La reciente convocatoria de huelga por parte de los maquinistas de trenes, motivada por la acumulación de incidencias en las vías y en el servicio ferroviario, se encuadra en un contexto de alta tensión entre el Gobierno central y los trabajadores del sector. En paralelo, el Partido Popular (PP) ha presentado una iniciativa en la Cámara Baja solicitando una auditoría externa de manera inmediata sobre toda la red de alta velocidad, con el objetivo de analizar minuciosamente las vibraciones y las incidencias detectadas en las infraestructuras ferroviarias de España. Según detalló Europa Press, esta proposición surge tras una serie de incidentes graves y la creciente inquietud social sobre la seguridad, la calidad y la gestión del transporte ferroviario en el país.
El accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado enero, en el que dos trenes colisionaron y 46 personas perdieron la vida, ha incrementado la presión sobre las autoridades y ha intensificado el debate político en torno al estado actual de la red ferroviaria nacional. Europa Press informó que esta tragedia figura como uno de los detonantes clave en la elaboración y el impulso de la propuesta del PP, cuyo propósito es dar respuesta a lo que la formación popular describe como un "caos ferroviario" instalado en el tiempo.
La proposición no de ley presentada por el PP plantea, en palabras del partido, "corregir el caos ferroviario", subrayando que los pasajeros han experimentado un deterioro "continuo, progresivo e inadmisible" en el servicio. Europa Press recogió que el texto sometido a debate enumera múltiples problemas: retrasos sistemáticos, cancelaciones, vibraciones intensas, roturas de catenaria, descarrilamientos, errores en la infraestructura y en los trenes, además de una falta recurrente de información y atención insuficiente a los pasajeros afectados.
El medio Europa Press detalló que el PP desea someter a la red ferroviaria a un examen externo e independiente, que abarque distintas líneas con variables densidades de tráfico y permita comparar los estándares de mantenimiento observados en cada una de ellas, especialmente tras el aumento de usuarios y desplazamientos registrado en los últimos años. Este análisis externo sería clave, en opinión del partido, para identificar las debilidades y establecer comparativas objetivas entre los diferentes tramos y servicios.
Además de la auditoría, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo solicita que se ponga en marcha un plan de choque extraordinario para la red ferroviaria, una exigencia alineada con una disposición adicional de la Ley de Movilidad Sostenible, cuya fecha límite de implementación se sitúa antes del 5 de abril del año en curso, según la información difundida por Europa Press. Este plan de choque tendría que identificar de manera exhaustiva todas las limitaciones temporales de velocidad que se deban a deficiencias en la infraestructura, junto con las actuaciones necesarias para resolverlas y reducir el impacto de las incidencias en servicios de media y larga distancia, Cercanías y Rodalies, considerados esenciales para la movilidad cotidiana de millones de personas.
La propuesta también contempla la elaboración de un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de eventos extraordinarios, tanto en estaciones como en los propios trayectos, bajo la supervisión directa de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias del país, como describió Europa Press. Esta medida apunta a mejorar el acompañamiento y la información que reciben los usuarios durante situaciones de crisis o interrupciones críticas en el servicio.
En el terreno regulatorio, el PP exige la aprobación sin demoras del Estatuto orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Europa Press recordó que una ley aprobada en 2024 ya establecía el plazo para contar con este órgano antes de agosto de 2025, plazo que aún no se ha cumplido, lo que ha derivado en críticas por parte de diferentes sectores políticos y sociales.
En el ámbito internacional, el PP solicita que se lleve a cabo la transposición inmediata de la Directiva Europea sobre la resiliencia de las entidades críticas, de la cual depende la adecuación del entorno regulatorio español a las exigencias comunitarias europeas, según enfatizó Europa Press. La Comisión Europea emitió en julio de 2025 un dictamen motivado dentro de un procedimiento de infracción, tras detectar el retraso o la falta de esta transposición, lo que supone riesgos regulatorios para el país.
El partido también planteó en su proposición la recuperación de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis. Europa Press explicó que este organismo desapareció en julio de 2025 como consecuencia de la creación del Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención de las víctimas de accidentes. Según el grupo parlamentario del PP, la supresión de esta unidad dejó a la red ferroviaria y al sistema de emergencias sin una herramienta esencial para la gestión y la respuesta a incidentes graves.
Europa Press profundizó en el impacto político de esta situación, puntualizando que las deficiencias en el sistema y los acontecimientos recientes han erosionado la confianza entre el Ejecutivo central y sus socios de investidura, con partidos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya pidiendo la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. El titular del Ministerio ha comparecido ante el Senado y el Congreso para dar explicaciones sobre el estado de la red y las medidas adoptadas tras los incidentes y demandas de mejora.
La jornada en el Congreso que debatirá la proposición del PP incluirá la exposición de los argumentos de distintos partidos acerca de la gestión de la red ferroviaria, el papel del gobierno en la supervisión y su respuesta frente a las exigencias ciudadanas de mayor seguridad y calidad en el transporte. La decisión sobre la auditoría externa, los planes de modernización y las reformas regulatorias planteadas será objeto de seguimiento por parte de diversos colectivos, incluidos sindicatos, usuarios y especialistas en movilidad y transporte, de acuerdo con la cobertura realizada por Europa Press.
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