Le Pen conocerá hoy la requisitoria fiscal en el juicio que condiciona su futuro político

París, 3 feb (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, conocerá este martes la requisitoria fiscal en su juicio en apelación por malversación de fondos europeos, por el que fue condenada a cinco años de inhabilitación para ejercer cargo público, lo que bloquea por el momento su ambición de presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales de 2027.

La petición de penas de los representantes del Ministerio Público contra ella y otros once miembros de su partido Agrupación Nacional (antes Frente Nacional) de los veinticuatro condenados en primera instancia está previsto que comience a las 13.30 horas, tras la intervención por la mañana de los abogados del Parlamento Europeo.

En este juicio en apelación, que comenzó el pasado 13 de enero, Le Pen busca revertir la condena dictada en primera instancia en marzo de 2025 por malversación de fondos públicos de la Eurocámara, que le impuso cuatro años de cárcel —dos exentos de cumplimiento— y cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.

En primera instancia, los jueces consideraron probado que Le Pen había heredado de su padre un sistema de financiación ilegal de su partido, mediante el uso de fondos destinados a asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016. El perjuicio estimado para la Eurocámara fue de más de 4 millones de euros.

En el juicio en apelación, Le Pen adoptó una estrategia de defensa basada en la involuntariedad y la buena fe. "Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho", afirmó, subrayando que no existió intención de establecer un sistema para financiar ilegalmente su partido con fondos europeos.

Argumentó que todas sus actuaciones fueron públicas y que el Parlamento Europeo nunca les advirtió de posibles irregularidades.

La dirigente sostuvo que los contratos de asistentes parlamentarios se realizaron con transparencia y que los empleados trabajaban tanto para los eurodiputados como para el partido, en lo que consideró una práctica común.

En su defensa, Le Pen alegó desconocimiento del reglamento de la Eurocámara y reprochó a la institución no haberle llamado al orden pese a conocer las prácticas que ahora se juzgan.

La presidenta del tribunal, Michèle Agi, confrontó a Le Pen con pruebas sobre la contratación de su secretaria particular, Catherine Griset, y de su guardaespaldas, Thierry Légier, ambos pagados con fondos europeos.

Le Pen admitió errores administrativos, como permitir que Griset trabajara en la sede del partido, pero negó que existiera un sistema organizado de desvío de fondos.

También reconoció que su padre, Jean-Marie Le Pen, ideó el modelo de "mutualización" de asistentes parlamentarios, aunque lo consideró una práctica corriente y no irregular.

El tribunal ya ha aceptado acotar parte de la acusación, descartando un 30 % de los contratos cuestionados, lo que supuso una primera victoria para su defensa. A lo largo del proceso, Le Pen ha mantenido un tono más moderado que en la primera instancia, evitando confrontaciones directas y apelando a la transparencia de sus actos.

Por tanto, la declaración de Marine Le Pen en el juicio en apelación se centró en defender su inocencia desde la buena fe, admitir posibles errores sin intención delictiva y denunciar la falta de advertencias por parte del Parlamento Europeo.

Su estrategia busca convencer al tribunal de que no existió voluntad de malversar fondos y obtener así una resolución que le permita mantener sus aspiraciones a ser la primera presidenta de Francia.

El juicio en apelación está previsto que termine el próximo 13 de febrero y la sentencia se espera antes del verano.

Le Pen, que fue candidata a la presidencia francesa en 2012, 2017 y 2022, podría ver frustrado su intento de competir por cuarta vez en 2027 si la justicia confirma la sentencia inicial. EFE