La Fiscalía archiva las diligencias contra Julio Iglesias por "la falta de competencia" de la Audiencia Nacional

El proceso de investigación que llevó a contactar a 15 exempleadas de Julio Iglesias, entre personal doméstico y profesionales especializadas que desempeñaron funciones para el cantante entre los años 1990 y 2023 en propiedades ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España, permitió recabar testimonios sobre las condiciones laborales y presuntos abusos en distintos contextos. Según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, dos antiguas trabajadoras del entorno doméstico, una empleada de hogar y una fisioterapeuta, aportaron declaraciones en las que afirmaron haber experimentado tocamientos, insultos y situaciones de humillación en su lugar de trabajo, caracterizado por un ambiente de control y acoso persistente.

En relación a estas acusaciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar las diligencias de investigación contra Julio Iglesias al determinar la "falta de competencia" del tribunal sobre hechos que, según las fuentes, habrían ocurrido en el Caribe. Tal como reportó Europa Press, el Ministerio Público argumentó en su decreto de archivo la carencia de jurisdicción de los tribunales españoles y, en consecuencia, la imposibilidad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para continuar la investigación preprocesal de los hechos denunciados fuera de su territorio.

De acuerdo con la investigación compilada por elDiario.es y Univisión Noticias, una de las exempleadas relató que supuestamente fue presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, refiriendo episodios de penetraciones, bofetadas y maltratos tanto físicos como verbales. Las entrevistadas señalaron que estos hechos tuvieron lugar en el año 2021, cuando la más joven de las denunciantes tenía 22 años.

Durante la recopilación de información, surgieron detalles sobre las prácticas laborales y el tipo de relación que se mantenía en el círculo privado del cantante. El trabajo periodístico abarcó tres años de entrevistas y recopilación de testimonios directos de extrabajadoras en las distintas propiedades donde residió Julio Iglesias, tanto en el Caribe como en España.

El ministerio público, según lo recogido por Europa Press, resolvió que la Audiencia Nacional carece de atribuciones para indagar delitos cometidos en territorios extranjeros, estando limitada su actuación a posibles hechos delictivos ocurridos bajo jurisdicción nacional. Esta circunstancia motivó que el caso no pudiera avanzar dentro del ámbito judicial español y fundamentó el cierre de las diligencias.

La cobertura de elDiario.es y Univisión Noticias reveló que otras profesionales entrevistadas aportaron información sobre las dinámicas en el entorno laboral de Iglesias desde 1990 hasta 2023, aunque solo dos de las antiguas empleadas aseguraron haber vivido episodios de acoso, control y agresión en las propiedades sitas en República Dominicana y las Bahamas, y no en España.

Autoridades judiciales consultadas por Europa Press señalaron que la imposibilidad de investigar judicialmente hechos de presunta naturaleza penal ocurridos fuera de la jurisdicción territorial española constituye un límite legal insalvable para el avance de este tipo de investigaciones. En consecuencia, la fiscalía cerró el expediente sin que se formalizara una imputación penal contra el artista por estos episodios.

Las denuncias recogidas por elDiario.es y Univisión Noticias no se circunscribieron solo al periodo reciente. La investigación incluyó historias y relatos de extrabajadoras que trabajaron en distintos intervalos durante más de treinta años, reuniendo testimonios de diferente naturaleza y nivel de detalle sobre el clima laboral y los presuntos comportamientos indebidos en las residencias del músico.

El decreto de archivo, reportó Europa Press, limita la capacidad de respuesta de la justicia española ante presuntos delitos en el extranjero, reforzando la distinción entre jurisdicción nacional y hechos que, aun siendo denunciados ante autoridades españolas, exceden el alcance legal de los tribunales del país.