Sánchez critica a Musk y avisa: "Hay que tomar el control de las redes porque se está haciendo caja con la salud mental"

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez defendió que una de las respuestas más significativas ante las nuevas políticas de regulación de redes sociales provino de la comunidad científica y de profesionales sanitarios, quienes —según el presidente— respaldaron las restricciones propuestas por el Ejecutivo por considerar que la salud mental de la población, y en particular la de los jóvenes, se encuentra en riesgo. Esta intervención se produjo en el marco de un debate sobre los recientes accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), según reportó el medio El País.

De acuerdo con la cobertura de El País, Sánchez responsabilizó directamente a Elon Musk, dueño de la plataforma X (anteriormente Twitter), por el deterioro de la salud mental de los ciudadanos, en especial de los menores de edad. Durante su intervención, el presidente del Gobierno acusó a Musk de enriquecerse a costa de la salud psicológica de la juventud y destacó la urgencia de ejercer un mayor control sobre las redes sociales. “No hay ley en las redes sociales. Es un Estado fallido y hay que tomar el control de las redes sociales porque se está haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos y ciudadanas, y particularmente de la gente joven”, afirmó Sánchez durante la sesión parlamentaria, una declaración recogida por El País.

La declaración surgió tras un cuestionamiento de Santiago Abascal, líder de VOX, quien reprochó al jefe del Ejecutivo haber anunciado en Dubái políticas orientadas a restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, calificando la iniciativa como un intento de censura bajo el pretexto de proteger a los menores. Según Abascal, este tipo de decisiones buscan prohibir las redes sociales y no responden a preocupaciones reales por la protección de la infancia, según consignó el medio citado.

Sánchez replicó a Abascal señalando que este respalda la postura de Musk, a quien acusó de “infringir constantemente las leyes españolas” y de perseguir la maximización del beneficio económico sin atender las consecuencias sobre los sectores más vulnerables. Insistió en que el debate sobre la regulación digital no se encuadra en parámetros ideológicos tradicionales, sino que constituye una cuestión social que trasciende los colores políticos. En ese sentido, el presidente aludió a la preocupación compartida por familias con distintas preferencias electorales respecto al contenido al que acceden sus hijos en plataformas digitales.

El País detalló que el mandatario amplió la discusión al plano europeo, planteando la posibilidad de establecer una “coalición de voluntarios” entre países como España y Francia —este último ya implementó restricciones para menores de 16 años— en caso de no alcanzarse un consenso total en el Consejo Europeo. Sánchez subrayó que la salud mental y la protección de la infancia deben prevalecer frente a los intereses comerciales de los propietarios de las plataformas.

Las reacciones a las propuestas del Ejecutivo español se extendieron entre los distintos grupos parlamentarios. Según publicó El País, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, criticó que el Gobierno centre su vigilancia en el ámbito digital en lugar de priorizar la mejora de la seguridad ferroviaria. Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, expresó que X dejó de ser un espacio de debate abierto y transparente, y cuestionó la conveniencia de que las cuentas institucionales del Gobierno permanezcan en esa plataforma. Martínez justificó su rechazo señalando que la plataforma permite prácticas como la promoción del acoso organizado, la fabricación de imágenes falsas mediante inteligencia artificial y la difusión de pornografía infantil, además de haber firmado acuerdos con el Pentágono para entregar información. “X no es una plaza pública, ya no es un ágora digital y nunca volverá a serlo. Ahora es una herramienta al servicio del fascismo”, manifestó la representante de Sumar, quien propuso migrar las cuentas gubernamentales a plataformas alternativas y asegurar su transparencia.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC), intervino afirmando que elegir entre un oligarca multimillonario beneficiado por la explotación digital y el propio presidente nacional retrata una preferencia política insólita. Según recogió El País, Rufián cuestionó la prioridad de limpiar las redes de menores frente a la rapidez con la que deberían eliminarse perfiles responsables de delitos como la pedofilia o la difusión de noticias falsas.

El debate también incorporó denuncias sobre delitos contra la infancia que, según diversos representantes como Mertxe Aizpurua de EH Bildu, se perpetúan con impunidad en plataformas como X, Facebook, Instagram, Telegram y WhatsApp. De acuerdo con la portavoz abertzale, la protección insuficiente facilita ataques contra la libertad sexual, política y los derechos humanos, mientras algoritmos promueven el odio y la exclusión. Aizpurua afirmó que la regulación propuesta supone un desafío a los intereses económicos y políticos de los titulares de estas plataformas y que las medidas deberían responsabilizar a las empresas y sus dueños de lo que ocurre dentro de sus servicios.

El País indicó que en el Congreso ya se tramita un proyecto de ley orgánica de protección de menores en el entorno digital. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, expresó extrañeza por el anuncio del Gobierno fuera de España y por el momento elegido, dado que la normativa está en debate y que el texto actualmente en tramitación, así como sus enmiendas, no recogen las medidas propuestas por Sánchez. Vaquero consideró el asunto de suma relevancia y advirtió sobre la naturaleza dual de las redes, capaces de ofrecer grandes posibilidades a la sociedad, pero también de servir como espacios donde prosperan la desinformación y el discurso de odio que afectan gravemente la salud mental de los jóvenes.

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, consideró insuficiente la prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Según defendió, la legislación vigente ya impide el acceso a menores de 14, pero la edad media de exposición al contenido pornográfico se sitúa en los 8 años. En opinión de Belarra, la solución debe basarse en educación integral y en gravar con impuestos a las plataformas que diseminan violencia y odio, destinando los fondos recaudados a la educación sexual en todos los niveles. Además, planteó la creación de una red social pública con un algoritmo transparente como alternativa, según recogió el medio.

El País relató que durante el tenso intercambio en el pleno, se evidenciaron posturas encontradas respecto a las medidas propuestas por el Gobierno y al papel de las grandes plataformas digitales en la vulnerabilidad de los menores y la protección tanto de su bienestar como de sus derechos. Las opiniones reflejaron desacuerdos sobre la necesidad, el alcance y la eficacia de las regulaciones propuestas, mientras distintos portavoces enfatizaban la urgencia de actuar para contrarrestar los efectos sobre la salud mental que, sostienen, genera el actual funcionamiento de las redes sociales.