Junta y OPAS acuerdan condicionar el apoyo al acuerdo UE-Mercosur a que haya "reciprocidad real" de los requisitos

La solicitud de un análisis detallado e individualizado del impacto del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sobre sectores concretos como la remolacha, los cereales, la miel y el vacuno de carne fue uno de los puntos principales abordados este miércoles en el encuentro celebrado en el Consejo Regional Agrario de Castilla y León. En ese contexto, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, junto a las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de la comunidad, firmaron un documento consensuado con el que condicionan cualquier respaldo al pacto entre la Unión Europea y Mercosur a que se garantice “una reciprocidad real y efectiva” respecto a las exigencias medioambientales, agronómicas y sociales que regulan la producción y comercialización de alimentos en ambos bloques. El medio Europa Press informó que la consejera especificó que solo respaldarán el acuerdo siempre que los productos que entren en el mercado europeo cumplan exactamente con los mismos requisitos que se aplican a las producciones locales y estén sometidos a controles estrictos de trazabilidad.

Según recogió Europa Press, González Corral reclamó también que la posición de España ante las instituciones europeas defienda de manera inequívoca el principio de reciprocidad para las importaciones, así como el establecimiento de cláusulas de salvaguarda que frenen en caso necesario el acceso de productos que no cumplan con los estándares vigentes. Ambos aspectos figuran en el documento de siete puntos que la consejera trasladará al Ejecutivo central y a las autoridades de la Unión Europea, justo antes de la cumbre prevista en Paraguay el 17 de enero, donde se prevé la firma inicial del acuerdo UE-Mercosur, que aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo.

Representantes de las principales organizaciones agrarias de Castilla y León demandaron a los eurodiputados —especialmente a los de la comunidad y de España— el voto negativo a cualquier versión del acuerdo que no tenga garantías suficientes para asegurar la igualdad de condiciones entre los productores europeos y los de Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—. Desde la Unión de Campesinos, su coordinador Jesús Manuel González Palacín manifestó su “rechazo frontal” al acuerdo en estos términos y declaró a Europa Press que la decisión está ahora “en el tejado del Parlamento Europeo”. Aurelio González, dirigente de la Alianza UPA-COAG, se sumó a esa postura solicitando el voto contrario a los eurodiputados españoles, alegando que “en estos momentos” no existe base suficiente para firmar el tratado y anticipó que queda “batalla por delante”.

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, expresó a Europa Press la posición del sindicato agrario asegurando que el pacto, tal como está planteado, perjudica tanto a los productores como a los consumidores, al permitir la entrada de productos de “peor calidad y sin garantías sanitarias”. Dujo remarcó la llamada directa a los representantes en la Eurocámara para pronunciarse en contra del acuerdo “con rotundidad”, subrayando que solo aceptarían la entrada de importaciones bajo las mismas normas rigurosas exigidas a la producción europea.

El acuerdo suscrito por la Junta y las OPAs reclama al Gobierno central la realización de un análisis desglosado, por territorios y tipos de producción, que evalúe los posibles efectos del tratado UE-Mercosur, poniendo especial foco en los sectores identificados como “más sensibles” para Castilla y León, incluidos los ya mencionados productos estratégicos para la economía agraria regional. Según detalló Europa Press, González Corral lamentó la ausencia de respuesta por parte del Ministerio de Agricultura a la solicitud de una reunión sectorial entre el gobierno nacional y las comunidades autónomas, y anunció la voluntad de trasladar la preocupación del sector en la próxima convocatoria del Consejo Consultivo.

Entre los puntos adicionales, el documento exige la introducción de salvaguardas “reales, efectivas e inmediatas” y mecanismos de actuación sin demora ante posibles aumentos excesivos de importaciones o caídas abruptas de precios. También se plantea la necesidad de establecer compensaciones operativas cuando así se justifique por las condiciones del mercado. Al mismo tiempo, se pide fortalecer la defensa de la soberanía alimentaria europea.

La Junta y las OPAs solicitan el refuerzo de los controles en frontera, la intensificación de auditorías y la ampliación de inspecciones en los países exportadores para garantizar el estricto cumplimiento de los estándares sanitarios, fitosanitarios, zoosanitarios y de bienestar animal. Aurelio González expresó según Europa Press su preocupación porque “el 80 por ciento de los productos fitosanitarios usados en Brasil están prohibidos en la UE” y mostró escepticismo en cuanto a la posibilidad de un cambio rápido, mientras González Palacín recordó que esas sustancias se han prohibido en el continente europeo por sus riesgos para la salud pública y para el medio ambiente.

El acuerdo alcanzado por la Junta y los representantes agrarios también vincula la defensa del sector agroganadero y el debate sobre el pacto UE-Mercosur a la próxima negociación del Marco Financiero Plurianual europeo y a la configuración de la Política Agraria Común después del año 2027. Insisten en que debe mantenerse la financiación de los fondos FEAGA y FEADER y que el presupuesto no sufra recortes, al tiempo que se reclame un incremento de los fondos mencionados según informaciones recogidas por Europa Press.