Entre los datos difundidos por el Ministerio del Interior, destaca que cerca de 54.000 víctimas de violencia de género tienen menores a su cargo, con más de 1.500 de esos niños considerados en riesgo de sufrir agresiones por parte del maltratador de su madre. Estas cifras forman parte del balance anual del Sistema VioGén, que, según reportó Europa Press, cerró el año 2025 con un registro de 103.942 casos activos de violencia de género en España, cifra que representa una disminución de 1.980 casos respecto a los datos de diciembre de 2024.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Interior, al finalizar 2025 existía una distribución del riesgo entre las víctimas: 22 casos se encontraban clasificados como de riesgo extremo, 960 como de riesgo alto, 14.735 en nivel medio y 88.225 en nivel bajo. Esta clasificación responde a parámetros que buscan anticipar la peligrosidad del agresor y diseñar medidas de protección acordes para cada víctima.
Según detalló Europa Press, la estadística oficial indica que la edad de las víctimas activas en el sistema varía considerablemente. Un total de 1.273 corresponden a menores de 18 años, 25.720 tienen entre 18 y 30 años, 48.127 se encuentran en la franja de 31 a 45 años, 26.346 están entre los 46 y 64 años, y 2.476 son mayores de 65 años. Esta amplitud etaria confirma que la violencia de género afecta a mujeres de diferentes generaciones y contextos familiares.
El informe indica que, entre las mujeres protegidas, 53.908 tienen menores a su cargo. En este grupo, se detectaron situaciones en las que los menores mismos corren peligro: 1.523 casos presentan riesgo de agresión hacia los hijos, frente a los 1.467 que se contabilizaban en diciembre de 2024. El desglose del nivel de riesgo muestra 1 caso de riesgo extremo, 137 en alto y 1.385 en riesgo medio. Según Interior, esta circunstancia implica una combinación de indicadores que alertan sobre la posibilidad de que la violencia ejercida sobre la madre por el agresor pueda extenderse a los menores u otras personas cercanas.
De acuerdo con los datos que publica Europa Press, el balance abunda en otros matices: se han identificado 12.590 casos con menores a cargo que tienen “especial relevancia”, caracterizados por factores que aumentan la probabilidad de que se produzcan episodios de violencia grave o letal contra la víctima. Entre estos, 22 se califican en riesgo extremo, 910 en riesgo alto y 11.658 en riesgo medio, lo que exige respuestas específicas por parte de las autoridades de protección.
En el análisis territorial, Andalucía concentra la cifra más alta de casos activos de violencia de género en España, con 27.558 mujeres bajo seguimiento. Le siguen la Comunidad Valenciana con 17.037 casos, la Comunidad de Madrid con 12.570, y Canarias con 6.634. Galicia reportó 6.155, mientras que Murcia llegó a 5.819, Castilla-La Mancha a 5.616 y Castilla y León a 5.542 casos. Otros datos corresponden a Baleares (4.000 casos), Extremadura (2.988), Aragón (2.576), Asturias (2.221), Navarra (2.146), Cantabria (1.635), La Rioja (920), Ceuta (287) y Melilla (238), según datos consignados por Europa Press.
Asimismo, el informe recoge información sobre la actuación de los cuerpos policiales locales: al cierre de diciembre, la policía local de 827 ayuntamientos participaba de forma integral en el Sistema VioGén. Esta integración alcanza a municipios de 15 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, incluyendo Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.
El Ministerio del Interior ha vinculado algunos de estos riesgos elevados a patrones observados en los agresores, que, según el mismo informe recogido por Europa Press, podrían aumentar sustancialmente la probabilidad de episodios graves o letales de violencia, especialmente cuando existen menores u otras personas vulnerables en el entorno de la víctima. La combinación de factores de riesgo, la distribución territorial y la activación de protocolos policiales configuran el escenario actual de la lucha institucional frente a la violencia de género, según se desprende del balance anual hecho público por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
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