El Sindicato Labrego Galego rechaza el acuerdo UE-Mercosur y urge al Gobierno a retirar la alimentación del pacto

La preocupación por el impacto del acuerdo UE-Mercosur no solo gira en torno a sus contenidos, sino también a la legalidad y procedimientos de ratificación. Representantes del Sindicato Labrego Galego (SLG) solicitaron que el tratado se eleve al Tribunal de Justicia Europeo, con el objetivo de que esta instancia se pronuncie sobre su legitimidad. Tal como informó el medio, el sindicato trasladó sus demandas a la Delegación del Gobierno en Galicia, reclamando un posicionamiento firme por parte de la Administración central en Bruselas y solicitando votar en la Eurocámara a favor de esta revisión judicial, según detalló el propio SLG.

Durante una reunión celebrada el lunes en A Coruña, a la que asistieron la secretaria xeral del SLG, María Ferreiro, y el integrante de la Ejecutiva Nacional, Xosé María García, la entidad sindical expresó su oposición al tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur, de acuerdo con la información publicada. El SLG manifestó su rechazo total al acuerdo mientras sigan incluyendo cuestiones relativas a la alimentación, considerando que estas supondrían una amenaza para la viabilidad del sector primario gallego. La postura fue comunicada formalmente a la Delegación del Gobierno en Galicia, tal como consignó la organización sindical.

El sindicato reiteró su exigencia de que el gobierno central presione para la exclusión de todo contenido relativo a la alimentación dentro del pacto comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Señalaron que, a su juicio, la inclusión de estos aspectos comprometería directamente la sostenibilidad y los intereses del ámbito agrícola y ganadero en la comunidad autónoma, según reportó el SLG. También insistieron en que el Ejecutivo español adopte una posición contraria a la ratificación del acuerdo en las instituciones europeas, destacando la importancia de que cualquier tratado comercial priorice los derechos de las personas trabajadoras del campo y la sostenibilidad ambiental en Galicia, según recogió el sindicalismo agrario.

Entre los puntos abordados se incluyó la solicitud expresa de que, el miércoles 21 de enero, los representantes estatales respalden la iniciativa de remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El objetivo expuesto es que el alto tribunal examine la legalidad del acuerdo, visibilizando las dudas existentes respecto a los procedimientos que se han seguido para su ratificación. Esta demanda busca que las instituciones competentes garanticen que cualquier avance en materia comercial se ciña a la normativa europea, según indicó el SLG al exponer sus dudas sobre la idoneidad del proceso.

El SLG también informó, según sus propias declaraciones divulgadas, que la Delegación del Gobierno recogió las inquietudes y peticiones presentadas durante la cita en A Coruña. Tras escuchar los argumentos de la organización agraria, la Delegación transmitió que los delegados gubernamentales celebrarán una reunión con el ministro de Agricultura, donde se entregará la reivindicación planteada por el sindicato. Este paso, según trasladó el medio que recoge la actuación sindical, busca que las máximas autoridades españolas integren en el debate institucional las preocupaciones expuestas por los agricultores y agricultoras gallegas.

El sindicato gallego fundamenta su rechazo al tratado UE-Mercosur en el riesgo que, a su juicio, supondría para la base económica y social del sector primario regional cualquier desregulación en la entrada de productos agroalimentarios procedentes de los países del Mercosur, según su comunicado. Desde la perspectiva del SLG, una apertura sin garantías provocaría incertidumbre tanto en la producción como en la comercialización de alimentos locales y podría desestabilizar el mercado gallego y nacional en beneficio de operadores ajenos al territorio, conforme a los argumentos difundidos.

Además, la organización insiste en la relevancia de que los futuros acuerdos comerciales suscritos por la Unión Europea protejan los derechos de los agricultores y las bases de la sostenibilidad ambiental, poniendo especial énfasis en la defensa de la agricultura de proximidad, la calidad alimentaria y la preservación de los ecosistemas. Estas demandas forman parte de la petición realizada a las instituciones de gobierno, a la espera de que se trasladen a Bruselas, tal como recoge el SLG en su declaración pública.