridad del senador no obedeció las directrices impuestas para evitar enfrentamientos con otros actores armados que operan en la zona.

El departamento del Cauca ha sido escenario de episodios de violencia selectiva contra miembros de pueblos originarios y líderes sociales, mientras permanece la amenaza de estructuras armadas disidentes. Organismos de protección y defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de reforzar la seguridad de funcionarios públicos y de las comunidades en riesgo, detalló El Tiempo.

Diversas ONG han expresado preocupación tras conocer el secuestro y posterior liberación de la senadora Quilcué. Las demandas de mayor protección y la exigencia de acciones contundentes contra los responsables de estos hechos se mantienen en el centro del debate público, mientras las autoridades colombianas intensifican las investigaciones para esclarecer el caso y evitar que se repitan situaciones similares, según informaron El Tiempo y Caracol.