Indra busca avanzar en la fusión con EM&E en medio de las dudas de Moncloa y la batalla con General Dynamics

El respaldo de Amber Capital, el cuarto mayor accionista de Indra con el 7,24% del capital, ha sumado presión al consejo de administración para avanzar en el proceso de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), mientras persisten las dudas desde el Ejecutivo sobre el rumbo de la compañía. Tal como reportó Europa Press y han recogido medios como ‘Expansión’ y ‘El Confidencial’, Amber Capital sostiene que tanto Indra como EM&E deben coordinar sus estrategias con el fin de consolidar un referente nacional en el sector de la defensa, según manifestó el consejero delegado de Amber Capital, Camilio Azzouz, en ‘Cinco Días’, publicación perteneciente al grupo Prisa, donde Amber es el principal accionista. El consejo de administración está convocado este jueves para analizar el avance de la fusión, en un contexto marcado por el escrutinio del Gobierno respecto a la operación.

Según informó Europa Press, el proceso de integración de Indra y EM&E se lleva a cabo bajo el formato de fusión por absorción, siendo un punto clave la valoración final de EM&E para definir el canje de acciones y el impacto en la estructura accionarial de Indra. Actualmente, el Gobierno es el mayor accionista, con un 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), seguido por EM&E, que posee el 14,3%. Además, existen conflictos de interés dado que Ángel Escribano, presidente de Indra, y Javier Escribano, presidente de EM&E y consejero dominical en Indra, comparten la propiedad sobre EM&E, circunstancia que ha generado inquietudes sobre la gobernanza y el control empresarial en la mayor firma de defensa del país.

En el inicio del proceso de integración, el Gobierno apoyaba la operación, pero actualmente evalúa su conveniencia ante el temor de perder la capacidad de control sobre Indra, especialmente en una coyuntura internacional caracterizada por tensiones geopolíticas. La operación enfrenta múltiples alternativas, que serán consideradas durante la reunión del consejo, incluyendo escenarios distintos al de la absorción directa. De acuerdo con medios como ‘Expansión’ y ‘El Confidencial’, estas alternativas buscan asegurar la continuidad de los intereses públicos y la estabilidad en la propiedad y gestión de la empresa.

Simultáneamente, el consejo está marcado por la litigiosidad que involucra a General Dynamics a través de su filial Santa Bárbara Sistemas. Europa Press ha detallado que Santa Bárbara inició un proceso judicial contra la concesión de contratos estatales y créditos destinados a la alianza entre Indra y EM&E. El Tribunal Supremo ha aceptado tramitar un recurso contencioso-administrativo para estudiar la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% de interés, que fueron otorgados para la prefinanciación de los principales programas de artillería dentro de la estrategia de modernización militar diseñada por el Ministerio de Defensa.

En detalle, los créditos discutidos fueron otorgados para programas de obuses de ruedas, con un monto de 1.181 millones de euros, y para obuses de cadenas, con 1.821 millones de euros. Más allá de cuestionar la prefinanciación, Santa Bárbara ha confirmado que tomará medidas ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, buscando anular los contratos adjudicados a la unión temporal de empresas entre Indra y EM&E. El conjunto de los contratos adjudicados mediante dicha unión asciende a 7.240 millones de euros, de los cuales casi 2.686 millones corresponden al programa de obuses de ruedas y 4.554 millones al de cadenas, cifras manejadas por Europa Press y recogidas en diversos medios económicos.

La disputa entre estas compañías se remonta al año anterior, cuando Indra planteó la compra de la fábrica de Trubia en Asturias a General Dynamics, propuesta que fue rechazada categóricamente por la multinacional estadounidense. Las diferencias han derivado hacia nuevos frentes, incluyendo acusaciones de espionaje industrial por parte de Santa Bárbara contra Indra. Según relataron fuentes a Europa Press, el director jurídico de Indra, Ángel de Álvaro, quien previamente trabajaba en Santa Bárbara, estaría implicado en el incidente, lo que ha provocado tensiones internas adicionales dentro de la organización.

El contexto de estos acontecimientos exhibe un equilibrio delicado entre los intereses empresariales, el peso de la participación pública y las pugnas judiciales que afectan a la industria de defensa en España. Los próximos pasos del consejo de administración de Indra, bajo la presión de accionistas, organismos públicos y competidores internacionales, se presentan como determinantes para el futuro inmediato del sector, de acuerdo a lo publicado por Europa Press y otros medios citados.