A juicio un matrimonio colombiano por explotación laboral y sexual en Asturias

Las víctimas, que conforman un grupo de seis mujeres y dos hombres, quedaron sujetas a jornadas laborales de hasta trece horas diarias durante el invierno, percibiendo sueldos que oscilaban entre los 20 y los 50 euros mensuales después de los descuentos que la acusada les aplicaba por supuestas deudas. Según informó El País, la Fiscalía del Principado de Asturias sostiene que la pareja colombiana, domiciliada en el concejo de Quirós, implementó este sistema entre 2022 y 2024 para mantener bajo control y explotación a ciudadanos colombianos en situación vulnerable, la mayoría de ellos con serias dificultades económicas o amenazados por la guerrilla en su país de origen.

Tal como detalló El País, la acusación del Ministerio Fiscal asegura que estos individuos eran atraídos a Asturias mediante promesas de empleo y vivienda, ofreciéndoles actividades en una lavandería propiedad de la acusada, así como tareas de limpieza en domicilios, casas rurales, oficinas y hoteles gestionados por la pareja. Sin embargo, una vez en España, los trabajos ofrecidos carecían de contrato legal, no contemplaban descansos y los salarios resultaban notablemente inferiores a los legalmente establecidos. En el caso de los hombres, las ofertas recaían en empleos de construcción y jardinería bajo condiciones similares.

De acuerdo con la narración recogida por El País, la fiscalía describe cómo estas personas, al llegar a España, recibían también adelantos para cubrir el viaje y otros gastos, montos que después incrementaban una deuda cuyo importe nunca terminaban de conocer con precisión. Cada mes, los acusados sumaban a la cuenta conceptos nuevos y modificaban las condiciones laborales, lo que impedía que la deuda disminuyera, manteniendo así a las víctimas en una dependencia económica extrema.

El País especifica que, en circunstancias de mayor precariedad, la acusada proponía a algunas de las mujeres ejercer la prostitución, controlando personalmente la captación de clientes, la logística de transporte y los cobros. El dinero recibido por estos servicios apenas beneficiaba a las víctimas, puesto que la mayor parte de las ganancias terminaba en manos del matrimonio. Las víctimas desplazaban en taxi pagos igualmente gestionados por los acusados, quienes recibían las sumas estipuladas directamente de los clientes, entregando solo una mínima cantidad a las mujeres.

El control sobre las víctimas incluía amenazas explícitas y constantes, tal como consta en el escrito del Ministerio Fiscal citado por El País. La acusada advertía a las personas explotadas que, por su situación irregular en España, serían expulsadas si acudían a las autoridades. Se registraron insultos y coacciones que abarcaban descalificaciones como “mongolas”, “unas lenguisueltas”, “anormales”, “muertos de hambre”, así como advertencias de que contrataría un sicario para matarlas o que “si les mataban eran un perro menos en España”. Estas amenazas perseguían mantener la sumisión y evitar denuncias.

El procedimiento de control se intensificó aún más en el caso de una víctima que quedó embarazada. Según publicó El País, la acusada obstaculizaba su acceso a citas médicas, interfería en la relación con el padre del bebé, le prohibía realizar trámites personales y le sugería incluso el aborto, sosteniendo que “iba a ser una mala madre”. Esta mujer estaba destinada a trabajar diez horas diarias en verano y hasta trece en invierno.

La acusación presentada en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1, de Lena, considera a ambos procesados responsables de ocho delitos de trata de seres humanos para explotación laboral y/o sexual, en concurso con un delito de prostitución coactiva, como reportó El País. La Fiscalía añade un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Para la mujer, el Ministerio Fiscal solicita una suma total de 107 años de prisión, con penas de 13 años por cada uno de los siete delitos de trata para explotación laboral, y 15 años por el delito de trata con fines de explotación laboral y sexual. Al hombre se le solicita una condena que asciende a 83 años de cárcel: 10 años por cada delito de explotación laboral y 13 años por el delito de trata con finalidad laboral y sexual, según refrenda la acusación recogida por El País.

El modus operandi, de acuerdo con lo presentado ante la justicia y difundido por El País, ha sido catalogado por la Fiscalía como un mecanismo premeditado para reclutar mano de obra barata. El carácter migratorio y la situación irregular en la que se encontraban las víctimas dificultaron la denuncia y facilitaron el sometimiento. Durante los períodos de mayor necesidad, las restricciones económicas sobre las víctimas se agravaron todavía más, condicionando la vida diaria y limitando cualquier posibilidad de escape o contacto con el exterior.

El hecho de que los acusados controlaran todos los aspectos económicos, logísticos y personales de los perjudicados es, según el Ministerio Público citado por El País, una prueba sustancial del alcance del caso. La imposibilidad de conocer el importe real de la deuda por parte de las víctimas, el cobro directo de los trabajos prestados y la manipulación continúa de sus condiciones laborales y personales forman parte central de la acusación.

El juicio contra esta pareja aborda una red de explotación que, de ser confirmada, operó bajo una dinámica de promesas de integración y mejora de calidad de vida, transmutadas en condiciones de esclavismo moderno y amenazas. La causa aguarda la valoración del tribunal asturiano, mientras la Fiscalía mantiene la petición de penas de envergadura para los acusados, según reiteró El País en su cobertura del caso.