La investigación dirigida por la Fiscalía de Ecuador incluye a ocho personas vinculadas con la organización política Revolución Ciudadana, entre las que se encuentra el expresidente Rafael Correa. Las indagaciones apuntan a una presunta recepción de fondos procedentes de Venezuela para el financiamiento de la campaña presidencial de 2023, en la cual Luisa González fue la candidata y perdió en segunda vuelta ante Daniel Noboa. Según información difundida por el Ministerio Público y detallada por el medio, este proceso penal se enmarca en el caso denominado 'Caja Chica' y ha motivado allanamientos en diversos domicilios.
De acuerdo con lo comunicado por la Fiscalía ecuatoriana, Luisa González figura entre las investigadas. Funcionarios realizaron registros en su vivienda en el contexto de un operativo contra el lavado de activos relacionado con supuesta financiación irregular. Además de González, agentes judiciales allanaron los domicilios de Patricio Chávez, diputado de Revolución Ciudadana, así como de Andrés Aráuz, quien fue candidato a la vicepresidencia junto a González en las últimas elecciones y previamente aspiró a la presidencia en 2021. El operativo tuvo lugar el miércoles y abarcó a varios dirigentes y exdirigentes del movimiento político.
La pesquisa se sostiene en una denuncia con reserva de identidad formalizada a fines de noviembre del año pasado, según detalló Rafael Correa a través de publicaciones en sus redes sociales. El exmandatario difundió la notificación de la Fiscalía y criticó la investigación con la expresión: "¡Ni en las peores dictaduras!".
El caso 'Caja Chica' involucra la sospecha de que recursos extranjeros habrían sido canalizados a través de mecanismos ocultos para respaldar la campaña electoral de Luisa González, lo que constituiría el delito de delincuencia organizada para el lavado de dinero. Según la legislación ecuatoriana, este cargo puede acarrear una condena de hasta 30 años de prisión en caso de comprobarse la culpabilidad.
La Fiscalía, al informar sobre estos procedimientos, precisó que en total son ocho los investigados en el marco de esta causa, todos ellos con vínculos directos o históricos con la estructura de Revolución Ciudadana. Entre las acciones ejecutadas por la autoridad figuran registros en sus respectivas propiedades y la recopilación de información documental relacionada con los flujos de fondos durante la campaña electoral.
El medio consignó que para González este proceso constituye la segunda pesquisa judicial vinculada a la financiación de su campaña. En paralelo a la causa dirigida por la Fiscalía, el día 18 de enero recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en la que se le señala por presuntas infracciones relacionadas con la financiación y los gastos incurridos en el desarrollo de la contienda presidencial.
La excandidata dejó su cargo de secretaria general de Revolución Ciudadana ese mismo 18 de enero, lo que coincidió con el avance de las investigaciones y la notificación contenida por el TCE. Los procedimientos penales y administrativos abiertos buscan esclarecer si los recursos utilizados durante la campaña de 2023 provinieron de fuentes externas no permitidas por la normativa electoral ecuatoriana u ocultaron su procedencia mediante mecanismos de lavado de dinero.
El medio detalló que los indicios que han fundamentado los allanamientos y las acciones judiciales forman parte de una causa que sigue bajo reserva en varias de sus etapas, mientras la Fiscalía continúa el proceso de recolección de evidencia y toma de declaraciones de los involucrados o testigos relacionados con las supuestas irregularidades. El equipo fiscal busca determinar la trazabilidad de los flujos financieros e identificar cualquier conexión con estructuras extranjeras.
Finalmente, los hechos investigados han generado repercusiones en el entorno político, especialmente entre figuras históricas de Revolución Ciudadana, quienes han manifestado su rechazo a las diligencias y cuestionado públicamente el origen de la denuncia y la manera en que se ha llevado adelante el proceso. La Fiscalía sostiene, según publicó el medio, que los procedimientos cumplen con los protocolos legales y estarán bajo supervisión judicial mientras se esclarecen los hechos.