Diputación de Bizkaia comprende "perfectamente" el "miedo y las quejas" del sector primario ante el acuerdo de Mercosur

La responsable foral enfatiza la preocupación entre agricultores por la posible desigualdad de requisitos entre productos importados y locales si avanza el pacto Mercosur, señalando la importancia de coherencia institucional europea y el peso de la Política Agraria Común

Guardar

Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia, Arantza Atutxa se refirió a la suspensión temporal del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países que conforman el Mercosur—Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay—trasmedidas recientes en el Parlamento Europeo. Según informó el medio encargado, Atutxa señaló la inquietud creciente entre el sector primario respecto a si los productos importados desde estos países cumplirán los mismos requisitos que aquellos elaborados en el ámbito local, lo que ha generado temor y numerosas quejas entre los agricultores.

De acuerdo con lo publicado, la diputada de Medio Natural y Agricultura expresó de forma clara que comprende el sentimiento del sector primario ante la posibilidad de una competencia desigual. Añadió que “la alimentación no debe ser una moneda de cambio”, posicionando así las preocupaciones de productores locales sobre la posible llegada de bienes que no se ajusten a los estándares exigidos dentro de la Unión Europea. Según consignó la fuente, Atutxa apuntó que la propuesta presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea busca denunciar el acuerdo UE-Mercosur, lo que implica al menos una demora en el avance del tratado.

El medio detalló que las dudas del sector agrícola y ganadero giran en torno a la incertidumbre de si los productos procedentes de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay cumplirán con los condicionantes impuestos a los productores europeos. Atutxa remarcó que esta inquietud se da dentro de una coyuntura de acuerdos comerciales “tan amplios y globales”, lo que genera en el sector una sensación de desventaja frente a posibles importaciones que no respeten los mismos parámetros de seguridad y calidad.

A lo largo de su intervención, la representante foral manifestó que considera comprensible la “protesta y la queja” de agricultores y ganaderos locales, quienes observan cómo su modo de producción está sometido a estrictas regulaciones, tanto ambientales como sanitarias, frente a la posibilidad de que productos externos accedan al mercado europeo bajo condiciones menos exigentes, según especificó la información difundida. El temor a una competencia desleal ha motivado al sector primario a expresar su desacuerdo y trasladar sus inquietudes a las instituciones.

Según detalló el medio, Atutxa también subrayó la importancia de la Política Agraria Común de la Unión Europea, describiéndola como una de las principales directrices en el ámbito comunitario, tanto por su impacto económico como social. A su juicio, resulta razonable reclamar “coherencia” a la Comisión y al Parlamento Europeo, solicitando que las decisiones en materia comercial sean acordes con las exigencias que se aplican a los productores europeos.

La diputada también matizó, según recopiló la fuente informativa, que el tratado con Mercosur va más allá del ámbito meramente agrícola, constituyendo un marco de colaboración más extenso. Reconoció que existen tanto aspectos ventajosos como perjudiciales vinculados a la posible ratificación de este acuerdo. Dentro de ese enfoque global, Atutxa consideró pertinente observar tanto el impacto en la agricultura y la ganadería como en otros sectores económicos, avanzando en el análisis de los costes y beneficios para el conjunto de la sociedad europea.

El medio añadió que la suspensión temporal del acuerdo, resultado de la denuncia aprobada por el Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia, introduce un periodo de incertidumbre para todas las partes implicadas. Mientras agricultores locales piden garantías sobre las condiciones de producción y comercialización, las instituciones europeas deben responder a demandas de coherencia y protección de los estándares comunitarios. Este escenario mantiene la atención sobre la evolución de las negociaciones entre la Unión Europea y los países del Mercosur y el desenlace final que puedan alcanzar tanto los gobiernos como los sectores directamente afectados.