
El dirigente de Izquierda Unida, Toni Valero, remarcó que la segmentación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur busca evitar la revisión de los parlamentos nacionales, lo que, según advirtió, constituye uno de los argumentos centrales del recurso presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Valero, quien también funge como portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario plurinacional Sumar en el Congreso, informó que los eurodiputados del Grupo de la Izquierda en la Eurocámara optaron por unanimidad por llevar este tratado ante el TJUE, decisión que se comunicó este martes a través de un audio dirigido a los medios, según consignó Europa Press.
En su declaración, Valero detalló que la impugnación se fundamenta en tres motivos principales. En primer término, expuso que el “mecanismo de reequilibrio” incluido en el acuerdo comercial expone a la Unión Europea a riesgos en su autonomía regulatoria y podría influir determinantemente sobre las normativas europeas relacionadas con el clima, el medioambiente y la seguridad alimentaria. Tal como publicó Europa Press, Valero argumentó que este aspecto limita la capacidad de la UE para establecer sus propios estándares en materias esenciales para la salud pública y la protección del entorno, en beneficio de intereses comerciales.
El segundo argumento esgrimido por el representante de IU Andalucía apunta a la división artificial del acuerdo entre la UE y Mercosur, establecida —según su análisis— expresamente para sortear el requisito de aprobación por parte de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Valero indicó que esta maniobra permitiría la entrada en vigor del pacto sin la validación democrática plena, lo que, a su juicio, vulnera los procedimientos institucionales y la soberanía de los Estados europeos, informó Europa Press.
El tercer aspecto, señaló el dirigente andaluz, radica en que el tratado, según su interpretación, transgrede el “principio de precaución”. Este principio constituye una pieza clave de la regulación europea en materia sanitaria y ambiental y, de acuerdo con lo expresado por Valero, el acuerdo podría debilitar la aplicación de políticas preventivas orientadas a evitar riesgos para la salud y el medioambiente, reportó Europa Press.
El líder de IU criticó también los efectos potenciales que ve en el acuerdo comercial sobre el sector agroalimentario europeo. De acuerdo a lo recogido por Europa Press, Valero expresó que el pacto ha sido diseñado pensando en los intereses de las grandes multinacionales y de la industria centroeuropea, dejando a los pequeños y medianos productores agrarios y a la ciudadanía en segundo plano. “El Mercosur favorece a las multinacionales agroalimentarias y a la gran industria centroeuropea, mientras pone en riesgo la agricultura y ganadería social y profesional, incrementa la huella de carbono y desprotege a la ciudadanía en materia de seguridad alimentaria”, sostuvo.
Valero también se refirió de manera crítica a las cláusulas de salvaguardia incluidas en el tratado, que en teoría tendrían como objetivo proteger los estándares ambientales, sanitarios y laborales del mercado europeo frente a la competencia externa. Según su declaración, estas medidas “son una estafa” porque no detienen la llegada de productos que, a su entender, no cumplen los requisitos exigidos dentro de la Unión. Europa Press reportó que Valero considera que la aprobación del tratado impacta negativamente justo en el contexto actual, donde la Política Agraria Común (PAC) europea experimenta recortes y se da prioridad al rearme en política comunitaria.
En sus comentarios difundidos por Europa Press, Valero responsabilizó a fuerzas políticas como el Partido Popular, el Partido Socialista y la ultraderecha de Giorgia Meloni por respaldar el pacto, afirmando que “hipotecan el futuro del campo” y “sacrifican la soberanía alimentaria” en la región, especialmente en un momento que calificó como decisivo para el sector rural y la seguridad alimentaria de Europa.
El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ratificado durante el fin de semana previo a este anuncio, ha generado controversia en distintos sectores sociales y políticos. La discusión pública incluye debates sobre el impacto que tendría en la regulación europea, la protección de los productores agrarios y el modelo alimentario sostenible defendido por distintas agrupaciones. Con la acción ante el TJUE, el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo busca frenar la aplicación de un tratado que desde su perspectiva entraña riesgos considerables para el modelo productivo, los estándares de protección y el equilibrio institucional europeo.
Europa Press especificó que la decisión de elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se adoptó por consenso entre los representantes del grupo, como una medida que busca cuestionar tanto el contenido como la forma en la que se abordó la ratificación del acuerdo comercial. La demanda presentada se enmarca en el contexto de una amplia movilización de organizaciones agrarias, sindicatos y grupos sociales que expresan su oposición a los términos del pacto y a su impacto sobre el campo europeo y la capacidad política de los Estados miembros para definir sus políticas regulatorias.
En este contexto, el futuro del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur enfrentará un nuevo capítulo judicial, mientras persisten los debates en torno a la defensa de las normativas europeas, la protección de la agricultura social y profesional, y el equilibrio entre intereses comerciales y salvaguardas sociales, ambientales y sanitarias, según detalló Europa Press.
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