
La posibilidad de introducir nuevas garantías en defensa del modelo agrícola europeo adquiere relevancia tras la reciente decisión del Parlamento Europeo. Diversas organizaciones del sector agrario han confirmado que esperan debatir este jueves, junto a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat, un conjunto de propuestas destinadas a la Comisión Europea. Según informó Europa Press, la tramitación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur permanece suspendida a la espera de la revisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), medida que ha generado reacciones positivas entre los representantes del sector agrícola catalán.
La portavoz de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, sostuvo —en declaraciones recogidas por Europa Press— que el sector ha “ganado más tiempo” gracias al paso dado por el Parlamento Europeo, que optó por consultar la legalidad del acuerdo al TJUE. Serrat vinculó este aplazamiento a las recientes movilizaciones de agricultores europeos, señalando que “quizá se quería acelerar la parte comercial del acuerdo de una forma demasiado rápida” y que las protestas han impulsado una revisión más exhaustiva del mismo. Añadió que este movimiento refleja “un cambio de mentalidad a nivel europeo”.
De acuerdo con el citado medio, los agricultores catalanes han manifestado reiteradamente su preocupación ante lo que consideran un riesgo de “competencia desleal” respecto a los países que integran el bloque Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—. Reclaman la adopción de “cláusulas espejo” orientadas a que los productos importados sometan su producción a los mismos requisitos fitosanitarios, de bienestar animal y medioambientales que rigen dentro de la UE.
En ese sentido, distintas asociaciones agrarias prevén entregar un documento conjunto con sus demandas, en el marco de la reunión programada entre sus entidades y la administración catalana, según detalló Europa Press. Este documento expondrá las reclamaciones principales que buscan trasladar a Bruselas, con el objetivo de fortalecer la posición negociadora frente al acuerdo.
Por su parte, Eduard Escolà, portavoz de Revolta Pagesa, expresó satisfacción por la influencia de las recientes movilizaciones en varios países comunitarios. “Estamos cumpliendo el objetivo de poner en duda lo que supone este tratado”, afirmó Escolà, quien subrayó que el propósito principal de las protestas es consolidar posiciones contra la ratificación del acuerdo y proteger al sector agrario tanto en Cataluña como a escala nacional y europea. Según las declaraciones recolectadas por Europa Press, Revolta Pagesa pone especial énfasis en la importancia de que el etiquetado de productos identifique con claridad el origen de los alimentos, asunto que prevén discutir también en la reunión con la Conselleria.
Joan Carles Massot, presidente de la organización JARC, sostuvo ante Europa Press que la decisión del Parlamento Europeo supone un resultado favorable para los intereses del sector, dado que “retrasa el proceso” para la aprobación definitiva del pacto. Massot resaltó que corresponde al TJUE determinar si el acuerdo vulnera derechos de los consumidores europeos o los derechos constitucionales, lo que podría inducir a algunos eurodiputados a rechazarlo. Recordó además que la aprobación inicial del pacto dependía del debate programado para esta semana y de un acuerdo sobre nuevas salvaguardas propuestas por Italia, condiciones a las que el sector sigue prestando especial atención. Según avanzó Massot, las previsiones apuntan a que una resolución podría adoptarse en abril.
Según reportó Europa Press, Pere Roqué, presidente de Asaja, agradeció a quienes han participado en las movilizaciones que buscan frenar la ratificación del texto, al estimar incomprensible el interés de la Comisión Europea en firmar el acuerdo en las condiciones iniciales. Roqué enfatizó que el retraso en el calendario no equivale a una revocación definitiva, sino que ofrece una suspensión temporal que requiere vigilancia continua por parte del sector. Destacó que la paralización de “todos los pasos” en el proceso resulta fundamental y valoró que “se nos haya hecho caso”, relatando la presión sufrida por parte del sector y el reconocimiento de que la acción conjunta puede influir en las decisiones de las instituciones europeas, según recogió Europa Press.
Europa Press consignó que los diferentes representantes agrarios insisten en introducir condiciones más estrictas en el acuerdo, con el propósito de asegurar que la producción local no se vea perjudicada frente a productos importados bajo normativas diferenciadas en materia medioambiental, fitosanitaria y social. El seguimiento de estas reivindicaciones resultará clave a medida que avance tanto la revisión del TJUE como los trabajos de negociación a nivel europeo.
El debate sobre la futura relación comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur continúa abierto, condicionado por la espera de la decisión del tribunal europeo. El sector agrícola catalán y sus representantes mantienen sus reclamaciones, insistiendo en la necesidad de medidas que garanticen la igualdad de condiciones para la producción y el comercio internos. La agenda de reuniones entre organizaciones y la administración autonómica prevé, según Europa Press, nuevas propuestas que se debatirán y que formarán parte del documento unitario dirigido a Bruselas en los próximos días.
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