La Comunidad exige al delegado más financiación y dispositivos de seguridad para víctimas de violencia de género

La polémica sobre la utilización y disponibilidad de pulseras antimaltrato, que han dejado a algunas mujeres en Madrid “desprotegidas” por la falta de soluciones efectivas, aportó un nuevo argumento en el enfrentamiento institucional entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, reclamó este viernes una acción inmediata y recursos adicionales tras la reciente carta enviada por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a los ayuntamientos para impulsar la adhesión al sistema VioGén, detalló el medio de comunicación en la información difundida.

De acuerdo con lo informado, la Comunidad de Madrid viene solicitando “desde hace años” un aumento de dispositivos de seguridad para víctimas de violencia de género en todos los municipios. Sin embargo, según las declaraciones de Dávila recogidas por el medio, no se ha recibido respuesta del Gobierno central a esas peticiones. El asunto cobró actualidad luego de que Martín exhortara por escrito a los alcaldes de 34 localidades de la región, así como a la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios, Judith Piquet, para que consideren integrarse al seguimiento integral de los casos de violencia de género a través del Sistema VioGén.

Martín describió en la comunicación que “VioGén es una herramienta esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género”. En ese sentido, el delegado animó a los responsables municipales y a sus servicios sociales a valorar sumarse a este dispositivo, del que depende, según el representante del Gobierno, la capacidad de coordinar la asistencia y garantizar los medios adecuados de protección.

El medio subrayó que Ana Dávila respondió a esta iniciativa reclamando no solo la incorporación a los sistemas de seguimiento y protección, sino sobre todo un refuerzo de los apoyos materiales y financieros desde el Gobierno central. Dávila insistió en que Madrid “recibe menos financiación en relación al número de víctimas que otras regiones españolas”. Asimismo, reiteró la necesidad de que el Ejecutivo nacional resuelva el problema de las pulseras antimaltrato. Según la consejera, la ausencia de una solución deja a mujeres en situación vulnerable con menos salvaguardas, y la incertidumbre se mantiene por la falta de claridad sobre las estrategias que prevé adoptar la administración central.

“El Gobierno de España tiene que hacer su trabajo, que lleva años sin hacerlo. Que ponga solución a las pulseras antimaltrato, que incremente esos dispositivos de seguridad y que ponga solución a la financiación en la que la Comunidad de Madrid sale perjudicada como siempre”, afirmó Ana Dávila, conforme a los testimonios reportados por el medio.

La consejera resaltó que, a nivel regional, la Comunidad de Madrid sostiene “la mayor red de atención a mujeres víctimas” y pone a disposición “los recursos más especializados”, pero que eso no exime al Gobierno de competencias y obligaciones para apoyar a los municipios y a las personas afectadas. Según detalló la fuente consultada, la tensión institucional entre ambas administraciones se evidencia, una vez más, ante la problemática de la violencia de género y la necesidad de responder con acciones y herramientas concretas que garanticen la seguridad y el acompañamiento a las mujeres en situación de riesgo.

La carta de Francisco Martín, en tanto, fue dirigida a los responsables municipales y a la Federación Madrileña de Municipios, con la intención de promover una mayor integración territorial de los recursos del Sistema VioGén. El delegado explicó que el sistema permite tanto evaluar el nivel de peligro como establecer mecanismos de vigilancia y protección, e invitó a los municipios que todavía no participan a sumar esfuerzos junto a los equipos municipales y los servicios sociales.

Las reclamaciones de la responsable madrileña enfatizaron que, pese a los avances regionales, el refuerzo financiero estatal y el aumento de dispositivos tecnológicos resultan imprescindibles para responder ante la demanda social y garantizar una red de protección adecuada y suficiente. El medio recordó que, hasta el momento, las gestiones dirigidas al Gobierno central no se han traducido en un incremento efectivo de recursos en la región, generando un clima de preocupación sobre la cobertura y la continuidad de medidas de protección como las pulseras antimaltrato.

La controversia en torno a la financiación y al suministro de herramientas de seguridad se produce en un contexto en el que la Comunidad de Madrid sostiene su compromiso de asistencia social, aunque insiste en la necesidad de una implicación más decidida por parte del Ejecutivo central. El medio consignó que la protesta de Dávila también incluyó un llamamiento a abandonar la demora administrativa y a poner en marcha soluciones que respondan a las necesidades reales de las mujeres afectadas en los diferentes municipios de la región.

Mientras la administración regional recalca el impacto de la desigualdad en la distribución de fondos y la urgencia de medidas técnicas como las pulseras antimaltrato, desde la Delegación del Gobierno se insiste en la importancia de la colaboración interinstitucional mediante el Sistema VioGén, al que aún no se han adherido todos los municipios madrileños. De acuerdo a lo informado, persiste la disputa sobre la responsabilidad y la prioridad de acción en la protección de las víctimas de violencia de género, en un panorama donde la demanda de recursos y coordinación continúa en el centro de la agenda política madrileña.