Nuri al Maliki, ex primer ministro de Irak y actual candidato por la coalición chií Marco de Coordinación, figura entre quienes podrían recibir el encargo de formar el próximo Gobierno si resulta electo el nuevo presidente en la sesión parlamentaria prevista para el 27 de enero. De acuerdo con la información proporcionada por la agencia iraquí Shafaq, el papel del jefe de Estado es clave en este proceso, destacando la relevancia de las negociaciones políticas posteriores a las elecciones parlamentarias realizadas en noviembre y cuya coalición ganadora fue Construcción y Desarrollo, encabezada por Mohamed Shia al Sudani.
Según reportó Shafaq, el presidente del Parlamento iraquí, Haibat al Halbusi, comunicó que esta votación, fijada para el 27 de enero, buscará definir al nuevo jefe de Estado a partir de una lista de 19 candidatos que cumplen los requisitos legales necesarios, luego de que un tribunal admitiera las apelaciones y sumara cuatro nombres a la lista oficial. Entre los postulantes sobresalen el actual presidente Abdul Latif Yamal Rashid y el ministro de Exteriores, Fuad Hussein. La Constitución de Irak establece que el cargo presidencial debe recaer en un representante de la comunidad kurda, reflejando el delicado equilibrio étnico y religioso que rige la política nacional.
Como detalló el medio Shafaq, esta octava sesión parlamentaria tras los comicios de noviembre tendrá la misión de designar al presidente antes del 28 de enero, fecha límite para la expiración del mandato. El Parlamento está compuesto por cerca de 300 diputados, quienes se encargarán de emitir su voto en esta ocasión. El anuncio de la convocatoria fue realizado por Al Halbusi mediante un comunicado oficial reproducido por la agencia Shafaq, que también puntualizó la importancia del proceso en vista de la complejidad del panorama político local.
De acuerdo con la información de Shafaq y los antecedentes históricos, existe un acuerdo institucional derivado de la posguerra instaurado tras la intervención estadounidense de 2003. Dicho pacto establece que el presidente del Parlamento debe pertenecer a la comunidad suní, el primer ministro a la comunidad chií y el presidente de Irak a la comunidad kurda. Estas cuotas buscan garantizar la diversidad étnica y religiosa dentro del reparto de poder del Estado.
El proceso de elección ocurre en un contexto regional en el que la estabilidad del país permanece bajo constante observación internacional. Según consignó Shafaq, los comicios de noviembre concedieron la victoria a la coalición de Al Sudani, lo que abrió negociaciones para conformar un gobierno que logre el consenso necesario. La conformación de este nuevo Ejecutivo dependerá de la elección presidencial, pues será el jefe de Estado quien encomiende formalmente la formación de gobierno.
La agencia Shafaq, citando a fuentes parlamentarias, remarcó que este mecanismo busca afianzar la institucionalidad y la búsqueda de mayor estabilidad en Irak, con el objetivo de evitar crisis políticas como las experimentadas en años anteriores. La exigencia constitucional de que el presidente sea kurdo responde a la necesidad de preservar la representación de las diferentes comunidades en la administración del país.
La atención internacional sobre la transición política de Irak se refleja en la reciente comunicación entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani. Según informó Washington en un comunicado de su portavoz adjunto, Tommy Pigott, ambas autoridades mantuvieron una conversación telefónica en la que Rubio subrayó “el compromiso compartido de garantizar que Irak pueda desarrollar plenamente su potencial como fuerza para la estabilidad, la prosperidad y la seguridad en Oriente Próximo”.
Reportó Washington que el secretario de Estado estadounidense expresó su preocupación sobre la influencia extranjera en Irak. Rubio advirtió que “un gobierno controlado por Irán no puede priorizar con éxito los intereses de Irak, mantener a Irak al margen de los conflictos regionales ni impulsar la asociación mutuamente beneficiosa entre Estados Unidos e Irak”.
Durante la misma conversación, Rubio manifestó el reconocimiento de Estados Unidos por el papel de Bagdad en el traslado de cientos de combatientes de Estado Islámico a instalaciones dentro de Irak, quienes previamente se encontraban bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias en el noreste del país. De acuerdo con el comunicado mencionado, ambas partes discutieron las actuales gestiones diplomáticas destinadas a acelerar la repatriación de ciudadanos iraquíes y su procesamiento judicial conforme a la legalidad nacional.
Shafaq señaló que tanto la elección del presidente como la posterior designación del primer ministro representan fases decisivas dentro del calendario político, en un periodo donde la presión internacional e interna determina, en buena medida, las prioridades de los legisladores. La diversidad de candidaturas, así como la resolución judicial que amplió la lista de aspirantes, evidencia el nivel de competencia y fragmentación existente en el escenario político kurdo y nacional.
El Parlamento afrontará la selección definitiva entre 19 aspirantes, de quienes solo aquel que logre mayoría parlamentaria asumirá la jefatura de Estado y la responsabilidad de conceder el encargo de gobierno. Shafaq remarcó que este sistema requiere de negociaciones exhaustivas entre los principales bloques, un reflejo de los equilibrios de poder y alianzas que conforman el mosaico institucional iraquí tras décadas de conflicto y transición.
La fecha elegida para la votación, un día antes del plazo constitucional de expiración del actual mandato, marca la urgencia con la que el Legislativo debe actuar para evitar vacíos institucionales. Según detalló Shafaq, la expectativa recae en que la nueva administración pueda ofrecer garantías de estabilidad y representación para la pluralidad de comunidades que coexisten en Irak.
La coyuntura política iraquí actual se caracteriza por la interacción entre intereses internos y externos, las demandas de las distintas comunidades, y el intento de consolidar un Estado funcional capaz de responder a los desafíos de seguridad y desarrollo pendientes. Los próximos días definirán el rumbo que tomará el país, mientras la comunidad internacional observa el desenlace de estas negociaciones y el impacto que tendrá sobre la gobernabilidad y el equilibrio en la región.
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