Sumar pregunta al Gobierno sobre los "criterios" para el sello IMV concedido "únicamente" a tres entidades desde 2022

La diputada de Sumar, Aina Vidal, ha alertado sobre el bajo número de beneficiarios que presentan algunas de las organizaciones distinguidas con el Sello de Inclusión Social, planteando dudas sobre si el Gobierno considera suficiente que solo hayan participado menos de cinco personas anualmente en ciertos casos, e incluso uno solo en algunos años. Esta inquietud ha sido recogida en una pregunta escrita dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados, en la que se solicita claridad acerca de los criterios que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aplicado para la selección de las entidades galardonadas, según informó Europa Press.

Sumar, en el texto al que accedió Europa Press, cuestiona la decisión de conceder el Sello de Inclusión Social únicamente a tres entidades desde que la distinción entró en vigor en el verano de 2022. La diputada Aina Vidal plantea en su escrito: "¿Es correcto que únicamente 3 entidades hayan obtenido el Sello de Inclusión Social? Si es así, ¿Cómo evalúa el Gobierno que únicamente 3 entidades lo hayan obtenido y otras 4 hayan aspirado a obtenerlo?". La inquietud se extiende a la especificidad de los criterios utilizados para otorgar la distinción a las entidades adscritas al Grupo Adecco y a Sogeviso.

Según consignó Europa Press, desde el inicio del programa de reconocimiento, solo se han tramitado siete solicitudes para el Sello de Inclusión Social. De esta cantidad, cuatro fueron rechazadas, entre ellas las presentadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y la constructora Voracys, según reportó el medio online CIVIO. Por el contrario, la aprobación recayó en tres entidades: Sogeviso, Adecco TT y la Fundación Adecco, todas dentro de la categoría de inserción sociolaboral.

En el análisis minucioso de los resultados, la diputada Vidal detalla que Sogeviso, empresa vinculada al Banc de Sabadell especializada en la gestión de activos inmobiliarios, contó con solo dos beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en sus actividades durante 2023 y cuatro en el año posterior. Por otro lado, la empresa de trabajo temporal Adecco TT registró la inclusión de un solo beneficiario tanto en 2023 como en 2024. La Fundación Adecco aparece como una excepción entre las entidades seleccionadas, con una participación superior a cuarenta personas, aunque se desconoce en qué consistieron las actividades concretas realizadas.

En la pregunta oficial dirigida al Ejecutivo, Sumar expone su "dificultad para entender los criterios por los que se otorga el Sello de Inclusión Social". La diputada solicita información detallada sobre los fundamentos utilizados para la concesión del reconocimiento, en particular por qué dos de las entidades aprobadas registran una interacción mínima con beneficiarios del IMV, lo que podría cuestionar la eficacia del programa de distinciones, según el documento consultado por Europa Press.

Este contexto de incertidumbre sobre los criterios para otorgar el Sello se enmarca en problemáticas de gestión señaladas previamente en torno al Ingreso Mínimo Vital. Sumar hace referencia, entre otros aspectos, a la "lentitud en la tramitación de expedientes", un asunto puesto de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en su informe de junio del año anterior. Además, la formación recuerda las "reclamaciones de cantidades percibidas a algunos de sus beneficiarios, en muchos casos debido a errores de la propia administración". Europa Press detalló que se han producido situaciones en que personas perceptoras del IMV han recibido solicitudes de devolución de cantidades por parte de la administración, a raíz de fallas detectadas en el proceso de gestión del ingreso.

El interés de Sumar gira en torno a la transparencia y la equidad en torno al proceso de concesión del Sello de Inclusión Social. El grupo solicita aclaraciones para conocer cómo ha evaluado el Gobierno los expedientes, qué mecanismos de control se han aplicado y hasta qué punto la selección responde a los objetivos de favorecer la inclusión sociolaboral de personas beneficiarias del IMV. Como consecuencia de estas preguntas, queda reflejada la preocupación respecto a si la distinción cumple con los fines para los que fue creada y si los procedimientos administrativos resultan adecuados y justificados a la luz de los datos proporcionados acerca de la participación de beneficiarios, según pudo constatar Europa Press.

La cuestión planteada por Sumar toma especial relevancia dada la baja cifra de aprobaciones y de beneficiarios en determinadas instituciones seleccionadas desde la creación del Sello, aspectos que el grupo considera deben revisarse para garantizar que los reconocimientos recaen sobre aquellas entidades que cumplen un papel efectivo en la integración social y laboral de quienes reciben el IMV, según han planteado en su comunicación oficial.