Un tribunal francés ordena detener a dos activistas franco-israelíes por complicidad en genocidio

La apertura formal de la investigación en junio de 2025 respondía a denuncias presentadas más de un año antes por organizaciones de derechos humanos contra dos activistas franco-israelíes, Nili Kupfer-Naouri y Rachel Touitou, a raíz de sus intervenciones en el bloqueo de ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza. Según informó el medio francés 'L'Humanité', la Sala Penal del Tribunal de Apelación de París ha solicitado la detención de ambas mujeres por presunta complicidad en genocidio e incitación al genocidio.

De acuerdo con 'L'Humanité', las acciones bajo investigación se remontan a la campaña activa que comenzó en 2024, en la que la organización Tsav 9 —representada por Touitou— bloqueó en repetidas ocasiones el paso de camiones cargados con suministros para la población gazatí. Touitou, portavoz de ese colectivo, reconoció públicamente su papel en tales bloqueos. Por otro lado, Israel Is Forever, liderada por Kupfer-Naouri, realizó iniciativas para convocar a voluntarios e incentivar la participación ciudadana en ese tipo de movilizaciones. La propia Kupfer-Naouri llegó a declarar en televisión: "Es absolutamente inmoral siquiera considerar, ni por un segundo, abastecer a la población civil, que es todo menos inocente".

El procedimiento judicial se originó por la denuncia presentada en noviembre de 2024 por la Unión Judía Francesa por la Paz y un ciudadano franco-palestino, quien contó con el respaldo de la asociación NIDAL. Posteriormente, entidades como la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Al Haq, el Centro Al Mezan de Derechos Humanos y el Centro Palestino de Derechos Humanos se sumaron a la iniciativa, detalló 'L'Humanité'. Según el comunicado conjunto de estos colectivos, la resolución judicial representa "un paso legal crucial", calificando la actuación de la justicia francesa como una medida poco habitual en el ámbito de los crímenes de lesa humanidad.

Nili Kupfer-Naouri, por su parte, manifestó al portal proisraelí The News que había recibido una citación judicial, correspondiente a comparecencia ante el tribunal y no a una orden de detención. En sus declaraciones dejó claro que no planea regresar a territorio francés ni presentarse ante las autoridades policiales o penitenciarias, afirmando: "Ya no podré pisar Francia porque no tengo intención de ir a prisiones francesas, ni bajo custodia policial ni de ninguna otra manera". Kupfer-Naouri, a través de la misma entrevista, acusó al sistema judicial francés de incurrir en un "frenesí antisemita".

Rachel Touitou analizó el accionar de la justicia desde otra perspectiva. Según consignó 'L'Humanité', expresó su convicción de que los jueces franceses reaccionan más rápidamente ante denuncias relacionadas con la situación en Gaza en comparación con actuaciones consideradas apologías del terrorismo cometidas por parlamentarios de la extrema izquierda.

Las organizaciones que impulsaron la denuncia subrayaron la relevancia del fallo judicial al considerar que la adopción de medidas cautelares de detención resulta inusual en los casos relacionados con crímenes internacionales. Según informa 'L'Humanité', describieron estas acciones como decisivas para el desarrollo de la causa penal.

El proceso penal en curso pone el foco en las responsabilidades individuales derivadas de las interrupciones a la entrega de ayuda humanitaria, en el contexto del conflicto entre Israel y Gaza. El expediente judicial se sostiene sobre las pruebas presentadas por distintas asociaciones francesas e internacionales de derechos humanos, así como en las declaraciones públicas de las dos activistas implicadas y en las intervenciones organizadas desde las entidades que representan.

El avance de este caso movilizó a diversas agrupaciones en defensa de los derechos fundamentales, que celebraron el reciente fallo como una señal del compromiso de la justicia francesa con la rendición de cuentas en el marco de las crisis humanitarias. Según concluye 'L'Humanité', la decisión adoptada por el Tribunal de Apelación de París podría convertirse en un precedente dentro del análisis de la implicación de particulares en operaciones que afectan la asistencia humanitaria internacional.