Sánchez prohibirá las redes sociales a menores de 16 años y perseguirá a plataformas que no eliminen contenido de odio

El Ejecutivo español tiene previsto afrontar la polarización digital recogiendo y trazando la cantidad de discursos de odio y mensajes ilegales que circulan en las redes, según informó El País. Así lo comunicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció que la próxima semana el Consejo de Ministros aprobará una serie de medidas destinadas a limitar el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y a imponer obligaciones más estrictas a las empresas tecnológicas que operan en España.

De acuerdo con El País, Sánchez presentó estas iniciativas durante su participación en la Cumbre Mundial de los Gobiernos que se realizó en Dubái. Entre las propuestas se encuentra la prohibición del uso de redes sociales para personas menores de 16 años, además del refuerzo de los sistemas de verificación de edad que deberán aplicar las plataformas digitales. Sánchez subrayó la necesidad de proteger a los jóvenes frente a los riesgos asociados al uso de tecnologías y redes sociales, incidiendo en que las firmas tecnológicas tendrán la responsabilidad de verificar de manera efectiva la edad de sus usuarios para cumplir con esta nueva exigencia legal.

El medio El País detalló que el Gobierno busca establecer un mecanismo para rastrear, cuantificar y hacer trazable el contenido catalogado como de odio o ilegal, con el fin de poder analizar y evaluar la magnitud de los discursos polarizantes que se difunden a través de estas plataformas. Este sistema, conocido como “Huella de Odio y Polarización”, permitiría a las autoridades determinar el grado de influencia y extensión de estos mensajes en el entorno digital español.

El presidente del Gobierno expuso que tanto las empresas responsables de las redes sociales como sus directivos deberán atenerse a nuevas sanciones si sus plataformas no retiran los contenidos que incurran en mensajes ilegales u odio, según consignó El País. Con esta medida, el Ejecutivo aspira a reforzar el control sobre la actividad de plataformas como Grok, TikTok e Instagram, y no descarta explorar vías de actuación penal en cooperación con la Fiscalía para enfrentar potenciales infracciones cometidas por estas compañías.

Las iniciativas anunciadas también incluyen la colaboración con la Fiscalía para determinar la forma de investigar y sancionar legalmente a las empresas tecnológicas que incumplan con sus obligaciones de eliminar contenidos delictivos o de odio. El diario El País indicó que el Gobierno pretende dotarse de herramientas para una respuesta más firme ante aquellas empresas que desafían los requerimientos dictados por la ley española, incrementando la presión sobre sectores que, hasta ahora, han contado con una regulación limitada en este ámbito.

La intervención de Sánchez en Dubái, reseñada por El País, forma parte de un debate internacional acerca del papel de las grandes plataformas tecnológicas en la propagación de discursos extremistas y polarizantes mediante algoritmos y sistemas que no distinguen de manera efectiva el contenido dañino. El Gobierno español, según lo anunciado, busca situar al país a la vanguardia en la elaboración de medidas específicas y sistemas de cuantificación que permitan un mayor control de los riesgos derivados del entorno digital.

El plan presentado por el presidente incluye reformas normativas que obligarán a las compañías tecnológicas a instaurar procesos automáticos y verificables para comprobar la edad de sus usuarios, de forma que se restrinja el uso de las redes sociales a menores de 16 años. Según explicó Sánchez en la Cumbre Mundial de los Gobiernos y recogió El País, estas medidas forman parte de una estrategia integral para contrarrestar el auge de la polarización y el discurso de odio en el entorno virtual, al tiempo que se fortalece la protección de la infancia frente a los riesgos inherentes a la digitalización.

La propuesta del Gobierno, detalló El País, responde a un contexto de preocupación social y política acerca del impacto que tienen los contenidos nocivos en la sociedad, especialmente en la juventud. Sánchez expresó la voluntad de su gabinete de ofrecer respuestas legislativas y judiciales más contundentes frente a empresas que no asuman un papel activo en la eliminación de publicaciones ilegales o peligrosas.

Además de centrarse en la regulación del acceso de los menores y en la eliminación de discursos ilegales, la nueva normativa planifica mecanismos de cooperación con instituciones como la Fiscalía para examinar posibles vías de investigación penal hacia las tecnológicas que no cumplen la ley. El Ejecutivo sostiene que este enfoque permitirá no solo proteger a los colectivos más vulnerables frente al uso de redes sociales, sino también vigilar y sancionar a quienes fomenten la propagación de mensajes que alimentan la polarización en internet.

El País mencionó que la propuesta incluye la colaboración directa entre el Gobierno y los órganos judiciales para afianzar la persecución jurídica de las plataformas que incumplan sus responsabilidades. El objetivo de Sánchez, detalló el medio, es robustecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la creciente complejidad y dimensión del fenómeno del odio digital, así como anticipar tendencias para poder actuar con rapidez ante nuevas formas de delito en línea.

La intervención de Sánchez en Dubái marca un paso en la acción del Ejecutivo por situar a España en un nuevo escenario normativo digital, donde el control de los discursos y la protección de menores accederá a una legislación más exigente, según reportó El País. Las plataformas digitales, sus responsables y las compañías tecnológicas que gestionan las aplicaciones de redes sociales deberán adaptarse a un futuro con mayores controles, sanciones reforzadas y la exigencia de procedimientos claros para cumplir con las nuevas obligaciones legales que el Gobierno prevé aprobar en el corto plazo.