Acuerdos de Paz de El Salvador cumplen 34 años entre represión y exigencias de justicia

San Salvador, 16 ene (EFE).- El Salvador cumple este viernes 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil (1980-1992), efeméride marcada por la exigencia y esperanza de justicia por parte de las víctimas del conflicto y las denuncias sobre una "escalada represiva" que ha provocado la salida o disolución de organizaciones civiles.

Este 2026, el Gobierno del presidente Nayib Bukele y el Estado salvadoreño suman siete años de no realizar actos conmemorativos por la firma de estos acuerdos, después de que el mandatario dijera que fueron una "farsa".

La guerra salvadoreña, causada principalmente por la pobreza, la desigualdad social, la represión militar y que estalló tras el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (marzo, 1980), dejó 75.000 muertos, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres.

El 34 aniversario de la firma de la paz, hecho reconocido por organismos internacionales como la ONU, está marcado por la esperanza de justicia de las víctimas de la guerra civil, luego que una corte penal de El Salvador condenara a prisión -en junio de 2025- a tres mandos militares retirados por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982.

Se trata del exministro de Defensa, general José Guillermo García, el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, y el excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, coronel Mario Adalberto Reyes Mena.

Los periodistas, asesinados durante una emboscada ordenada por el excomandante Reyes Mena, se encontraban en el país para documentar los efectos del conflicto en las familias empobrecidas de las zonas rurales, a quienes las Fuerza Armadas acusaban de ser simpatizantes de los guerrilleros.

Además, en diciembre del año pasado se conoció la decisión de elevar a juicio la causa por crímenes de lesa humanidad atribuidos a 12 altos mandos militares, entre ellos los jefes del Ejército salvadoreño durante los primeros años de la guerra civil.

Los militares en retiro serán procesados por la masacre de unos 1.000 civiles en el poblado salvadoreño de El Mozote en 1981, hecho que ha sido considerado como uno de los más grandes registrados en Latinoamérica en el siglo XX.

Al menos cinco organizaciones no gubernamentales suspendieron actividades, decidieron cerrar o abandonar El Salvador en 2025 ante una "escalada represiva", "persecución" y "criminalización" en el país, según denunciaron.

Otra de las razones es la aplicación en el país centroamericano de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que grava con un impuesto del 30 % a la ayuda extranjera y contempla multas y sanciones penales.

Algunas ONG han señalado que la LAEX "es una herramienta para el control autoritario de organizaciones y personas, pues, abre la puerta a la imposición de sanciones discrecionales, establece un impuesto punitivo y es un marco para la vigilancia estatal, la censura y el castigo".

Desde la llegada al poder en 2019 de Bukele, antiguo militante del partido formado a partir de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), el país no realiza actos oficiales.

La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), declaró en 2022 el 16 de enero Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, pero tampoco se ha organizado un evento público para conmemorar a las víctimas.

Juan Carlos Alvarado, de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador, expresó su preocupación por "el grado de militarización" en el país "en tiempos de paz" y denunció "prohibiciones a las luchas reivindicativas del pueblo salvadoreño bajo un régimen que nos coarta los derechos y las libertades".

Lamentó, en declaraciones a EFE, que el presidente Bukele niegue los Acuerdos de Paz y consideró que esto es preocupante porque "es tratar de desmontar y darle otra mirada a los acuerdos".

Cristosal, una de las ONG que cerró sus oficinas en El Salvador, aseguró que los Acuerdos de Paz "siguen presentes en la memoria de las víctimas y de las comunidades que vivieron la guerra".

"Una historia de transformaciones y legados institucionales que persiste frente a los intentos de negación y manipulación", apuntó.EFE

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