Koldo pide ser absuelto por el juicio de las mascarillas y solicita la testifical de Illa, Marlaska y Armengol

La estrategia de defensa incluye la citación como testigos de varias figuras clave en la gestión gubernamental durante la emergencia sanitaria. Según informó Europa Press, la letrada de Koldo García solicitó que Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; y Francina Armengol, expresidenta de Baleares y presidenta del Congreso, comparezcan en calidad de testigos ante el Tribunal Supremo. Entre los argumentos presentados se destaca la relevancia de sus testimonios para acreditar la legalidad y el procedimiento con el que se ejecutaron las compras de material durante la pandemia, en el marco del juicio por las presuntas irregularidades que también involucra al exministro José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama.

El exasesor de Transportes, según detalló Europa Press, mantiene en su escrito de defensa que ninguna de las decisiones de compra de mascarillas estuvo bajo su responsabilidad ni participó en la gestión contractual con Soluciones de Gestión, empresa señalada como eje de la supuesta trama de corrupción. García sostiene que “no participó en la decisión de compra ni mantuvo relación contractual alguna con la empresa ofertante”. La defensa argumenta que los hechos que motivan la acusación no tienen carácter delictivo y solicita la absolución, al considerar infundadas las imputaciones.

De acuerdo con la información facilitada por Europa Press, la abogada justifica que la declaración de Illa resulta fundamental porque, en su condición de máxima autoridad sanitaria durante la pandemia, podría acreditar que el abastecimiento de material se rigió por criterios de urgencia y disponibilidad ante el colapso internacional del mercado, y que las adquisiciones no se realizaron a instancias de un grupo organizado. En el caso de Grande-Marlaska, la defensa insiste en que su comparecencia es necesaria para aportar claridad sobre la toma de decisiones en contratos gestionados por el Ministerio del Interior o empresas estatales como Correos, operaciones que la acusación considera pruebas de una supuesta capacidad de presión atribuida al acusado.

Respecto a Francina Armengol, la defensa de García busca demostrar que no existió ninguna instrucción vinculante de su parte dirigida al gobierno balear, sino que la administración autonómica actuó de manera independiente y basándose en criterios técnicos propios para contratar con Soluciones de Gestión. Según el escrito citado por Europa Press, la declaración de Armengol constituiría la única vía para acreditar la autonomía y discrecionalidad en la contratación por parte del ejecutivo balear.

Durante el proceso, la representación legal de García arremetió contra el empresario Víctor de Aldama, refiriéndose a él como “un ornitorrinco procesal”. Según Europa Press, el escrito acusa a De Aldama de proporcionar declaraciones mendaces en su propia defensa, donde asegura haber acordado con Ábalos y García repartirse alrededor del 50% de las comisiones obtenidas a partir de los contratos objeto de investigación. La defensa de García describe estas afirmaciones como una “fabulación” carente de base indiciaria o pruebas sólidas, subrayando que tales argumentos vulneran el principio de presunción de inocencia.

Más allá de estos puntos, la abogada Leticia de la Hoz solicitó, según reportó Europa Press, que comparezcan como testigos empresarios relacionados con el caso, entre ellos Juan Carlos Cueto, señalado como intermediario, y Claudio Rivas, identificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como presunto líder de una red de hidrocarburos y propietario de Villafuel. El listado de testigos demandado se amplía con familiares y allegados tanto de Ábalos como de García, incluyendo, en el caso de Ábalos, a su hijo Víctor y a Claudia Montes, próxima al círculo del exministro, y por parte de García, a su expareja y a su hermano.

Otros nombres citados por la defensa incluyen a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y procesada en el mismo caso, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. La solicitud de testificales abarca además a Pedro Saura, presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes, a Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Air Europa, y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.

Entre las personas nombradas en la solicitud de la defensa se encuentran también Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Seguridad; Mariano Moreno, exgerente del PSOE; Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas; y Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, según recogió Europa Press.

En cuanto a las consecuencias solicitadas por las acusaciones, el medio reportó que la Fiscalía pide una pena de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García —ambos encarcelados preventivamente desde el 27 de noviembre pasado— y siete años para De Aldama. Las acusaciones populares, bajo liderazgo del Partido Popular, solicitan treinta años de cárcel tanto para el exministro como para su exasesor, alineando la petición de condena para De Aldama con la de la Fiscalía.

Otra petición recogida en el escrito de defensa consiste en que el interrogatorio de De Aldama se realice antes que el del resto de los considerados responsables y que se celebre conforme a lo que sería propio del testimonio de un testigo, según consignó Europa Press.

La causa, que se tramita ante el Tribunal Supremo, pone el foco en la gestión de fondos públicos destinados a la adquisición urgente de material sanitario en un contexto de emergencia internacional, implicando a altos cargos políticos y a empresarios en una investigación cuya resolución podría marcar precedentes en materia de rendición de cuentas sobre contratación administrativa bajo situaciones de crisis.