A juicio un matrimonio colombiano por explotación laboral y sexual en Asturias

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado penas que suman 107 y 83 años de prisión, respectivamente, para un matrimonio colombiano acusado de trata de seres humanos para su explotación laboral y sexual en Asturias. La pareja se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, seis mujeres y dos hombres, con "importantes necesidades económicas" o perseguidas por la guerrilla, para traerlas al Principado y someterlas a "jornadas interminables con sueldos ínfimos", controlando sus movimientos o prostituyéndolas.

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1, de Lena. La Fiscalía explica que entre los años 2022 y 2024, los dos acusados, con domicilio en el concejo de Quirós, se pusieron en contacto con personas de su mismo país en situación de necesidad, especialmente económica, y les ofrecieron una aparente oportunidad laboral, incluida vivienda, planteándoselo como una esperanza de vida en España.

Los acusados prometían a las víctimas mujeres que venían a trabajar a Asturias que iban desempeñar una actividad laboral en una lavandería en Quirós propiedad de la acusada, así como labores de limpieza en diferentes domicilios de Quirós y de Oviedo que gestionaban directamente los acusados, casas rurales, oficinas y hoteles.

Sin embargo, los acusados contactaban con estas personas con la intención de disponer de mano de obra barata a la que pagar salarios muy por debajo de lo establecido legalmente, con horarios "extenuantes", sin descansos en la jornada y sin contrato.

En ejecución de este plan, ofrecían a sus víctimas pagarles el viaje a España, e incluso dinero para gastos, sumas que luego pasaban a engrosar una deuda que los acusados se cobraban descontando determinadas cantidades del salario que esas personas deberían recibir mensualmente por su trabajo. Lo hacían de tal forma que no sabían realmente cuánto estaban cobrando por su actividad laboral, cuánto se les estaba descontando en concepto de deuda, ni la duración de la misma.

Además, los acusados iban incluyendo todos los meses nuevos conceptos en esa deuda, que iba incrementándose en lugar de disminuyendo según pasaban los meses, o les cambiaban las condiciones laborales, y por lo tanto el salario, consiguiendo llevar a las víctimas al límite económico.

En muchas ocasiones, estas personas no tenían ni para comer, momento aprovechado por la acusada para ofrecer a algunas de ellas ejercer la prostitución. Para ello, la acusada contactaba directamente con los clientes y se encargaba de todo lo relacionado con la gestión del servicio y del cobro del mismo, de modo que la cantidad que finalmente cobraban las víctimas por su trabajo era "insignificante". También controlaba el taxi en que las mujeres iban y venían de casa de los clientes.

En todos los casos, eran los acusados los que cobraban la cantidad estipulada directamente de los respectivos propietarios y abonaban a las víctimas "una parte irrisoria de las mismas". En el caso de las víctimas hombres, se les ofrecía un trabajo en la construcción o en jardinería.

CONTROL SOBRE LAS VÍCTIMAS

Con la única finalidad de controlar a las víctimas y que siguieran trabajando en estas condiciones, la acusada les decía que no denunciaran nada porque estaban irregulares en España, que conseguiría que les expulsaran a sus países, que eran "mongolas, unas lenguisueltas, anormales", que iba a contratar a un sicario para matarlas, que eran unos "muertos de hambre", que nadie vendría a buscarlos a España ni les echarían de menos porque eran irregulares, y que si les mataban eran "un perro menos en España".

En uno de los casos, en el que la víctima se quedó embarazada, el control sobre ella llegaba hasta el punto de que la acusada le impedía ir a sus citas médicas, animándola a que abortara, diciéndoel además que "iba a ser una mala madre".

Además se entrometía en la relación con el padre del bebé, no le dejaba hacer ningún trámite sola ni salir de casa sin su autorización. Además, la mujer trabajaba diez horas en verano y hasta trece en invierno y el dinero que recibía al mes oscilaba entre 20 y 50 euros, después de que la acusada le descontara gastos y la cantidad equivalente a la supuesta deuda contraída.

OCHO DELITOS DE TRATA

Ante estos hechos, la Fiscalía ha formulado una acusación contra el matrimonio, considerando que son autores de ocho delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación laboral y o sexual, en concurso de un delito de prostitución coactiva. Se añade otro delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Por cada uno de los siete delitos de trata con fin de explotación laboral, se pide la condena de la mujer a 13 años de cárcel, además de otros 15 años por cada uno de los delitos de trata con finalidad de explotación laboral y sexual. En total, la mujer se enfrenta a una petición de 107 años de cárcel.

Para el hombre, por los delitos de explotación laboral se le proponen 10 años de prisión y 13 por cada delito de trata con fin de explotación laboral y sexual, sumando en total 83 años de cárcel.