EEUU muestra su "preocupación" por la pérdida de poder de Perú para supervisar el Puerto de Chancay ante China

La declaración del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que aceptó un recurso de amparo a favor de Cosco Shipping Lines sobre la supervisión estatal del megapuerto de Chancay, generó reacciones internacionales de alto nivel, incluyendo manifestaciones oficiales desde Washington respecto al control estratégico sobre infraestructuras críticas en la región. El fallo judicial, emitido en 2024, favoreció a la firma estatal china frente al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), considerado por Cosco como una vulneración de sus derechos de control sobre el puerto. La resolución judicial permite a la empresa asiática un mayor grado de autonomía, lo que acrecentó la atención sobre la capacidad de Perú para fiscalizar una de sus instalaciones portuarias más relevantes.

Según reportó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno estadounidense en su cuenta de la red social X, Estados Unidos expresó su “preocupación” ante informes recientes que apuntan a que Perú podría perder la facultad de supervisar el Puerto de Chancay, considerado uno de los más grandes del país y en manos de la empresa Cosco Shipping Lines, controlada por el Estado chino. El mensaje oficial remarcó: “Estamos preocupados por los últimos informes de que Perú podría quedar sin el poder para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que está bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos”. El comunicado estadounidense incluyó una advertencia dirigida tanto a la región latinoamericana como al ámbito global, señalando la influencia que pueden ejercer inversiones extranjeras en infraestructuras esenciales: “Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”.

El medio también resaltó el respaldo de la administración estadounidense a la posición soberana de Lima sobre activos estratégicos en su territorio. “El Gobierno estadounidense ha aprovechado su mensaje para apoyar 'el derecho soberano' de Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio”, especificó la cobertura original. La capacidad para ejercer control sobre puertos principales tiene repercusiones en la seguridad y la economía nacional, y se interpreta en contexto de crecientes inversiones extranjeras en sectores de logística y transporte de América Latina.

El Megapuerto de Chancay representa un proyecto de alto impacto económico y estratégico. La iniciativa, bajo el liderazgo de Cosco Shipping con el 60% de la propiedad, y en alianza con la minera peruana Volcan Compañía Minera como accionista local, figura como el primer puerto construido por una empresa china en territorio latinoamericano. El monto total previsto para la inversión del proyecto sobrepasa los 3.500 millones de dólares (2.944 millones de euros), según consignó la información original. Su ubicación y magnitud convierten a Chancay en un nodo clave para el flujo comercial transpacífico, facilitando la entrada de mercancías y materias primas entre Sudamérica y Asia, e incrementando el valor estratégico de la infraestructura para ambos continentes.

Cosco Shipping Lines recurrió a la vía judicial en Perú al presentar su demanda de amparo, argumentando que la supervisión ejercida por Ositran infringía sus derechos de control sobre la operación portuaria. Tras ser considerado fundado el recurso en el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, se confirmó la restricción de las autoridades peruanas para intervenir en la fiscalización del puerto en los términos previos. Esta decisión fue interpretada por sectores internacionales como un desplazamiento del poder de supervisión estatal a manos privadas extranjeras, según la interpretación compartida por la administración estadounidense.

El mensaje desde Washington vincula la cuestión de Chancay con una tendencia regional, donde la entrada de capitales y empresas de China en infraestructuras sensibles es observada con atención por actores internacionales. Según la cobertura de la fuente, la advertencia estadounidense subraya el debate en torno a los riesgos para la autonomía nacional frente a capitales foráneos, en particular cuando los proyectos involucran instalaciones catalogadas como estratégicas, tanto por su dimensión económica como por su relevancia para la seguridad nacional y la integración regional.

El fallo judicial de Lima sobre el puerto de Chancay y la reacción estadounidense se producen en un contexto en el que China se ubica como uno de los principales inversionistas y socios comerciales de América Latina, impulsando megaproyectos de infraestructura que incluyen puertos, carreteras y redes de telecomunicaciones. De acuerdo con la fuente, la inversión proyectada en Chancay forma parte de una apuesta de largo plazo por fortalecer la conectividad logística entre China y los países latinoamericanos. No obstante, decisiones como la emitida por el juzgado peruano plantean cuestionamientos sobre la presencia estatal en la regulación de terminales de gran escala.

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su oficina para el Hemisferio Occidental, utilizó la coyuntura para reiterar la importancia de respetar la potestad de los gobiernos nacionales en la gestión y supervisión de infraestructuras críticas. Según difundió la fuente, la administración estadounidense insiste en que mantener el control estatal sobre este tipo de activos es un elemento esencial para proteger la soberanía de los países receptores de inversión.

El proceso legal que enfrentó Cosco Shipping Lines en Perú evidenció disputas entre autoridades regulatorias locales y compañías multinacionales respecto de los límites y alcances de la supervisión pública, en un entorno marcado por el aumento de inversión extranjera directa en sectores estratégicos latinoamericanos. El Megapuerto de Chancay, por sus dimensiones y características, representa una pieza relevante dentro del esquema de conectividad comercial regional y transoceánica, y el debate en torno a su supervisión trasciende el caso local para insertarse en discusiones amplias sobre soberanía, seguridad y relaciones internacionales, según el análisis expuesto por los pronunciamientos estadounidenses citados.

El avance del proyecto portuario, junto con la resolución judicial y las reacciones internacionales, sitúan al Puerto de Chancay como un punto clave en el escenario regional, donde convergen intereses económicos, regulatorios y geopolíticos.