Seguridad Social reunirá mañana a los agentes social para avanzar en la mejora de las bajas médicas

El informe publicado recientemente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) identificó como una cuestión central la dificultad que presenta la separación de competencias entre quienes conceden la incapacidad temporal, es decir, los médicos de atención primaria, y el organismo que asume la carga financiera, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dentro de un contexto marcado por la descentralización de la sanidad en España. Según consignó el medio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha citado a los principales sindicatos y organizaciones empresariales para avanzar en la reforma del sistema de incapacidades temporales tras más de seis meses sin convocar la mesa de diálogo social.

Tal como detalló la AIReF en su estudio, el gasto destinado a las prestaciones por incapacidad temporal se triplicó en España desde 2014. La incidencia de bajas médicas por contingencias comunes creció aproximadamente un 60% entre 2017 y 2024, mientras que la duración media de las bajas subió un 15% en el mismo periodo. El medio informó que estos datos impulsaron la decisión del ministerio dirigido por Elma Saiz de retomar negociaciones con los agentes sociales a partir del lunes 9 de febrero, a las 11:30 horas en una nueva ronda de diálogo social.

El informe de la AIReF, presentado el pasado miércoles, profundizó en las causas de lo que calificó como “deficiencia estructural” del sistema de gestión de la incapacidad temporal. Según el organismo que lidera Cristina Herrero, la descentralización del sistema de salud en España incrementa la complejidad de coordinar la parte médica y la financiera, lo cual provoca desigualdades y dificultades para controlar el gasto. Además, la AIReF comparó la situación española con la de otros sistemas europeos, recordando que el aumento de bajas tras la digitalización del proceso no es un problema exclusivo de España.

El medio detalló que la Seguridad Social retomó el diálogo con sindicatos y patronal en cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en su momento, para la reforma de las pensiones. El plan de trabajo incluye propuestas como la reincorporación progresiva al puesto laboral tras una baja médica, ahora denominadas “alta progresiva”, pensadas especialmente para trabajadores que hayan atravesado bajas de larga duración y siempre que un informe médico demuestre que la vuelta escalonada es beneficiosa para la persona.

Según publicó el medio, el Ejecutivo también propuso durante estos meses de negociaciones ampliar el margen de actuación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, de modo que puedan proponer altas no solo en casos de incapacidades por contingencia común de hasta 365 días —como permite la norma actual— sino también en expedientes que superen el año de duración.

En cuanto a la postura sindical, tanto CCOO como UGT manifestaron su desacuerdo ante cualquier intento de acelerar sin justificación los procesos de recuperación del personal en situación de baja médica. Según reportó el medio, estas organizaciones solo apoyan la instauración del alta progresiva si existe una valoración médica que certifique la idoneidad del proceso para el paciente. Asimismo, ambos sindicatos se mostraron contrarios a relacionar los datos de incapacidades temporales con métricas de absentismo o con el coste económico de la prestación, aunque sí aceptan que, en algunos casos, se pueden valorar reincorporaciones paulatinas tras el alta médica.

De acuerdo con la información publicada, la patronal CEOE centró su intervención en los complementos salariales vinculados a las bajas por contingencias comunes. Defendieron la supresión o revisión de estos pagos adicionales que las empresas otorgan, junto con la prestación proporcionada por la Seguridad Social, y señalaron que estos complementos alcanzan a cubrir casi íntegramente el salario habitual, por lo que consideran que pueden contribuir a aumentar los índices de absentismo. La CEOE subrayó que el absentismo laboral actual en España implica un coste anual de 32.000 millones de euros para empresas y para la Seguridad Social, lo que consideran un problema a abordar a través de la modificación de los convenios colectivos.

Según reportó el medio, la AIReF presentó propuestas para afrontar la situación, como la creación de un sistema de información compartido y la mejora de la supervisión y el seguimiento de los procesos de baja, además de fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El organismo independiente recomendó también potenciar la colaboración con los médicos de atención primaria y aumentar el compromiso de las grandes empresas en la gestión de la prestación y en la promoción de la salud laboral, sugiriendo la evaluación de los tiempos de espera asociados a los trámites de bajas laborales.

El documento de la AIReF recogió además la recomendación de articular un sistema de alerta temprana para detectar signos de absentismo laboral, aplicable cuando el INSS identifique indicios en ese sentido. Este procedimiento implicaría la intervención conjunta del médico de familia, el trabajador y la empresa, y buscaría una mayor eficacia en el control de la prestación, según consignó el organismo.

En cuanto a la digitalización de los partes de baja, la AIReF recordó que la expedición electrónica del parte de incapacidad, que exime al trabajador de presentar documentos en papel, se tradujo en poblaciones como Alemania en un crecimiento de las solicitudes de baja, aspecto que requiere, a juicio del organismo, una evaluación específica sobre los efectos del automatismo en la gestión de incapacidades.

Durante la mesa tripartita, Seguridad Social, patronales y sindicatos analizarán estas cuestiones con vistas a definir nuevas medidas que permitan transformar la gestión de la incapacidad temporal, ajustar los incentivos y reforzar los controles, según concluyó la cobertura del medio.