España tendría que acelerar un 80% el ritmo de ejecución mensual del Plan de Recuperación, según BBVA Research

El informe elaborado por BBVA Research revela que, aunque el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destinó en su origen un 40% de los fondos a objetivos climáticos, solo el 23% del gasto ejecutado hasta ahora está vinculado a la transición verde, es decir, cerca de 13.850 millones de euros. La entidad advierte que esta ralentización en el despliegue de los fondos supone un desafío para cumplir los compromisos pactados con Bruselas, especialmente en el ámbito medioambiental, donde la diferencia entre lo programado y lo efectivamente invertido resulta significativa.

Según informó BBVA Research, para que España complete el 100% de las inversiones comprometidas dentro del calendario acordado con la Comisión Europea, resultaría necesario que el ritmo mensual de ejecución del Plan se incremente un 80%. Actualmente, ese ritmo se sitúa, de media, en alrededor de 1.200 millones de euros durante el último trimestre del año, cifra que representa una disminución del 9% en comparación con meses precedentes. De persistir esta tendencia, cuando concluya el periodo oficial de ejecución en agosto de 2026, solo se habría implementado cerca del 89% de las transferencias asignadas, que equivaldrían a unos 70.800 millones de euros. Incluso si los plazos se extendieran hasta diciembre de 2026, el cumplimiento solo alcanzaría el 95% de las previsiones, lejos de los objetivos iniciales.

El informe, según detalló BBVA Research, señala que a finales de noviembre de 2025 ya se habían adjudicado contratos y ayudas por un valor equivalente al 75% de las transferencias programadas, lo que representa cerca de 59.900 millones de euros, una cifra similar al 3,6% del Producto Interior Bruto. La ralentización en la ejecución de los fondos pone en duda la capacidad del país para mantener su compromiso con el Plan de Recuperación, impulsado tras la pandemia con fondos europeos.

El análisis destaca que el desafío principal para la aceleración de inversiones se sitúa en torno a la transición ecológica, área en la que se experimenta una mayor diferencia entre los objetivos fijados y los logros alcanzados. A pesar del propósito inicial de destinar el 40% de los fondos a iniciativas verdes, únicamente una proporción considerablemente menor fue ejecutada con este enfoque, lo que representa un desafío tanto en materia de eficiencia en el uso de los recursos como de cumplimiento de los objetivos climáticos ante la Unión Europea.

De acuerdo con el seguimiento realizado por Virginia Pou, Pep Ruiz y Jorge San Vicent para BBVA Research, la mayoría de los 1.410.000 beneficiarios del Plan corresponde a personas físicas (62%) y pequeñas empresas (26%). Sin embargo, aunque estos colectivos reúnen la mayor parte del número de beneficiarios, solo reciben el 5% y el 25% de los recursos económicos, respectivamente. En cambio, las grandes empresas, que constituyen el 1,4% de los receptores de fondos, aglutinan cerca del 30% del total económico concedido.

Programas como Moves y Kit Digital concentran el 68% de los beneficiarios. Moves cuenta con 164.034 receptores, de los cuales el 87% son personas físicas que absorben el 38% de los fondos del programa, unos 466 millones de euros. Por su parte, Kit Digital, dirigido principalmente a autónomos, personas físicas y microempresas, canalizó el 58% y el 29% de las concesiones y el 42% y 28% de los importes, respectivamente, hacia estos grupos.

En términos territoriales, BBVA Research reportó que el gasto se reparte por toda la geografía nacional, aunque destaca la concentración en Madrid, Cataluña y Andalucía, que reúnen el 48% del gasto ejecutado. Estas tres comunidades suman el 51% del PIB nacional y congregan al 49% de la población del país. No obstante, al ponderar la inversión ejecutada respecto al PIB, las regiones con menor riqueza per cápita muestran una participación proporcionalmente mayor.

Las personas físicas destacan como el principal grupo de beneficiarios, sobre todo en Andalucía, donde aglutinan el 69,5% de las concesiones y el 7,9% del importe, en Castilla-La Mancha (69% y 10,9%) y Extremadura (66,4% y 7,5%). Tras ellas, las microempresas y pymes representan el 31% de los beneficiarios totales y el 39% del importe recibido, siendo más significativas en Navarra (38,8%), Cataluña (38%) y Cantabria (37,5%) por número de actores, y en Navarra (49,2%), Aragón (47,2%) y Madrid (47%) por volumen económico.

El sector de las grandes empresas concentra principalmente los fondos en Canarias (38,9%), Baleares y Castilla y León (35,1% en ambos casos). Su nivel de participación en las regiones de Aragón, Baleares y Madrid, con datos cercanos al 2%, supera la media nacional del 1,4%. Por otro lado, el sector público concentra una proporción superior a la media en La Rioja (3,6%), Aragón (2,7%) y Galicia (2,3%). En términos de cantidad, las ayudas al sector público suponen el 8,5% del total, localizándose principalmente en La Rioja (15,9%), Andalucía (12%) y Baleares (11%).

El proceso de desembolso de los fondos europeos prevé todavía dos peticiones adicionales de transferencias antes de que finalice 2026, fecha límite de despliegue del Plan de Recuperación. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció que la siguiente solicitud formal de fondos europeos se realizará a finales del mes de enero. Sin embargo, el ministro reconoció públicamente que persisten dificultades para lograr avances en el cumplimiento de determinados hitos, particularmente el relacionado con el incremento del impuesto al diésel, una exigencia de Bruselas que todavía no ha recibido la aprobación parlamentaria. Dado este contexto, la Comisión Europea concedió un plazo extra de seis meses para alcanzar el acuerdo, que el Gobierno tiene que cerrar antes de que termine el mes.

Según publicó BBVA Research, estas dificultades para completar todos los requisitos comprometen el ritmo al que deben ejecutarse los fondos y reavivan el debate sobre la capacidad del país para absorber y canalizar eficientemente las transferencias europeas. Las cifras reflejan que, sin una aceleración significativa en los próximos meses, el nivel de ejecución del Plan podría quedar por debajo de los objetivos fijados, lo que también afectaría a la estrategia de transición ecológica promovida por el Gobierno.