El Gobierno asegura que el futuro Real Decreto de regularización de migrantes respetará las obligaciones europeas

La Comisión Europea comunicó a España la importancia de que el nuevo plan de regularización de migrantes contemple posibles efectos en los demás países de la Unión Europea. De acuerdo con Europa Press, el organismo europeo señaló que la concesión de una residencia no significa que los beneficiarios puedan movilizarse libremente por el resto del espacio comunitario. El aviso llegó mientras España continúa elaborando el texto final de un Real Decreto para regularizar a más de medio millón de extranjeros en situación irregular, una decisión adoptada en enero tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos.

Según informó Europa Press, las advertencias de Bruselas fueron expuestas en un debate en el Parlamento Europeo, donde el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, insistió en que deben respetarse las reglas comunes del bloque y controlar la movilidad tras la regularización. Brunner remarcó que “un permiso de residencia no es un cheque en blanco” y subrayó la regla de que si un beneficiario de la medida fuera detectado residiendo ilegalmente en otro Estado miembro, tendría que regresar al país que le otorgó el permiso.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones comunicaron a Europa Press que el nuevo Real Decreto avanzará conforme al “respeto a las obligaciones adoptadas a nivel europeo”. Estas voces oficiales detallaron que el texto incluirá observaciones obtenidas en el trámite de audiencia pública y que se sigue la tramitación urgente según lo solicitado por el Consejo de Ministros el 27 de enero. El proceso ha recogido y evaluado propuestas de distintos sectores, con el objetivo de lograr un texto legal plenamente ajustado a las exigencias jurídicas establecidas por la ley española y europea.

La iniciativa responde a un proceso extraordinario que se dirige especialmente a personas extranjeras que hayan residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar una estancia continuada de al menos cinco meses mediante documentos públicos, privados o combinaciones de ambos. Europa Press explicó que los solicitantes de protección internacional solo tendrán que demostrar que su petición fue realizada dentro del plazo y que puedan acreditarla documentalmente. La medida excluye a quienes tengan antecedentes penales o representen una amenaza para el orden público, en línea con las exigencias comunitarias y nacionales.

El permiso concedido a través de esta vía tendrá inicialmente una validez de un año y, tras ese período, las personas deberán ajustarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. Según detalló Europa Press, el objetivo es favorecer la integración plena y progresiva de los migrantes en el país. El alcance del Real Decreto incluye a personas que llevan años en España, así como a inmigrantes que solicitaron protección internacional y aún no obtuvieron respuesta o recibieron una negativa, quedando fuera de los procesos habituales de regularización y arraigo.

Además, la norma prevé la posibilidad de regularizar a los hijos menores que se encuentren en territorio español junto con sus progenitores, otorgándoles un permiso especial por cinco años. Según Europa Press, este componente familiar constituye una parte relevante del enfoque adoptado y busca facilitar el acceso a derechos y servicios de los menores afectados.

El proceso no diferencia entre nacionalidades y su aplicación general se determinará por el cumplimiento de los requisitos formales y de permanencia. Como enfatizaron fuentes gubernamentales recogidas por Europa Press, el texto retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió más de 700.000 firmas y alcanzó el Congreso de los Diputados a principios de 2024, aunque se mantuvo sin avances ante la negativa del grupo Vox y la falta de consenso final.

La Secretaría de Estado de Migraciones explicó que la tramitación urgente ha recabado todos los informes legales necesarios y que el trabajo actual se centra en la incorporación de las sugerencias de los distintos actores que participaron en la fase de audiencia pública. Desde el inicio del trámite, el Ejecutivo subrayó que la regularización debe guiarse por principios de humanidad, solidaridad y responsabilidad, conforme se ha marcado en la política migratoria nacional y adaptándolo a la regulación europea.

El Real Decreto en preparación modifica el Reglamento de la Ley Orgánica de derechos y libertades de extranjeros, adaptando su articulado para que la extraordinaria regularización cumpla con los límites y requisitos impuesto tanto por la normativa española como por las directivas y recomendaciones de la Unión Europea. Europa Press detalló que, conforme avance la tramitación y se cierre el texto definitivo, la administración continuará informando sobre las condiciones, procedimientos y garantías que regirán en el proceso y sus siguientes fases.