
El decreto judicial al que tuvo acceso la prensa este miércoles recalca que los hechos objeto de denuncia ocurrieron fuera del territorio bajo jurisdicción española. El proceso legal iniciado en España queda bloqueado por esta circunstancia, lo que conduce al archivo de la investigación sobre las acusaciones contra el cantante Julio Iglesias. Según informó Europa Press, la Fiscalía de la Audiencia Nacional adoptó esta decisión, alegando que el tribunal carece de competencia para abordar posibles delitos que hayan tenido lugar en el extranjero.
La resolución del Ministerio Público, difundida por Europa Press, se basa en la ausencia de fundamento legal que permita a los tribunales nacionales instruir causas por hechos ocurridos fuera del alcance del sistema judicial español. Esto atañe directamente a las denuncias presentadas por dos exempleadas de Iglesias por presuntas agresiones sexuales registradas en el Caribe. La Fiscalía de la Audiencia Nacional argumentó que, al no ser competente por razón de territorio, tampoco le corresponde impulsar una investigación preprocesal sobre los hechos relatados en la denuncia.
Las presuntas víctimas, según detalló elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, son una empleada del hogar y una fisioterapeuta. Ambas describieron ante los medios situaciones de tocamientos, insultos y humillaciones a lo largo de su jornada de trabajo, en lo que calificaron como un ambiente de control permanente y acoso. Una de ellas afirmó haber sufrido presiones para mantener relaciones sexuales con el cantante, así como episodios que incluyeron penetraciones, bofetadas y otras formas de vejación tanto física como verbal. Las profesionales manifestaron que estos hechos habrían ocurrido en 2021, momento en el cual la más joven tenía 22 años.
La investigación mencionada por elDiario.es, realizada durante tres años, incluyó entrevistas con 15 exempleadas que trabajaron para Julio Iglesias entre 1990 y 2023. El grupo consultado abarca tanto personal doméstico como otras profesionales especializadas. Los testimonios recogidos refieren hechos que habrían sucedido principalmente en propiedades ubicadas en República Dominicana y Bahamas, aunque algunas trabajadoras también ejercieron labores en España.
El archivo de la causa subraya, según publicó Europa Press, que la jurisdicción española no puede intervenir cuando presuntas conductas delictivas salen fuera de sus fronteras, incluso si las víctimas tienen nacionalidad española o el denunciado es un ciudadano español. La Fiscalía ha concluido, por tanto, que ni la Audiencia Nacional ni este organismo pueden asumir la investigación iniciada a raíz de las declaraciones de las exempleadas del entorno de Iglesias.
El informe recoge que la investigación periodística se extendió por varios años y que incluyó información sobre alegaciones y testimonios relativos a diferentes periodos de tiempo. ElDiario.es y Univisión Noticias señalaron que las experiencias de acoso y control no solo provinieron de un único ámbito. Las entrevistadas relataron una convivencia marcada por la vigilancia y la presión, así como la ausencia de recursos eficaces para denunciar mientras seguía vigente su relación laboral con Iglesias.
El Ministerio Público remite el análisis jurídico al límite de la capacidad de acción de los tribunales españoles y recalca que su actuación se ajusta al principio de territorialidad que rige el derecho penal en España. Así, si bien se reconoce la gravedad de las acusaciones relatadas por las exempleadas, la causa queda sin recorrido judicial dentro del país al constatarse que los hechos no se habrían producido bajo la potestad de los órganos judiciales españoles.
El contenido de la resolución judicial fue revelado tras la cobertura mediática de los testimonios recabados durante la investigación, donde las mujeres entrevistadas relataron presiones, abusos y trato degradante por parte de su empleador. Según publicó elDiario.es, las denuncias señalan que la convivencia diaria en las residencias de Iglesias se caracterizaba por dinámicas que, a juicio de las trabajadoras, vulneraban su integridad y su dignidad profesional y personal. El archivo de la causa, no obstante, cierra la vía legal en España para estas reivindicaciones, de acuerdo con las fuentes judiciales citadas por Europa Press.
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