La Guardia Civil desvela que dos altos cargos valencianos accedieron al audio de Aemet del 29O que se filtró manipulado

El informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia aportó detalles clave sobre el acceso a la llamada de emergencia del 29 de octubre de 2024, al revelar que responsables de la Conselleria de Justicia e Interior descargaron una copia de la conversación mantenida entre personal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 antes de que, meses después, se difundiera en medios de comunicación una versión manipulada del archivo. El caso centra su atención en dos altos cargos: Ricardo García García, subsecretario de la conselleria, y Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes obtuvieron la grabación en un pendrive luego de realizar el acceso en un periodo comprendido entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024. Así lo informó Europa Press, citando el informe remitido por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, cuya investigación busca esclarecer el origen de la filtración y la alteración del audio, que solo incluía el tramo en que una funcionaria de Aemet hacía referencia al desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.

La secuencia de los hechos, según publicó Europa Press, comenzó cuando la Fiscalía Provincial de Valencia recibió la denuncia de la presidenta de Aemet a raíz de la aparición en medios, en febrero de 2025, de un extracto incompleto y alterado de la conversación original, que había tenido lugar sobre las 12:05 del 29 de octubre de 2024. La denuncia desencadenó la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, bajo la sospecha de un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en los artículos 197.1 y 3 del Código Penal. Tras la intervención del ministerio público, la jueza de Llíria inició una investigación formal para determinar la cadena de accesos y los mecanismos de conservación de las grabaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, el acceso a las grabaciones almacenadas en el CCE se efectúa a través de un sistema antiguo, el cual no deja constancia de accesos individuales por parte de los usuarios. Durante su inspección en octubre de 2025, varios agentes entrevistaron al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, así como a personal técnico del 112. Este equipo indicó que la plataforma de almacenamiento opera sin registrar los accesos, dado que los usuarios acreditados ingresan por mecanismos internos y no atraviesan el firewall de protección, lo que impide el rastreo de la actividad. Si bien las credenciales de acceso resultan restringidas a un grupo limitado, también reconocieron que cualquier miembro de la red interna que conozca dichas credenciales puede entrar en el sistema sin dejar rastro documental de tal acción.

Según detalló el medio, en el trascurso de la entrevista efectuada por la Guardia Civil, los técnicos del 112 confirmaron que sí existe constancia de que Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla accedieron y grabaron la llamada entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024, para posteriormente guardarla en un pendrive. Moratilla, quien dejó la Generalitat “a petición propia” la semana anterior a la citación judicial prevista para el 6 de febrero por otra causa relacionada, será llamado como testigo en esa fecha, tal como consignó Europa Press. La investigación busca esclarecer si el acceso a la grabación y su posterior manejo facilitaron la filtración y manipulación del archivo.

En los términos legales, el artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, establece que la información vinculada a la gestión de incidentes bajo la competencia del 112 solo puede facilitarse a los servicios esenciales implicados, y tras finalizar la gestión de la emergencia únicamente bajo requerimiento de la autoridad judicial. La Fiscalía insistió en su denuncia, citada por Europa Press, en el carácter reservado de esas comunicaciones, dado que forman parte de las operaciones sensibles de la administración autonómica en caso de emergencia.

En este contexto, la publicación del audio alterado en un medio digital el 12 de febrero de 2025, y su posterior difusión en otros portales, originó la intervención de la Fiscalía y la apertura de la causa penal. El archivo divulgado incluía solo un extracto, el cual correspondía a la declaración de la funcionaria de Aemet sobre la posible evolución meteorológica del episodio. Para la Fiscalía, este hecho supuso una vulneración de las garantías de confidencialidad establecidas en la normativa y en las políticas internas de gestión del CCE, según refiere Europa Press sobre el contenido de la denuncia.

El informe policial de la Guardia Civil, elaborado tras la consulta de la jueza de Llíria, evaluó los protocolos de custodia y el método de acceso a los registros de llamadas en el contexto del funcionamiento del CCE, cuya gestión está a cargo del sistema informático denominado ‘Coordcom’, físicamente alojado en las dependencias del Centro de Coordinación de Emergencias. La pesquisa judicial abarca también la identificación de las personas que accedieron a la grabación entre el 29 de octubre de 2024 y el 12 de febrero de 2025, jornada en que se produjo la publicación mediática del archivo manipulado. Según la información de Europa Press, los agentes constataron las limitaciones del sistema respecto al seguimiento de accesos individualizados, así como los riesgos asociados al uso compartido de credenciales entre miembros de la red interna.

Europa Press detalló que la investigación sigue en curso y se centra en esclarecer todas las circunstancias que rodearon la filtración del audio y su posterior alteración antes de la difusión mediática. Las diligencias avanzan también en la delimitación de responsabilidades dentro de la administración autonómica y la identificación de eventuales vulneraciones a las normas de protección de información de carácter reservado en el ámbito de la emergencia y la protección civil.